Rosca judicial en tiempo de descuento: la Suprema Corte presiona a la Legislatura por las vacantes
La escena no es habitual, pero tampoco casual: desde el propio corazón del Poder Judicial bonaerense llegó un mensaje directo a la política. Con apenas tres de sus siete integrantes en funciones, la Suprema Corte de Justicia bonaerense decidió elevar el tono y advertir que la demora en cubrir las vacantes ya no es un problema administrativo, sino un límite concreto para la seguridad jurídica.
El diagnóstico lo puso sobre la mesa el juez Daniel Soria, quien reclamó celeridad al Ejecutivo y al Senado para completar una integración que la Constitución prevé como plena y permanente.
El trasfondo es conocido, pero la urgencia es nueva: jubilaciones, renuncias y un fallecimiento redujeron al máximo tribunal a una situación extraordinaria que se prolonga desde 2024. Lo que hasta ahora se sostuvo con mecanismos de reemplazo y acuerdos provisorios empieza a mostrar fisuras estructurales. Y allí aparece la presión institucional: sin Corte completa, no hay doctrina legal firme ni previsibilidad para el sistema.
La actual composición está integrada únicamente por Hilda Kogan —quien ejerce la presidencia—, Sergio Torres y Soria. El resto de las vacantes se acumularon tras un proceso escalonado que incluyó el fallecimiento de Héctor Negri y las salidas de Eduardo de Lázzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud.
Pero detrás del problema institucional late una disputa política de fondo. Son cuatro los lugares en juego y, dentro del peronismo bonaerense, nadie desconoce que al menos dos de esos asientos podrían quedar en manos del oficialismo, lo que convierte la negociación en una verdadera pulseada de poder. En ese marco, el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, había deslizado que la expectativa era avanzar con las designaciones antes de fines de 2025. Sin embargo, en la práctica, el gobernador no mostró el mismo nivel de urgencia.
Soria fue explícito al recordar que la Constitución bonaerense fija plazos concretos para la remisión de pliegos: quince días desde que se produce cada vacante. No es una sugerencia política, sino una obligación. “El tiempo no es indiferente”, insistió, al marcar que se trata de cargos críticos para el funcionamiento del Estado de Derecho.
Hoy, el tribunal opera con subrogancias previstas por ley —jueces de Casación y de Cámaras— que permiten sostener la actividad cotidiana, pero no reemplazan el rol central de la Corte: fijar jurisprudencia y unificar criterios. La consecuencia es una Justicia que funciona, pero sin el nivel de certidumbre que debería garantizar su máximo órgano. En términos institucionales, una Corte incompleta es una Corte con poder limitado.
El mensaje también tuvo destinatarios claros. Por un lado, el gobernador Axel Kicillof, responsable de proponer los nombres. Por otro, el Senado bonaerense, que debe otorgar los acuerdos con mayoría absoluta. La advertencia fue directa: las demoras políticas ya impactan en la calidad del servicio de justicia.
2026, rosca política y el test de madurez institucional
La recomposición de la Corte aparece como uno de los grandes desafíos institucionales de 2026. El procedimiento está claro —propuesta del Ejecutivo, control ciudadano, tratamiento en comisión y votación en el recinto—, pero el obstáculo es político. Sin consensos amplios, los pliegos corren el riesgo de quedar “cajoneados”, como ocurrió en otros momentos de tensión entre oficialismo y oposición.
En ese tablero, la presidenta del Senado, Verónica Magario, asoma como una figura clave para articular acuerdos y ordenar una discusión que excede los nombres propios. A la negociación partidaria se suma, además, un debate que gana peso: la paridad de género. Organizaciones civiles y ámbitos académicos sostienen que la Provincia tiene una oportunidad histórica para corregir la subrepresentación femenina en el máximo tribunal.
El planteo de Soria, lejos de ser un gesto aislado, funciona como una señal de alarma. La Corte no solo pide ministros: reclama previsibilidad, pluralidad de miradas y respeto por los tiempos constitucionales. En un contexto donde a nivel nacional se discuten designaciones por decreto y la independencia judicial vuelve al centro del debate, lo que ocurra en la Provincia será un termómetro de la capacidad del sistema político para sostener reglas, consensos y calidad institucional.