Fitosanitarios: tras el fallo en Rauch y Tandil, crece la presión por una ley provincial
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que ordenó suspender de manera preventiva ordenanzas municipales que regulaban el uso de fitosanitarios en Tandil y Rauch, reavivó con fuerza un debate político de fondo: la ausencia de una ley provincial actualizada que unifique criterios y brinde previsibilidad en todo el territorio bonaerense.
La decisión judicial, de carácter cautelar, puso el foco en los posibles riesgos ambientales derivados del uso de agroquímicos, en particular sobre la cuenca del arroyo Chapaleofú, y en los cuestionamientos de constitucionalidad que pesan sobre regulaciones locales dispares. En ese contexto, desde la Legislatura bonaerense volvieron a reclamar que sea el Poder Legislativo —y no la Justicia— quien establezca reglas claras para la actividad.
La diputada provincial Silvina Vaccarezza, del bloque UCR + Cambio Federal, insistió en las últimas horas con el tratamiento de un proyecto de ley que presentó en septiembre de 2024 y que aún permanece sin avances en comisión. “Una vez más, el vacío legal que existe en la provincia respecto a la aplicación de los fitosanitarios pone trabas a la producción en territorio bonaerense”, advirtió la legisladora.
Un fallo que expuso el vacío normativo
La Suprema Corte bonaerense resolvió suspender artículos centrales de las ordenanzas que regulaban las fumigaciones en Tandil y Rauch, al considerar que podrían generar impactos ambientales sensibles y que requieren un análisis más profundo antes de avanzar con restricciones de ese tipo. La medida alcanzó especialmente a los cuidados vinculados a cursos de agua dentro de la cuenca del Chapaleofú.
Según señaló Vaccarezza, la decisión judicial tuvo consecuencias económicas inmediatas. “La Suprema Corte suspendió parte de las ordenanzas que regulan la aplicación de estos productos en Tandil y Rauch, generando pérdidas millonarias”, sostuvo, y apuntó contra la falta de criterios homogéneos: “El eje estuvo puesto en las distancias permitidas, las cuales varían considerablemente de un municipio a otro”.
Actualmente, cada distrito bonaerense cuenta con su propia normativa, lo que genera conflictos en zonas limítrofes y escenarios de alta litigiosidad. “El conflicto inicial radica en que cada municipio tiene una ordenanza propia, lo que hace que se provoquen puntos críticos en los límites de las distintas dependencias”, explicó la diputada.
El reclamo para que decida la Legislatura
Desde el bloque UCR + Cambio Federal insisten en que la discusión debe darse en el ámbito político. “No es la justicia quien debe definir los parámetros de aplicación de los fitosanitarios. Es un tema que tiene que ser abordado por la Legislatura, dando un debate serio y sin prejuicios”, remarcó Vaccarezza.
La legisladora recordó que la provincia cuenta con una ley que intenta regular el uso de fitosanitarios, pero data de 1998. “Luego de tantos años, con el avance de la tecnología y la actualización de las maquinarias, la provincia debería ponerse a tono y aprobar una norma que regule la actividad”, sostuvo.
El proyecto impulsado por Vaccarezza busca establecer un marco integral y unificar criterios en los 135 municipios bonaerenses. Según detalló, la iniciativa fue elaborada con la participación de distintos sectores vinculados a la actividad agropecuaria.
“Lo ideal es que como bonaerenses podamos aprobar una ley integral, que unifique los criterios del uso de agroquímicos. El proyecto contempla todos los puntos de vista y fue escrito en colaboración con la Cámara de Ingenieros Agrónomos, veterinarios, la Sociedad Rural, CONINAGRO, el INTA y otros sectores que hacen uso de fitosanitarios”, afirmó.
Presión política y debate abierto
El fallo de la Corte dejó en evidencia la fragilidad de los marcos regulatorios municipales y trasladó la presión al plano político. Mientras el máximo tribunal provincial analiza el fondo de la cuestión, la falta de una ley provincial actualizada vuelve a quedar en el centro de la escena.
Para Vaccarezza, sancionar una norma es una “necesidad imperiosa” para los municipios agropecuarios y para la provincia en su conjunto. El objetivo, subrayó, es avanzar en “buenas prácticas agrícolas” y otorgar previsibilidad jurídica, ambiental y productiva en un debate que sigue abierto y sin resolución legislativa.