Ley de Glaciares: cómo la reforma que impulsa Milei amenaza la producción y el empleo bonaerense

La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados expuso un conflicto que trasciende lo ambiental y se mete de lleno en el modelo productivo argentino. Con una fuerte intervención política, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, encabezó el rechazo del gobierno de Axel Kicillof y puso el foco en un punto clave: el impacto directo que podría tener en la producción y el empleo en la provincia de Buenos Aires.

“El 70% del país tiene como principal fuente de agua los glaciares y nieves andinas”, sostuvo la funcionaria, que desde La Plata viene marcando una línea dura contra la iniciativa impulsada por la Casa Rosada. En ese esquema, la Provincia insiste en que no se trata de un problema lejano: el sistema hídrico conecta territorios y lo que ocurre en la cordillera repercute cientos de kilómetros río abajo.

El caso del Río Colorado es el ejemplo más concreto. Nace en zonas glaciares y periglaciares de Mendoza, atraviesa cinco provincias y termina irrigando miles de hectáreas en el sur bonaerense. Según datos oficiales, en Villarino y Patagones hay cerca de 80.000 hectáreas productivas que dependen de ese caudal. “Estamos hablando de producción y generación de trabajo”, advirtió Vilar.

La preocupación no es abstracta. El polo frutihortícola de esa región, clave en cultivos como la cebolla —que representa casi la mitad de la producción nacional—, depende exclusivamente del agua que baja desde los Andes. Sin ese flujo, el sistema productivo entra en riesgo.

Audiencia bajo fuego y participación restringida

El inicio del debate en Diputados estuvo marcado por la polémica. Más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública, pero apenas unas 400 fueron habilitadas para exponer. Antes de comenzar su intervención, Vilar dejó sobre la mesa una pila de hojas con nombres de quienes quedaron afuera: “En cada hoja hay 60 nombres, hay más de cien mil nombres”.

La ministra cuestionó el mecanismo y lo calificó como una “flagrante omisión del reglamento”. “Es una falta complejísima de acceso al derecho”, afirmó, al tiempo que propuso alternativas para ampliar la participación, como el envío de exposiciones por escrito o en video. Sin embargo, puso en duda que ese material sea considerado: “Evidentemente no lo van a leer”.

El clima se tensó aún más con el operativo de seguridad desplegado en las inmediaciones del Congreso, donde hubo protestas y reclamos. “Tengan un cachito de vergüenza”, lanzó Vilar, en referencia a las restricciones para ingresar al recinto.

La situación escaló cuando su micrófono fue interrumpido en medio de una referencia al contexto político nacional. “Es una pesadilla esta avanzada judicial”, alcanzó a decir antes del corte, en un episodio que sumó controversia a una jornada cargada de cruces.

Tras su exposición, la funcionaria redobló las críticas en redes sociales: “Adentro, una audiencia pública fraudulenta en la que solo pudo participar menos del 0,5% de los inscriptos. Una selección arbitraria con un criterio inexplicable”.

Producción, ambiente y el trasfondo económico

El rechazo bonaerense no se limita a lo ambiental. Desde la Provincia vinculan la reforma con un cambio de paradigma que apunta a flexibilizar controles para facilitar actividades extractivas, especialmente en zonas periglaciares.

“La ley no se debe modificar”, había afirmado Vilar en la previa, al calificar la iniciativa como “ilegal e inconstitucional”. En su análisis, la reforma habilitaría la intervención en áreas clave para la regulación hídrica, lo que podría derivar en pérdida de reservas de agua y contaminación de cuencas.

El argumento oficial nacional, centrado en atraer inversiones y garantizar seguridad jurídica, también fue cuestionado. “Cambiar la ley para flexibilizarla no da previsibilidad, abre un escenario de litigiosidad permanente”, sostuvo la ministra.

En ese contexto, desde La Plata hablan de “dumping ambiental” y advierten sobre una competencia entre provincias para captar inversiones a costa de reducir estándares de protección. El trasfondo incluye el impulso a sectores como la minería, con foco en recursos estratégicos como litio, cobre y tierras raras.

La discusión, además, se inscribe en un escenario global de crisis hídrica. Informes recientes advierten sobre la pérdida acelerada de masa glaciar y el rol crítico de estos sistemas como reguladores del agua, especialmente en regiones áridas.

“Se está violando el artículo 41 de la Constitución Nacional”, afirmó Vilar durante su exposición. Y cerró con una advertencia directa a los legisladores: “Fíjense cómo van a hacer para explicarles a sus hijos y a sus hijas que avalaron esta entrega cuando ellos sean grandes y no tengan cómo producir”.