Intendentes, sin margen: el trasfondo del reclamo
La discusión por el verdadero poder de los intendentes volvió al centro de la agenda bonaerense, pero esta vez con un condimento distinto: ya no se trata solo de un reclamo histórico, sino de una disputa concreta por recursos, competencias y margen de maniobra en plena tensión fiscal.
Con proyectos en ambas cámaras, el radicalismo decidió avanzar sobre una reforma estructural que busca modificar la Constitución provincial. Pero el debate ya excede a la UCR y empieza a mostrar coincidencias —y contradicciones— en distintos espacios políticos.
La senadora Nerina Neumann y el diputado Diego Garciarena, alineados con el sector de Maximiliano Abad, reactivaron la discusión con iniciativas que apuntan a garantizar la autonomía plena de los municipios.
En el Senado, la propuesta avanza sobre los artículos 190 al 199 del régimen municipal, incorporando autonomía política, administrativa, económica y financiera. Además, redefine el concepto de municipio, sus competencias, recursos y organización institucional.
Neumann volvió a poner sobre la mesa un argumento que gana peso con el tiempo: desde 1983, y pese a la reforma constitucional de 1994, Buenos Aires sigue sin adecuar su esquema a lo que establece la Carta Magna nacional.
Para el radicalismo, el rol que asumieron los intendentes durante la pandemia terminó de desnudar la contradicción del sistema: los municipios gestionan cada vez más áreas sensibles, pero con herramientas limitadas.
Salud, seguridad, control territorial y asistencia social quedaron en manos de los gobiernos locales, reavivando la discusión sobre su capacidad real de decisión.
Mientras el proyecto del Senado baja al detalle, en Diputados la estrategia es más abierta. Garciarena impulsa la convocatoria a una Convención Reformadora que defina el nuevo régimen municipal.
El planteo busca ampliar el consenso político, pero al mismo tiempo introduce una advertencia que atraviesa todo el debate: sin recursos propios, la autonomía puede quedar en una declaración formal.
En paralelo, el diputado de La Libertad Avanza y exintendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, presentó su propio proyecto para reformar la Constitución bonaerense.
La iniciativa propone modificar los artículos 190 al 197 con un objetivo claro: garantizar la autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera de los municipios.
Entre los ejes más relevantes del proyecto se destacan el reconocimiento pleno de la autonomía municipal en todas sus dimensiones, en línea con el artículo 123 de la Constitución Nacional; la facultad de dictar cartas orgánicas propias, lo que permitiría a cada municipio definir su propio esquema institucional; un mayor control sobre sus recursos y gastos para reducir la dependencia de la Provincia; la ampliación de competencias locales adaptadas a las nuevas demandas sociales y territoriales; y la revisión del sistema de control, con el objetivo de descentralizarlo de La Plata y otorgarle mayor anclaje en cada distrito.
“El rol de los municipios ha cambiado notablemente. Y las demandas de la comunidad también”, argumentó, apoyándose en su experiencia como jefe comunal.
Sin recursos no hay autonomía
En medio del impulso reformista, apareció una de las definiciones más filosas del debate. El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Matías Civale, puso el foco en una contradicción de fondo.
Mientras se promueve mayor autonomía para los municipios, desde sectores libertarios —incluido el propio espacio de Gay— se impulsa al mismo tiempo la eliminación o reducción de tasas locales. “Hablar de autonomía sin discutir los recursos es, en los hechos, vaciar el concepto”, advirtió.
La frase sintetiza uno de los principales conflictos que atraviesa la discusión: las tasas municipales representan hoy una de las pocas herramientas concretas que tienen los intendentes para sostener servicios básicos.
Eliminar o limitar esos ingresos, en un contexto de caída de la recaudación y de la coparticipación, podría debilitar aún más la capacidad de gestión local.
Un sistema fiscal bajo presión
El trasfondo del debate es estructural. Actualmente, la mayor parte de los recursos fiscales se concentra en la Nación y, en menor medida, en la Provincia, mientras que los municipios reciben una porción marginal.
Ese esquema obliga a los gobiernos locales a recurrir a tasas que muchas veces terminan en el centro de la polémica política. Desde el radicalismo, incluso, comenzaron a impulsar cambios en la coparticipación para aumentar la participación municipal y reducir la dependencia financiera.
Más allá de las diferencias partidarias, hay un punto de acuerdo transversal: el régimen municipal bonaerense quedó viejo frente a las demandas actuales. La discusión por la autonomía ya no es solo institucional. Es, sobre todo, una pelea por poder real: quién decide, con qué recursos y hasta dónde llega la capacidad de los intendentes para gestionar sus territorios.