Un reclamo que se vuelve bandera y apura a Kicillof
Un trámite obligatorio, multas que superan el millón y rutas en estado crítico. La combinación terminó de encender a la oposición bonaerense, que encontró en este tema un punto de coincidencia transversal y abrió un frente incómodo para el gobierno de Axel Kicillof.
El bloque de la Coalición Cívica en Diputados presentó un proyecto para eliminar la obligatoriedad de la Verificación Técnica Vehicular. La iniciativa fue impulsada por el jefe de bancada, Andrés De Leo, y acompañada por Luciano Bugallo y Romina Braga.
“El sistema no salva vidas, sólo busca recaudar y convertirse en un negocio para pocos”, planteó De Leo a GRUPOLAPROVINCIA.COM al fundamentar el texto. Según argumentó, más del 99% de los accidentes se explican por fallas humanas o por el mal estado de rutas y caminos, y no por desperfectos mecánicos.
La propuesta pone el foco en lo que consideran una contradicción: exigir vehículos en condiciones óptimas mientras la red vial provincial muestra baches, banquinas deterioradas y trazas con mantenimiento irregular.
Como viene contando este medio, el debate se potenció tras la última actualización tarifaria, cercana al 22%, que llevó el costo del trámite para autos particulares a cifras superiores a los 97 mil pesos. En paralelo, el esquema de sanciones vigente en 2026 fija multas que van desde los $542.100 hasta $1.807.000 por circular sin la verificación al día, según la gravedad y reincidencia.
Durante febrero, con mayor movimiento turístico, los controles se intensificaron en accesos y rutas estratégicas. La acumulación de infracciones, además, puede derivar en bloqueos administrativos que complican trámites futuros.
En ese contexto, el cuestionamiento opositor encuentra eco en un sector de conductores que percibe el control como una carga económica creciente, sin correlato visible en la mejora de la infraestructura.
Desregulación o reforma del modelo
La crítica no es exclusiva de la Coalición Cívica. Desde La Libertad Avanza, el diputado Francisco Adorni impulsa una alternativa distinta: descentralizar el sistema y habilitar a concesionarias oficiales y talleres privados para realizar los controles, con el objetivo de reducir costos y limitar la discrecionalidad estatal en la fijación de tarifas.
La iniciativa propone modificar la Ley 13.927 y quitar al Ministerio de Transporte la potestad exclusiva sobre el esquema tarifario. El argumento central es que el valor del trámite se multiplicó en los últimos años muy por encima de otros indicadores, lo que lo convierte en un punto sensible en la discusión sobre presión económica.
Pero, más allá de la discusión política, el trasfondo es técnico: estudios de accidentología vial indican que la mayoría de los siniestros responden a errores humanos y deficiencias estructurales. Las fallas mecánicas aparecen con incidencia marginal en comparación con el estado de las rutas y la conducta al volante.
La pregunta que empieza a sobrevolar en la Legislatura es si el sistema actual cumple con su objetivo formal de prevención o si necesita una reforma profunda para integrarse a una política vial más amplia, con inversión sostenida en infraestructura y campañas de educación.
El tema promete convertirse en uno de los ejes de debate del año parlamentario. Lo que comenzó como un cuestionamiento puntual se transformó en un frente opositor que, al menos por ahora, logró alinearse detrás de una consigna común y colocar al Gobierno provincial ante una discusión incómoda.