Golpe de efecto: ¿Cómo es la agenda propia que el massismo busca imponer en la Legislatura bonaerense?
En medio de una interna peronista que todavía no encuentra síntesis y con la discusión por la sucesión de Axel Kicillof como telón de fondo, el Frente Renovador decidió mover primero. No esperó definiciones del Ejecutivo ni consensos amplios dentro de Unión por la Patria: empezó a construir agenda propia en la Legislatura bonaerense con un eje claro y sensible para la opinión pública, la seguridad.
La estrategia no es casual. En el entorno de Sergio Massa entienden que el peronismo perdió capacidad de interpelar a sectores medios y urbanos, donde la inseguridad aparece como una de las principales preocupaciones. Por eso, buscan instalar propuestas concretas que los diferencien tanto de sus socios internos como de la oposición.
El primer movimiento lo hizo la senadora bonaerense Malena Galmarini. Su proyecto propone prohibir el uso de teléfonos celulares en unidades penitenciarias e instalar inhibidores de señal en todas las cárceles de la provincia.
“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos”, planteó la legisladora, aludiendo a prácticas reiteradas como estafas, extorsiones y amenazas organizadas desde los pabellones.
El tema no es menor: durante la pandemia, la administración de Kicillof había habilitado el uso de dispositivos móviles para los internos, una medida que hoy genera cuestionamientos tanto dentro como fuera del oficialismo. Incluso sectores de La Libertad Avanza, como el diputado Oscar Liberman, avanzaron con iniciativas similares, lo que abre un terreno de coincidencias inesperadas.
En la Cámara de Diputados, el massismo también empuja proyectos vinculados al uso de armas electrónicas y a la reorganización territorial de la seguridad.
El diputado Carlos Puglielli presentó una iniciativa para habilitar el uso de pistolas Taser en la Policía bonaerense, con capacitaciones técnicas y evaluaciones psicofísicas obligatorias. El argumento central apunta a reducir el uso de armas letales en situaciones de riesgo.
“El policía hoy tiene como única herramienta el arma de fuego, con todo lo que eso implica”, sostienen desde el espacio, en línea con un debate que ya tuvo su capítulo en la Ciudad de Buenos Aires, donde estos dispositivos comenzaron a utilizarse en 2023.
A esto se suma otro proyecto que impulsa la creación de policías comunales, con un enfoque preventivo y mayor injerencia de los intendentes en la gestión de la seguridad local. La propuesta busca descentralizar decisiones y adaptar las políticas a las particularidades de cada distrito, aunque establece límites claros: los agentes no podrán realizar investigaciones criminales ni custodiar detenidos.
La agenda del Frente Renovador no se limita a la seguridad. También incluye iniciativas económicas con impacto directo en el bolsillo. Una de las más resonantes es el proyecto de la diputada Ayelén Rasquetti, que obliga a las estaciones de servicio a informar aumentos de combustibles con al menos 72 horas de anticipación.
La iniciativa generó un fuerte rechazo de la oposición, que advierte sobre posibles problemas de abastecimiento. Desde el massismo, en cambio, denuncian falta de transparencia por parte de las petroleras.
“Hay algo detrás del aumento de precios que no quieren transparentar”, cuestionó Rasquetti, al tiempo que puso en duda los argumentos empresariales sobre los costos operativos de informar cada suba.
El proyecto contempla sanciones económicas importantes e incluso la suspensión de habilitaciones ante incumplimientos reiterados.
Interna peronista y posicionamiento hacia 2027
Detrás de esta avanzada legislativa hay una lectura política más profunda. Massa busca reposicionar al Frente Renovador dentro del mapa del peronismo bonaerense, en un contexto atravesado por tensiones internas y debates estratégicos.
Uno de los puntos de mayor conflicto es la discusión por las reelecciones indefinidas de intendentes. El massismo mantiene una postura firme: no acompañará ningún cambio que revierta la ley que limitó los mandatos, impulsada en 2016 con su protagonismo.
La diputada nacional Marina Salzmann fue contundente: “No son imprescindibles”, lanzó en referencia a los jefes comunales que presionan por modificar la normativa.
Esa posición no solo complica el armado político del oficialismo, sino que también obliga al gobernador a recalcular. Sin los votos del Frente Renovador, cualquier reforma requiere acuerdos con la oposición, en un escenario legislativo fragmentado.
En ese equilibrio se juega buena parte del futuro político del sector. La seguridad, el control de precios y la institucionalidad aparecen como ejes elegidos para disputar sentido y, al mismo tiempo, reconstruir vínculo con un electorado que el peronismo reconoce haber perdido.
Con la mirada puesta en 2027, cada proyecto, cada declaración y cada voto en la Legislatura empieza a leerse en clave de posicionamiento. Y en ese tablero, el Frente Renovador ya decidió no esperar más.