FATE: el pedido de provincialización escala y el SUTNA va a la Justicia por la ocupación temporánea

La crisis por el cierre de la planta de FATE en San Fernando entró en una fase decisiva. Con 920 despidos directos anunciados el 18 de febrero por el grupo empresario encabezado por Javier Madanes Quintanilla, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) avanzó en dos frentes simultáneos: la vía judicial para exigir la reapertura y la presión política para que la Provincia evalúe la “ocupación temporánea” o incluso la provincialización de la fábrica.

Este miércoles se desarrollará una nueva audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, en paralelo con un paro nacional de 24 horas del gremio y una movilización a la sede laboral de la avenida Alem. El Gobierno de Javier Milei analiza extender por cinco días más la conciliación obligatoria dictada tras el anuncio empresario, que mantiene formalmente en suspenso las cesantías pero no logró hasta ahora reactivar la producción.

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En ese contexto, el conflicto dejó de ser sólo un diferendo gremial para convertirse en un caso testigo sobre el rol del Estado frente al cierre de una industria estratégica en territorio bonaerense.

El reclamo formal a Kicillof y la carta del SUTNA

El 25 de febrero, el SUTNA presentó una nota formal dirigida al gobernador Axel Kicillof. En el texto, firmado por el secretario general Alejandro Crespo y el secretario ejecutivo Miguel Ángel Ricciardulli, el gremio solicitó que la Provincia utilice “los recursos” a su alcance para garantizar la continuidad productiva.

“Solicitamos que arbitre los medios necesarios para garantizar la integridad de todos los trabajadores y el total libre ejercicio de nuestro legítimo derecho a la protesta y defensa de todos los puestos de trabajo”, expresaron en la carta entregada al mandatario.

Según el sindicato, durante una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, funcionarios provinciales habrían planteado que existen herramientas disponibles para sostener la actividad, aunque la empresa “no ha dado una respuesta” sobre qué condiciones requeriría para reabrir.

Kicillof confirmó que la intervención provincial respondió a instrucciones directas suyas y que el reclamo sería incorporado a un expediente administrativo. Además, se comprometió a involucrarse personalmente en la búsqueda de una salida que contemple la continuidad de la planta.

La “ocupación temporánea” y el debate por la provincialización

La asamblea masiva realizada en FATE el 2 de marzo votó impulsar la figura de “ocupación temporánea”, un mecanismo que podría habilitar al Estado nacional o provincial a asumir el control del directorio ante una situación de emergencia para evitar “daños sociales o estratégicos”.

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El gremio fundamenta su planteo en dos ejes: por un lado, la existencia de un acuerdo firmado en mayo de 2025 entre la empresa, la Secretaría de Trabajo de la Nación, el organismo recaudador ARCA y el propio sindicato, que establecía beneficios fiscales —incluida la exención total de cargas patronales— a cambio de no despedir trabajadores hasta julio de 2026. Por otro, el carácter estratégico de la producción, ya que FATE es la única fabricante local de cubiertas radiales para camiones y ómnibus.

“Estamos hablando de 920 familias de manera directa, pero si sumamos limpieza, comedor, proveedores y el entramado comercial del barrio, el impacto se multiplica muchas veces más”, advirtió Alejandro Crespo. Y fue categórico: “El daño social de cerrar Fate sería irreparable”.

Desde la empresa argumentaron que la apertura de importaciones, con neumáticos hasta 40% más baratos, la caída del consumo y los costos productivos dejaron a la planta operando al 25% de su capacidad. Sin embargo, el sindicato sostiene que no existe quiebra ni concurso de acreedores y que la decisión sería estrictamente comercial.

En el plano político, senadores provinciales del Frente Renovador en Unión por la Patria presentaron proyectos de preocupación por los despidos y reclamaron fortalecer herramientas provinciales de contención. Incluso dirigentes del Frente de Izquierda plantearon abiertamente la “provincialización” de la fábrica y su puesta en funcionamiento bajo control de los trabajadores.

El conflicto también se inscribe en un clima de alta tensión laboral, atravesado por la sanción de la reforma impulsada por el gobierno nacional, cuyo artículo 20 busca limitar la capacidad de fiscalización laboral de las provincias. En ese marco, la creación del Consejo Bonaerense del Trabajo por parte del Ministerio que conduce Walter Correa aparece como un intento de consolidar una mesa institucional para articular respuestas en el territorio.

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Mientras la conciliación obligatoria entra en su tramo final y la Nación evalúa una eventual prórroga, la estrategia sindical combina presión judicial, movilización callejera y pedido explícito de intervención provincial.

La definición sobre si la Provincia avanza con herramientas excepcionales, como la ocupación temporánea, o si la disputa escala hacia un escenario de confrontación abierta, comenzará a delinearse en la audiencia prevista para este mediodía, en simultáneo con el paro nacional del sector.

“Esto es ilegal, injusto y profundamente irresponsable desde el punto de vista social. No lo vamos a permitir”, sostuvo Crespo.