Reelecciones indefinidas: la disputa que ordena (y tensiona) al peronismo
El calendario electoral todavía parece lejano, pero en la provincia de Buenos Aires la discusión por el poder ya empezó a jugarse en clave 2027. Y en ese tablero, la pelea por las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores dejó de ser un tema técnico para convertirse en el eje que ordena alianzas, expone internas y condiciona la estrategia del gobernador Axel Kicillof.
No se trata solo de una reforma legal. Detrás de la ley que limita los mandatos consecutivos —sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal con impulso del Frente Renovador de Sergio Massa— se juega la arquitectura territorial del peronismo y, en paralelo, la viabilidad del proyecto nacional que el propio Kicillof empieza a construir.
Si la normativa vigente no se modifica, al menos 82 intendentes bonaerenses no podrán volver a competir en 2027. El dato no es menor: el peronismo gobierna 84 municipios y es el espacio más afectado por la restricción.
Entre los nombres alcanzados aparecen figuras centrales del conurbano y del armado territorial: Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Ishii (José C. Paz), Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno), entre otros.
La limitación no impacta solo en el oficialismo. También alcanza a intendentes radicales y del PRO, pero en el peronismo adquiere un peso específico: su fortaleza electoral descansa, en gran medida, en el control de los municipios.
Con ese escenario, los intendentes comenzaron a moverse. La presión sobre la gobernación es directa y cada vez menos disimulada. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, sintetizó la lógica que domina en buena parte del PJ bonaerense: “Hay que asegurar las 70 intendencias peronistas”. Más allá del número —discutido incluso dentro del propio espacio—, la definición expone la prioridad política: sostener el poder territorial por encima de cualquier otra discusión.
En la misma línea se expresó el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM: “La gente debe poder elegir”. La frase condensa uno de los argumentos más utilizados por los jefes comunales: la ley, sostienen, limita la voluntad popular más que ordenar el sistema político.
Kicillof, entre la necesidad y el costo político
El gobernador Axel Kicillof quedó en el centro de la escena. Por un lado, necesita a los intendentes como columna vertebral de cualquier estrategia electoral, especialmente si proyecta una candidatura presidencial. Por otro, avanzar con una reforma implica abrir un frente de conflicto interno y negociar con una oposición fragmentada.
Aunque se manifestó en contra de los límites a las reelecciones, el mandatario evita, por ahora, enviar un proyecto concreto a la Legislatura. La ausencia del tema en su discurso de apertura de sesiones fue leída como una señal de cautela.
En su entorno admiten que la discusión existe, pero que aún no están dadas las condiciones políticas para impulsarla sin costos. La tensión no es menor: habilitar nuevas reelecciones también fortalece a intendentes que, en algunos casos, disputan liderazgo dentro del propio oficialismo.
El principal obstáculo para una eventual reforma es el Frente Renovador. El espacio que lidera Sergio Massa no solo impulsó la ley en 2016, sino que mantiene una posición firme en defensa de la alternancia.
La diputada nacional Marina Salzmann fue directa: “No son imprescindibles”. El mensaje apuntó a los intendentes peronistas que presionan por modificar la norma y dejó en claro que el massismo no está dispuesto a facilitar el cambio.
En la misma línea, el diputado bonaerense Alexis Guerrera advirtió que no acompañarán una iniciativa de ese tipo. La postura complica el poroteo en la Legislatura, donde los votos del Frente Renovador son determinantes dentro de Unión por la Patria.
La Legislatura, escenario de negociación cruzada
A pesar de las resistencias, en la Legislatura bonaerense crece la percepción de que una modificación podría avanzar si se construyen acuerdos amplios.
El dato clave es que la discusión por las reelecciones empezó a mezclarse con otros debates: Boleta Única de Papel, PASO y calendario electoral. En ese cruce, algunos sectores opositores —incluidos espacios libertarios— deslizan la posibilidad de negociar.
La lógica que empieza a asomar es la de un intercambio político: habilitar reelecciones a cambio de avanzar con reformas electorales más amplias. Un toma y daca que podría reconfigurar las reglas de juego en la provincia.
La discusión no ocurre en el vacío. Se superpone con una interna peronista que atraviesa distintos niveles de tensión: el vínculo entre Kicillof y La Cámpora, el rol del massismo y las demandas del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que agrupa a varios intendentes.
En ese contexto, la ley de reelecciones funciona como un punto de condensación de conflictos. Para algunos sectores, su modificación es clave para sostener el poder territorial. Para otros, implica resignar la bandera de la renovación política.
Con la sucesión de 2027 en marcha y el tablero político en movimiento, la definición de ese punto será determinante. No solo para los intendentes, sino para el futuro del peronismo en la provincia y su proyección nacional.