Paritarias en tensión: mientras Milei ajusta, la Provincia busca sostener salarios
La discusión salarial de los trabajadores del Estado vuelve a ocupar el centro de la escena política. Este viernes el Gobierno nacional reanudará la paritaria de la administración pública, una negociación que promete ser áspera por la enorme distancia entre los reclamos sindicales y la estrategia de ajuste fiscal que impulsa la gestión de Javier Milei.
El encuentro está previsto para las 14 en la sede de la Secretaría de Trabajo, en la calle 25 de Mayo 633 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí volverán a sentarse frente a frente los representantes del Ejecutivo y los sindicatos que concentran la mayor parte del empleo público nacional: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que conduce Andrés Rodríguez, y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar.
La negociación había quedado congelada en diciembre de 2025 tras un cuarto intermedio que expuso el desacuerdo entre las partes. Ahora se reabre en un contexto económico y político todavía más complejo, con un Gobierno decidido a sostener la disciplina fiscal y gremios que denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo.
Desde ATE adelantaron que llegarán a la mesa con un planteo de fuerte recomposición. El sindicato reclama un incremento salarial cercano al 45% y el pago de una suma fija extraordinaria de 4 millones de pesos como compensación por la pérdida acumulada en los últimos años.
“El deterioro salarial en el sector público es muy fuerte. En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio.
El dirigente también apuntó contra el rumbo de la política económica del Gobierno nacional y denunció que la actual administración aplicó uno de los recortes más fuertes sobre el empleo público.
El planteo sindical se enfrenta, sin embargo, con una línea clara que viene marcando la Casa Rosada: el objetivo de mantener aumentos salariales compatibles con la meta de equilibrio fiscal. En ese marco, el Gobierno decidió no homologar acuerdos que superen incrementos cercanos al 1% mensual, una postura que generó fuerte rechazo entre los gremios estatales.
Provincia negocia en un contexto distinto
Mientras la discusión nacional vuelve a encenderse, la provincia de Buenos Aires transita un camino diferente en materia salarial. El gobierno de Axel Kicillof logró cerrar recientemente un acuerdo con los gremios estatales comprendidos en la Ley 10.430 que establece un aumento acumulado del 9% para los primeros meses del año.
El entendimiento incluye un esquema escalonado: 1,5% correspondiente a febrero, 5% en marzo y 2,5% en abril, todos calculados sobre los haberes de enero. Además, incorpora una serie de medidas complementarias vinculadas a la carrera administrativa y la estabilidad laboral.
Entre ellas se destacan una bonificación de 20.000 pesos para auxiliares de educación y otros sectores, recategorizaciones automáticas y avances en procesos de regularización laboral.
El acuerdo también contempla una cláusula de monitoreo en mayo y una reapertura de la negociación en junio, con la posibilidad de adelantar la discusión si las variables económicas se desvían de las previsiones.
Un equilibrio fiscal cada vez más frágil
El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió que la provincia enfrenta un escenario fiscal complejo por la caída de la recaudación y la reducción de transferencias nacionales.
“Estamos viviendo una situación económica extremadamente preocupante, producto de las políticas económicas del Gobierno nacional”, sostuvo el funcionario, quien estimó que Buenos Aires acumula pérdidas cercanas a los 22 billones de pesos por deudas y recortes de fondos.
En ese marco, el Ejecutivo provincial busca sostener la negociación colectiva como herramienta central para evitar conflictos laborales, aunque con márgenes cada vez más estrechos.
El trasfondo político de la disputa laboral
Las diferencias entre Nación y Provincia también se expresan en el plano discursivo. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, cuestionó con dureza la orientación laboral del gobierno libertario y defendió el modelo de negociación salarial que impulsa la administración provincial.
“En Buenos Aires se sostienen paritarias libres y la negociación colectiva”, afirmó el funcionario, quien además criticó la reforma laboral impulsada por el oficialismo nacional. Para Correa, las iniciativas que promueve el Ejecutivo nacional forman parte de una “pseudomodernización laboral” que, según sostuvo, busca reducir derechos laborales.
“Esto nos lleva a un escenario de retroceso. No es modernización, es volver a condiciones laborales del preperonismo”, planteó el ministro en declaraciones radiales.
En ese contexto, la discusión salarial en el sector público vuelve a mostrar una tensión estructural entre las dos administraciones más influyentes del país.
Por un lado, el Gobierno nacional intenta consolidar su programa de ajuste fiscal y control del gasto. Por el otro, la provincia de Buenos Aires procura mantener abiertas las paritarias como mecanismo para sostener ingresos y contener el conflicto social.
La reunión de este viernes en la Secretaría de Trabajo marcará el primer movimiento de una negociación que podría extenderse durante varios meses. Y, al mismo tiempo, volverá a poner sobre la mesa un debate más amplio sobre el rumbo de la política laboral en la Argentina.