Paro caliente: ATE exime a Kicillof y carga la factura sobre Milei
El conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires dejó de ser un tironeo sectorial para convertirse en un frente sindical unificado. La delegación bonaerense de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un paro el lunes 2 de marzo con movilización al Puente Pueyrredón, en rechazo a la oferta salarial del 3% presentada por el gobierno provincial y en reclamo de la reapertura urgente de la paritaria.
La medida se suma a las ya anunciadas por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), configurando un escenario inédito: por primera vez, la gestión de Axel Kicillof enfrentará un paro conjunto de los principales gremios del sector público.
La negociación salarial quedó virtualmente paralizada desde principios de mes. En la última reunión, la administración provincial ofreció un incremento del 3% para febrero, propuesta que fue rechazada por todos los sectores por considerarla insuficiente frente al ritmo inflacionario y el deterioro acumulado de los ingresos.
Desde ATE, que conduce Claudio Arévalo en la provincia, señalaron a GRUPOLAPROVINCIA.COM que el objetivo es “iniciar el año sin pérdida de poder adquisitivo” y recuperar la depreciación sufrida en los últimos meses de 2025. El paro incluirá una movilización desde las 9 hacia el Puente Pueyrredón, punto históricamente elegido por las organizaciones sindicales para visibilizar reclamos de alto impacto político.
Doble jornada de protesta
La medida del lunes 2 forma parte de un esquema más amplio. ATE también resolvió un paro este viernes con movilización al Congreso, en el marco de una convocatoria nacional contra la reforma laboral y el proyecto de baja de edad de punibilidad impulsados por el gobierno de Javier Milei.
De este modo, el conflicto bonaerense articula consignas provinciales —reapertura paritaria y recomposición salarial— con un fuerte posicionamiento frente a la política económica nacional.
En el centro del planteo sindical aparece el efecto de las tarifas y la inflación sobre los salarios estatales. Según datos difundidos por el gremio, desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026 la canasta de servicios públicos en el AMBA se incrementó 593%, mientras que el nivel general de precios acumuló un alza del 200%.
ATE responsabiliza directamente al Ejecutivo nacional por la “depreciación del salario en el sector público bonaerense” y reclama la restitución de recursos que, según cifras oficiales de la Provincia, dejaron de transferirse desde el inicio de la actual gestión nacional.
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, cuantificó esa merma en 22,2 billones de pesos desde diciembre de 2023, producto de recortes y paralización de partidas. Ese faltante, sostienen en el sindicato, condiciona la capacidad de la Provincia para mejorar la oferta salarial.
El pliego de reclamos de ATE excede la discusión porcentual. El sindicato exige recategorizaciones excepcionales, pase a planta permanente de los temporarios ingresados hasta diciembre de 2025, continuidad del proceso de regularización de becas y convocatoria a la mesa técnica de carrera administrativa para avanzar en el Convenio Colectivo de Trabajo.
También reclama la derogación de la resolución 293 en el área de Educación y la apertura de mesas técnicas específicas en sectores como Niñez, Patronato, Acceso a la Justicia, Derechos Humanos, Lotería, Mujeres y OPISU.
En paralelo, el gremio abrió un debate político de fondo: planteó la necesidad de revisar la estructura tributaria provincial para captar mayor renta de los sectores de mayores ingresos. Entre las alternativas mencionadas figuran cambios en el impuesto inmobiliario rural, tributos adicionales para inmuebles ociosos o ubicados en barrios cerrados y el fortalecimiento del impuesto a la herencia.
La coincidencia de medidas de fuerza instala un interrogante sobre el inicio del ciclo lectivo y el normal funcionamiento de la administración pública. Para la gestión de Kicillof, el desafío es doble: recomponer ingresos en un contexto fiscal restringido y, al mismo tiempo, sostener la gobernabilidad frente a un bloque sindical que empieza a actuar coordinadamente. El 2 de marzo será una primera prueba de fuego.