FATE escala: el plan de ocupación avanza en la Legislatura y obliga a la Provincia a fijar postura
El conflicto por el cierre de FATE dejó de ser un reclamo gremial para transformarse en un caso testigo sobre el rol del Estado en la crisis industrial. En ese tablero, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) logró un primer respaldo político en la Legislatura bonaerense para avanzar con su proyecto de ocupación temporaria de la planta, pero la definición final quedó, inevitablemente, en manos del Ejecutivo de Axel Kicillof.
La escena del jueves en La Plata no fue menor: movilización en la calle, reunión con diputados de distintos bloques y una señal concreta de que la iniciativa podría reunir los votos necesarios. Según destacó el gremio, la suma de legisladores de Fuerza Patria, la UCR, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica “forma una mayoría capaz de aprobar el proyecto”. La próxima escala será el miércoles 25 de marzo, cuando se retome el debate con diputados, mientras ya está en agenda un encuentro con senadores.
La Legislatura como caja de resonancia
El desembarco del SUTNA en la Legislatura no fue solo una movida institucional: buscó convertir el conflicto en un problema político de escala provincial. La estrategia apunta a trasladar el eje de presión desde la esfera nacional —donde denuncian falta de respuestas— hacia la administración bonaerense, que ahora tiene bajo su órbita la conciliación obligatoria por 15 días dictada por el Ministerio de Trabajo provincial.
“El conflicto de FATE ahora está bajo el ámbito de la provincia de Buenos Aires”, remarcaron desde el sindicato, en un mensaje que combina reconocimiento y advertencia. En ese mismo tono, cargaron contra la Secretaría de Trabajo de la Nación: “Solo se llevaron adelante dos audiencias” durante todo el proceso previo y “no tuvo la intención de buscar solución alguna para los trabajadores”.
La crítica no es aislada. Desde el inicio del conflicto, el gremio viene señalando que la administración de Javier Milei optó por dejar correr la crisis sin intervención activa. “Terminó la conciliación, no nos dieron ni una audiencia”, había denunciado el secretario general Alejandro Crespo en los días previos, marcando una línea discursiva que ahora se profundiza.
En contraposición, la intervención bonaerense —con una nueva conciliación obligatoria— fue leída como un cambio de escenario. La Provincia no solo reabrió la instancia de negociación, sino que quedó posicionada como actor central en una posible salida.
El proyecto que redefine el rol del Estado
En el centro de la discusión está el proyecto de ley de “ocupación temporaria”, una iniciativa que, de avanzar, podría sentar un precedente fuerte en la relación entre el Estado y empresas privadas en crisis.
El texto declara de utilidad pública la continuidad de la producción de neumáticos, un punto clave para habilitar la intervención estatal. El argumento no es solo laboral: el SUTNA plantea que se trata de una actividad estratégica para el transporte de cargas, pasajeros y servicios esenciales, en un contexto internacional que describen como incierto.
La propuesta va más allá de una asistencia: contempla la ocupación integral de la planta, incluyendo instalaciones, maquinaria, insumos y activos productivos. En los hechos, implicaría que el Estado bonaerense asuma el control operativo de la empresa, aunque con carácter transitorio.
El objetivo es triple: sostener la producción, garantizar el abastecimiento del mercado interno y preservar los puestos de trabajo. El impacto social no es menor: más de 900 empleos directos están en riesgo, además del efecto indirecto sobre la economía de San Fernando.
Plazos, cogestión y presión política
El proyecto fija una duración inicial de un año para la intervención, con posibilidad de prórroga. Durante ese período, el Ejecutivo provincial podría tomar posesión inmediata de la planta y adoptar medidas para sostener la actividad, incluyendo la reincorporación de trabajadores.
Uno de los puntos distintivos es el esquema de cogestión: los trabajadores participarían en la administración bajo supervisión estatal. Se trata de una demanda histórica del gremio, que busca garantizar la operatividad en medio de la crisis.
Desde el punto de vista legal, la iniciativa aclara que no se trata de una expropiación definitiva ni contempla indemnización, ya que la ocupación sería temporal. También establece una puerta de salida: la intervención cesaría si la empresa presenta un plan que garantice la totalidad de los puestos de trabajo con tareas efectivas.
Mientras tanto, el SUTNA mantiene una estrategia múltiple: permanencia en la planta, acciones judiciales, negociaciones laborales y presión política. “Seguimos en la permanencia en la planta, seguimos adelante en la justicia con nuestro amparo, seguimos en la legislatura bonaerense impulsando nuestro proyecto de ley”, señalaron. Y cerraron con una consigna que sintetiza el clima del conflicto: “¡¡¡Fate no se cierra!!!”.