Se recalienta la discusión: los motivos detrás del “no” de la Provincia a la VTV de Milei
La decisión del Gobierno nacional de modificar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) abrió un nuevo frente de tensión con la provincia de Buenos Aires. Como informamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la reforma impulsada por la administración de Javier Milei extiende los plazos de control para los autos particulares y habilita que concesionarias y talleres privados puedan realizar las inspecciones, con el objetivo de introducir mayor competencia y reducir costos para los automovilistas.
El nuevo esquema establece que los vehículos cero kilómetro deberán realizar la primera revisión recién a los cinco años de patentados, mientras que los autos de hasta diez años pasarían a someterse a controles cada dos años. La iniciativa forma parte del paquete de desregulación que promueve el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fue ratificada a través del Decreto 139/2026.
En ese contexto, desde la provincia de Buenos Aires ratificaron que no adoptarán los cambios. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, explicó los argumentos detrás de la decisión y defendió el sistema actual basado en controles anuales para vehículos de más de dos años de antigüedad.
“No es que nos encaprichamos, estamos convencidos que es necesario”, afirmó el funcionario, al sostener que la verificación periódica es una herramienta central para garantizar la seguridad vial.
Un sistema basado en controles independientes
Uno de los puntos más cuestionados por la Provincia es la posibilidad de que talleres mecánicos y concesionarias realicen la verificación, tal como plantea la reforma nacional.
Para Marinucci, ese esquema introduce un conflicto de intereses difícil de controlar. “¿Cómo puedo permitir que un taller cuya actividad es vender repuestos haga la verificación?”, planteó a programa LadoP. Según explicó, el riesgo es doble: diagnósticos exagerados para generar reparaciones o controles más laxos para fidelizar clientes.
En ese sentido, defendió el modelo bonaerense basado en plantas exclusivas: “Es fundamental un sistema que tenga controles cruzados entre partes, que sea independiente”.
Otro de los argumentos que esgrime la administración de Axel Kicillof es el impacto territorial de una eventual desregulación. Según el ministro, una apertura total del sistema podría concentrar la oferta en zonas más rentables —como el conurbano— y dejar sin cobertura a distritos más alejados. “De lo contrario, todos los prestadores se agruparían en las ciudades más atractivas”, advirtió.
La lógica oficial apunta a sostener un esquema que garantice presencia en toda la provincia, incluso en regiones donde la prestación no resulta económicamente rentable sin intervención estatal.
Costos, críticas y debate legislativo
El sostenimiento del sistema actual también quedó en el centro de las críticas por su costo. Tras el último aumento, la VTV para autos particulares supera los $97.000, mientras que las multas por circular sin el trámite pueden alcanzar valores millonarios.
En ese contexto, el diputado bonaerense Andrés De Leo impulsa un proyecto para eliminar la obligatoriedad de la VTV. “El sistema no salva vidas, sólo busca recaudar”, cuestionó.
El legislador sostiene que la gran mayoría de los accidentes viales se explican por factores humanos o por el estado de las rutas, y no por fallas mecánicas, un argumento que también aparece en el diagnóstico del Gobierno nacional.
Más allá de la discusión técnica, el debate por la VTV refleja dos miradas sobre el rol del Estado. Mientras Nación apuesta a desregular y promover la competencia, la Provincia sostiene un enfoque preventivo basado en controles obligatorios y presencia territorial.
En ese marco, la decisión de no adherir a los cambios no sólo responde a una cuestión normativa, sino a una definición política sobre cómo gestionar la seguridad vial.