FATE faltó a la audiencia y recalienta el conflicto: cómo siguen las negociaciones bajo presión sindical y política

El conflicto por el cierre de la planta de FATE sumó en las últimas horas un dato que tensó aún más el escenario: la empresa no se presentó a la primera audiencia de conciliación obligatoria convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense. El gesto no solo profundizó la disputa laboral sino que, en los hechos, aceleró el debate político sobre una eventual intervención estatal en la fábrica.

La audiencia, realizada bajo la órbita del ministro Walter Correa, era el primer intento formal de encauzar la negociación tras el traspaso del conflicto a la jurisdicción provincial. Sin embargo, la ausencia de la firma —pese al apercibimiento de ser obligada a concurrir por la fuerza pública— dejó expuesta una estrategia empresarial que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) califica como de confrontación directa.

Desde el gremio dejaron asentado en acta que la compañía “ya incumplió con las leyes laborales cuando llevó adelante el lock-out patronal” y que tampoco respetó la conciliación obligatoria dictada previamente a nivel nacional. A ese cuadro sumaron una denuncia concreta: la falta de pago de salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero y la primera de marzo, aun estando vigente la conciliación.

La presión sindical y el rol de la Provincia

El movimiento sindical reaccionó con una batería de pedidos formales al Ministerio de Trabajo bonaerense: exigió la fijación de una nueva audiencia presencial en Tigre, la aplicación de multas por incomparecencia y la adopción de medidas para preservar la maquinaria con intervención de los propios trabajadores.

La cartera laboral respondió convocando a una nueva audiencia para este viernes 27 de marzo, mientras el SUTNA ya anticipó que movilizará desde temprano junto a organizaciones sociales, sindicales y políticas. El conflicto, lejos de encauzarse, se proyecta hacia una escalada con mayor volumen político.

En paralelo, el gremio activó una estrategia que excede lo estrictamente laboral. Las conversaciones con funcionarios bonaerenses y legisladores apuntan a avanzar con un proyecto de “ocupación temporaria” de la planta, que permitiría al Estado provincial asumir el control operativo de la fábrica de manera transitoria.

La iniciativa, que ya comenzó a discutirse en la Legislatura con diputados de distintos bloques y tendrá su correlato este jueves en el Senado, busca declarar de utilidad pública la producción de neumáticos, habilitando así la intervención estatal con participación de los trabajadores. Según el sindicato, existe una mayoría potencial para su aprobación, lo que coloca la decisión final en la órbita del Ejecutivo de Axel Kicillof.

Un conflicto que escala y redefine el tablero político

El caso FATE dejó de ser un reclamo sectorial para convertirse en un test sobre el rol del Estado frente a la crisis industrial. Mientras el gremio cuestiona la falta de respuestas de la administración nacional, la Provincia quedó posicionada como actor central tras dictar una nueva conciliación obligatoria.

En ese marco, el secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, elevó el tono político del conflicto. “Se están tocando empresas que son la columna vertebral del país”, advirtió, al tiempo que alertó sobre el impacto estructural que implicaría el cierre de la planta.

El dirigente remarcó que FATE es la única empresa que produce neumáticos para camiones y colectivos en el país y subrayó el carácter estratégico de esa actividad. “La planta tiene 44 hectáreas de maquinarias, que costaron 80 años construir. No se va a poder volver a hacer”, afirmó.

El conflicto también sumó respaldo sindical de peso. En una reunión con el gremio de Camioneros, Pablo Moyano expresó su apoyo a los trabajadores y destacó la importancia de sostener la producción nacional de neumáticos como parte de la “defensa de la soberanía industrial”. Desde el SUTNA remarcaron la relación directa entre la actividad del sector y el transporte de cargas, un punto que refuerza el argumento de utilidad pública.

Salarios impagos, judicialización y tensión social

Mientras se despliega la discusión política, la situación social de los trabajadores se deteriora. Desde el cierre de la planta, anunciado el 18 de febrero, no solo enfrentan la incertidumbre laboral sino también la falta de ingresos. La empresa, según denuncian, se negó a abonar los salarios caídos, lo que ya derivó en sanciones y podría escalar en nuevas acciones judiciales.

El sindicato inició una campaña para reforzar un recurso de amparo contra el cierre y convocó a sus afiliados a presentar telegramas reclamando el pago de haberes. Al mismo tiempo, analiza nuevas denuncias por supuestos llamados “ilegales” de la empresa para inducir la aceptación de indemnizaciones.

En ese contexto, el gremio también activó mecanismos de contención interna, como la utilización del fondo de lucha para asistir a los trabajadores con alimentos, una señal del impacto inmediato que tiene el conflicto en la vida cotidiana de las familias.

Con la empresa ausente de la mesa de negociación, la presión se traslada ahora al plano político e institucional. La posibilidad de una ocupación temporaria ya no aparece como una hipótesis lejana sino como una alternativa concreta en evaluación, en un escenario donde cada movimiento —o cada ausencia— redefine el curso del conflicto.