Acceso a la información: el PRO empuja una reforma para que deje de depender del funcionario de turno
La discusión por el acceso a la información pública volvió a colarse en la agenda bonaerense con un proyecto que busca actualizar un esquema que, según sus impulsores, quedó desfasado frente a estándares nacionales e internacionales.
La iniciativa, presentada a fines de marzo por los senadores del PRO Juan Manuel Rico Zini y Alex Campbell, propone reformular el marco normativo vigente para garantizar que el derecho deje de depender de la discrecionalidad administrativa y pase a ser exigible en términos concretos.
El texto toma como referencia la Ley Nacional 27.275 sancionada en 2016 y plantea una serie de principios que ordenan el acceso: presunción de publicidad, máxima divulgación, gratuidad, informalismo y celeridad en las respuestas.
En los fundamentos, los legisladores remarcan que la provincia fue pionera en regular el acceso a documentos administrativos, pero advierten que el sistema requiere una actualización para alinearse con los estándares actuales.
Un derecho formal que busca volverse operativo
Uno de los ejes del proyecto apunta a reducir las barreras prácticas que hoy enfrenta cualquier ciudadano al intentar acceder a información pública. Según explicó Rico Zini en una entrevista, la iniciativa busca que “cualquier persona sin abogados de por medio y sin necesidad de justificar sus razones, va a poder pedir información”, lo que, a su entender, “equilibra la relación entre el Estado y la sociedad”.
El articulado establece que la información deberá ser entregada en el estado en que se encuentre al momento del pedido, privilegiando formatos digitales abiertos, salvo excepciones debidamente justificadas. Además, fija un plazo máximo de 15 días hábiles para responder las solicitudes, ya sea de manera presencial o a través de canales digitales.
El alcance del proyecto es amplio: abarca a los tres poderes del Estado, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, empresas con participación estatal —tanto mayoritaria como minoritaria—, concesionarios de servicios públicos y organizaciones privadas que reciban fondos públicos. Incluso incorpora a partidos políticos, sindicatos y universidades en la medida en que administren recursos estatales.
“La transparencia no puede ser solo del Poder Ejecutivo”, sostuvo el senador, al tiempo que remarcó que todos los organismos que gestionan fondos públicos deben rendir cuentas bajo las mismas reglas. En esa línea, el proyecto también invita a los municipios a adherir mediante ordenanzas, con la intención de extender el esquema al nivel local.
Excepciones acotadas y foco en la trazabilidad
El proyecto delimita con precisión los casos en los que el acceso a la información puede ser restringido. Entre ellos, se incluyen cuestiones vinculadas a la defensa nacional o la política exterior, información que pueda comprometer el sistema financiero, datos confidenciales que afecten derechos de terceros y documentos jurídicos cuya difusión pudiera revelar estrategias en litigios.
En todos los casos, el texto insiste en que las excepciones deben ser interpretadas de manera restrictiva. “Los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales”, subraya la iniciativa, que además incorpora mecanismos de control y responsabilidades ante incumplimientos.
El enfoque apunta a garantizar trazabilidad en la gestión pública, no solo en términos de disponibilidad de datos, sino también en su calidad, formato y accesibilidad. La obligación de entregar información en formatos abiertos busca facilitar la reutilización y el análisis por parte de la ciudadanía.
El telón de fondo: desigualdad en la transparencia municipal
El impulso a la reforma normativa aparece en un contexto donde las brechas en materia de transparencia siguen siendo marcadas, especialmente en el ámbito municipal. El último relevamiento de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) mostró que el 36% de los municipios bonaerenses presenta niveles bajos, regulares o directamente nulos en la publicación de información fiscal.
Si bien casi la mitad de los distritos alcanza niveles óptimos de transparencia, el informe evidencia fuertes asimetrías: 21 municipios no publican información o lo hacen de forma desactualizada, y más de 50 no exhiben datos sobre el presupuesto en ejecución. A su vez, 55 distritos no informaron sobre la ejecución de recursos y gastos, mientras que 61 no publican datos sobre deuda pública.
Estos números conviven con un dato que refleja cierta mejora estructural: el 92% de los municipios cuenta con algún tipo de acceso a información presupuestaria en sus sitios web. Sin embargo, la disponibilidad no siempre implica calidad ni actualización, lo que limita el control ciudadano efectivo.
En ese escenario, Rico Zini planteó que “en una época donde hay desconfianza, abrir la información es una forma concreta de reconstruir la credibilidad de las instituciones” y agregó: “Deben existir mecanismos claros y establecidos para hacer del acceso a la información un derecho real que pueda ser ejercido con total libertad por la ciudadanía”.