Diputados: Impulsan declaración por el golpe del 76 con respaldo transversal
En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un grupo plural de diputados nacionales presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para reafirmar el compromiso del Congreso con la democracia, los derechos humanos y la memoria histórica.
La iniciativa, impulsada por la diputada Mónica Frade, propone rendir homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y ratificar la política de Memoria, Verdad y Justicia como uno de los pilares fundamentales del Estado democrático.
El proyecto cuenta con el acompañamiento de Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón, José Núñez, Andrea Freites, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Pablo Yedlin, Sergio Capozzi, Natalia de la Sota, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Jorge Rizzotti y Alejandra Torres, lo que refleja un respaldo político transversal.
El alcance de la iniciativa
El texto plantea que, a cincuenta años del golpe cívico-militar y empresarial de 1976, la Cámara reafirme su compromiso irrestricto con la defensa de la democracia, la plena vigencia de los derechos humanos y la preservación de la memoria histórica del pueblo argentino.
En ese sentido, propone rendir un homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado y consolidar la política de Memoria, Verdad y Justicia como eje central del sistema democrático.
Los fundamentos del proyecto
En los argumentos que acompañan la iniciativa, Frade recuerda que el golpe del 24 de marzo de 1976 instauró un régimen de facto que desplegó un aparato clandestino de represión caracterizado por secuestros, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y apropiación de niños nacidos en cautiverio.
Según se detalla, estas prácticas, por su carácter sistemático y planificado, fueron calificadas tanto por la justicia argentina como por tribunales internacionales como crímenes de lesa humanidad.
El texto subraya que la reconstrucción de estos hechos se apoya en una amplia base documental, que incluye el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), los juicios a las juntas militares y los numerosos procesos judiciales desarrollados tras la reapertura de causas.
Un consenso construido desde la democracia
La autora también destaca que, desde el retorno de la democracia en 1983, Argentina logró consolidar un consenso político y social de relevancia internacional en torno a la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo de Estado.
Este acuerdo implica la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar estos crímenes sin recurrir a amnistías ni mecanismos de impunidad, lo que posicionó al país como una referencia global en materia de derechos humanos.
Advertencias sobre el negacionismo
El proyecto advierte además sobre la persistencia de discursos que buscan relativizar o distorsionar la naturaleza del terrorismo de Estado, en particular aquellos que intentan reinstalar la denominada “teoría de los dos demonios”.
Según se plantea, esta interpretación desconoce la asimetría entre la violencia ejercida por el Estado y la de actores no estatales, y diluye la responsabilidad específica del aparato estatal cuando utiliza su poder para perseguir a sus propios ciudadanos.
En ese marco, se remarca que el Estado posee el monopolio legítimo de la fuerza, controla los recursos públicos y dispone de las fuerzas armadas y de seguridad, por lo que no resulta válido equiparar su accionar con el de organizaciones armadas.
Asimismo, se subraya que la calificación de los crímenes de la dictadura como delitos de lesa humanidad responde a una categoría jurídica precisa, con implicancias concretas.
Delitos permanentes y reclamo de verdad
La iniciativa también pone el foco en el carácter permanente de delitos como la desaparición forzada, cuyo daño se extiende en el tiempo mientras no se conozca el destino de las víctimas ni se restituyan plenamente sus derechos.
En ese sentido, cuestiona el silencio de muchos de los responsables del terrorismo de Estado, quienes aún no aportaron información clave para el esclarecimiento de los crímenes.
Memoria y democracia, un vínculo vigente
Finalmente, el proyecto sostiene que reafirmar la política de Memoria, Verdad y Justicia a 50 años del golpe no implica un ejercicio anclado en el pasado, sino una condición indispensable para la vigencia plena de la democracia en el presente.
Por ese motivo, Frade solicita el acompañamiento de sus pares para avanzar con una declaración que ratifique ese compromiso y rinda homenaje a las víctimas del período más trágico de la historia reciente argentina.