FATE: la Justicia revocó el desalojo y los trabajadores empujan una ley para que Kicillof administre la planta
La pelea por el futuro de la planta de FATE en San Fernando sumó en las últimas horas un giro judicial que fortalece la posición de los trabajadores y reabre el debate político sobre el rol del Estado frente al cierre de industrias estratégicas.
La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó el pedido de desalojo que pesaba sobre la ocupación de la fábrica y ratificó que el conflicto debe encuadrarse como una disputa laboral y no penal.
La decisión judicial llega en un momento de máxima tensión: el 18 de febrero el holding encabezado por Manuel Madanes Quintanilla anunció el cierre de la planta y el despido de 920 operarios, lo que desató una ocupación de la fábrica por parte de los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).
Desde entonces, el conflicto escaló con medidas gremiales, conciliaciones obligatorias y presiones políticas para evitar la paralización definitiva de la única planta del país que produce neumáticos para camiones y colectivos.
Mientras el fallo judicial despeja momentáneamente el riesgo de desalojo, el sindicato decidió avanzar en un segundo frente: llevar al Parlamento bonaerense un proyecto de ley que habilite la ocupación temporaria de la fábrica bajo supervisión del gobierno provincial para garantizar la continuidad productiva.
Un fallo que respalda el derecho a huelga
La resolución de la Cámara penal de San Isidro surgió tras una apelación presentada por el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, quien cuestionó el pedido de desalojo dispuesto por el Juzgado de Garantías N°4 bajo el argumento de una supuesta usurpación.
El tribunal consideró que la situación forma parte de un conflicto laboral y que la permanencia de los trabajadores en la planta constituye una medida de acción directa vinculada al derecho constitucional a la huelga.
En los fundamentos, los jueces señalaron que se trata de “un conflicto laboral en el marco del cual los operarios de la empresa Fate S.A. han decidido tomar una vía de acción directa e ingresar a la fábrica donde trabajaban en defensa de sus puestos de trabajo”.
El fallo remarca además que la huelga está expresamente protegida por la Constitución Nacional. “La huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho en el artículo 14 bis de la CN y se trata de un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores”, sostuvieron.
La Cámara también advirtió que, si bien existe un posible conflicto con el derecho de propiedad de la empresa, el desalojo podría provocar un daño irreparable para los trabajadores. Por eso consideró que debía revisarse la medida.
La resolución fue celebrada por el movimiento sindical y por la CGT, que destacó el reconocimiento del derecho a huelga en un contexto de debate judicial sobre los alcances de la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, cuestionada por limitar esa garantía constitucional.
El plan sindical: intervención temporal del Estado
Con el frente judicial parcialmente despejado, el SUTNA busca trasladar el conflicto al terreno político. En una asamblea realizada en la planta, los trabajadores definieron impulsar un proyecto de ley para que la Provincia de Buenos Aires declare de utilidad pública la producción de neumáticos y disponga la ocupación temporaria del establecimiento.
La iniciativa propone que el Poder Ejecutivo bonaerense tome posesión de la planta durante un año, con posibilidad de prórroga, para asegurar la continuidad de la producción y preservar las fuentes de trabajo.
El texto del anteproyecto establece que la ocupación temporaria abarcaría las instalaciones, maquinarias, materias primas, insumos, la marca y todos los bienes vinculados al proceso productivo. Durante ese período, la fábrica sería administrada bajo supervisión estatal con participación de los trabajadores en la gestión.
Según el documento presentado por el sindicato, el objetivo es evitar el cierre de la única fábrica de neumáticos radiales para camiones y colectivos del país, un insumo considerado estratégico para el funcionamiento del transporte de cargas y pasajeros.
“El proyecto busca asegurar la continuidad productiva de FATE, única fabricante de neumáticos para camión y colectivo del país”, explicaron desde el gremio al poner el texto a disposición de los bloques legislativos bonaerenses.
Industria en crisis y presión sobre la política
El planteo sindical se da en medio de un escenario industrial complejo en la provincia de Buenos Aires. Según datos del Ministerio de Producción bonaerense, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron más de 79.000 puestos de trabajo y cerraron casi 5.500 empleadores en el territorio provincial.
El sector automotriz y autopartista —donde se inscribe la producción de neumáticos— aparece entre los más golpeados, con miles de despidos y suspensiones.
Para el sindicato, el cierre de FATE no sólo implicaría la pérdida de 920 empleos directos, sino también un impacto social mucho mayor sobre proveedores, comercios y servicios vinculados a la planta de San Fernando.
Los trabajadores sostienen que la continuidad de la producción resulta clave para evitar problemas de abastecimiento en el transporte y remarcan que, en contextos de crisis internacionales o tensiones comerciales, el país podría enfrentar dificultades para importar neumáticos.
“Exponer a la población a quedarse potencialmente sin transporte no es una opción viable: el bienestar colectivo debe priorizarse por encima de maniobras, extorsiones o caprichos individuales”, afirmaron desde el gremio al defender la iniciativa.
El proyecto también plantea que la ocupación temporaria cesaría si la empresa presenta un plan de continuidad productiva que garantice la reincorporación de todos los trabajadores con tareas efectivas.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto. La conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación está próxima a vencer y los trabajadores convocaron a un “abrazo” a la planta para exigir la reapertura.
Un conflicto que puede convertirse en caso testigo
El caso FATE ya dejó de ser un conflicto estrictamente gremial para convertirse en un debate político e institucional sobre el rol del Estado frente al cierre de industrias estratégicas.
El propio gobernador Axel Kicillof confirmó semanas atrás que la Provincia analiza herramientas para preservar la actividad productiva, mientras que distintos sectores legislativos comenzaron a discutir posibles alternativas para evitar que la planta deje de funcionar.
En ese escenario, el proyecto impulsado por los trabajadores busca instalar una salida excepcional que permita mantener operativa la fábrica mientras se define una solución de fondo.
“La ocupación temporaria tendrá por objeto garantizar la continuidad de la producción, preservar las fuentes de trabajo y asegurar el abastecimiento del mercado interno”, señala el texto presentado a los legisladores bonaerenses.