La reforma laboral de Milei amenaza derechos y coparticipación: Buenos Aires endurece su rechazo y va al Congreso
Mientras el Gobierno nacional acelera las negociaciones para aprobar su proyecto de reforma laboral en el Congreso, la provincia de Buenos Aires quedó en el centro de la escena: según un informe técnico difundido por la CGT, el distrito perdería casi 400 mil millones de pesos en coparticipación federal en 2026 si avanza la iniciativa impulsada por Javier Milei.
El documento, elaborado por técnicos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), fue distribuido en las últimas horas entre gobernadores y legisladores nacionales con un objetivo concreto: advertir sobre el impacto fiscal del proyecto y condicionar los votos que La Libertad Avanza aún necesita para sancionar la reforma.
De acuerdo al análisis, la reforma implicaría una pérdida fiscal total equivalente al 1,278% del PBI por la reducción de impuestos incluidos en el texto oficial. El golpe más fuerte recaería sobre las provincias, que dejarían de percibir unos $3,18 billones anuales en concepto de coparticipación. En ese esquema, Buenos Aires aparece como la jurisdicción más perjudicada en términos absolutos, con una merma estimada en $397.257 millones, el 12,46% del total distribuido.
“Aunque se presenta como una ley para modernizar el trabajo, el proyecto persigue reducir el costo laboral empresario a costa de la Seguridad Social y de las provincias”, advirtió la CGT en el mensaje que acompaña el informe técnico.
El capítulo fiscal, en el centro de la disputa
El eje del conflicto está puesto en los beneficios fiscales que contempla la reforma laboral, en particular el artículo 191, que reduce del 35% al 31,5% las alícuotas más altas del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Ese punto genera resistencia transversal entre mandatarios provinciales, incluso entre aquellos con mejor diálogo con la Casa Rosada.
El ministro del Interior, Diego Santilli, viene recibiendo el mismo reclamo en sus reuniones bilaterales con gobernadores: eliminar o postergar el capítulo fiscal. Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, planteó diferir su implementación hasta 2027 o 2028, mientras que otros mandatarios propusieron graduar el impacto en dos años. Sin embargo, desde el entorno presidencial no dieron señales de ceder.
En el Senado, la principal negociadora del oficialismo, Patricia Bullrich, necesita reunir 37 votos. Tiene asegurados 24 y busca los 13 restantes entre radicales, provincialismos y sectores del peronismo no alineado. Dentro de la UCR, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama encabezan la resistencia y condicionan un eventual respaldo a cambios en el esquema fiscal.
Buenos Aires endurece su rechazo
Para la provincia de Buenos Aires, el recorte proyectado equivale a casi el 40% de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibidos durante todo 2025. Axel Kicillof, excluido de las negociaciones con Santilli por su confrontación abierta con el Gobierno nacional, recibió el informe que también comenzó a circular entre legisladores bonaerenses alineados con intendentes del conurbano.
En paralelo, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, ratificó el rechazo formal de la provincia al proyecto de “modernización laboral” y anunció la presentación de un documento técnico que será elevado al Congreso.
“La posición bonaerense es clara y concisa: estamos en contra de este tipo de reforma que a los trabajadores que tienen derechos se los saca, y a los trabajadores que no los tienen se los quita”, afirmó Correa en declaraciones radiales.
El funcionario cuestionó que la iniciativa extienda jornadas laborales y recorte derechos adquiridos. “Nada tiene de moderno que los trabajadores y trabajadoras trabajen 13 horas por día”, sostuvo. También criticó que de los 197 artículos del proyecto, apenas “diez renglones” estén dedicados a la formación y capacitación laboral.
Correa remarcó que la provincia impulsó alternativas propias, como una Instancia de Conciliación Laboral Obligatoria Prejudicial, y subrayó el rol del Estado bonaerense en la capacitación de más de 100 mil trabajadores durante el último año. “Eso no es voucher: es un Estado presente que articula y forma”, concluyó.