El PRO busca imponer exámenes obligatorios en la Provincia y pone el foco en cómo se ingresa al Estado
El PRO bonaerense volvió a poner en agenda una iniciativa legislativa que propone revisar los mecanismos de ingreso a la administración pública provincial, a través de la incorporación de evaluaciones previas para los aspirantes a cargos estatales.
El proyecto propone instaurar evaluaciones obligatorias, anónimas y previas para cualquier aspirante a ocupar un cargo estatal, con el objetivo declarado de garantizar idoneidad y reducir márgenes de discrecionalidad.
La propuesta impacta directamente sobre el Estatuto y Escalafón del Personal de la Administración Pública, un marco que hoy regula el acceso, la permanencia y la carrera estatal, pero que no contempla una instancia universal de evaluación previa.
El diputado Martín Endere, autor de la iniciativa, plantea sumar un filtro técnico que funcione antes de cualquier designación y que, además, preserve el anonimato durante la corrección para evitar favoritismos.
En los fundamentos, el legislador no esquivó el tono crítico: “Por desafortunado que resulte, es conocido que los partidos gobernantes suelen utilizar las gestiones para otorgar cargos a sus militantes y partidarios, sin importar, en algunos casos, cuan preparados o capacitados se encuentren”.
La afirmación aparece en un escenario donde la planta estatal bonaerense ronda los 530 mil trabajadores, entre administración central y organismos descentralizados. De ese total, cerca del 70% corresponde a planta permanente, mientras que más de 166 mil son trabajadores temporarios.
La distribución evidencia, además, que áreas como Seguridad, Educación y Salud concentran la mayor cantidad de cargos, con dinámicas laborales dispares y una alta incidencia de designaciones no permanentes en sectores sensibles.
Idoneidad, anonimato y control administrativo
El corazón del proyecto establece que todo aspirante deberá aprobar una “evaluación general de conocimientos y competencias”. El resultado del examen solo podrá asociarse a la identidad del postulante una vez finalizada la corrección, un mecanismo que, según el texto, busca garantizar igualdad de condiciones.
La iniciativa también introduce cambios administrativos concretos: los organismos de Recursos Humanos deberán incorporar al expediente no solo los antecedentes del postulante, sino también la constancia de aprobación del examen. En paralelo, fija una advertencia clave: cualquier ingreso que no respete este procedimiento no generará derecho a estabilidad ni carácter permanente.
El planteo del diputado santillista, que había impulsado la iniciativa en 2024, se apoya en principios constitucionales. Tanto la Constitución nacional como la bonaerense establecen la idoneidad como requisito para el acceso a cargos públicos, aunque en la práctica su aplicación ha quedado sujeta a criterios administrativos y políticos. Busca, en ese punto, traducir ese principio en una herramienta operativa.
“Asimismo, el proyecto aspira que la posibilidad de ingreso a la Administración Pública se torne universal para todos los bonaerenses”, remarcó el legislador, al sostener que el sistema permitiría ampliar oportunidades más allá de la pertenencia política.
El antecedente nacional y la discusión de fondo
La propuesta dialoga, en parte, con la experiencia reciente del Gobierno nacional, que en 2024 avanzó con evaluaciones de idoneidad para empleados públicos en el marco de la reforma impulsada por Federico Sturzenegger. Ese esquema alcanzó decenas de miles de exámenes y mostró altos niveles de aprobación: alrededor del 94% de las evaluaciones resultaron satisfactorias, según datos oficiales.
El proceso incluyó a más de 100 organismos y puso bajo examen áreas clave como Salud, Economía y Jefatura de Gabinete. Aunque desde Nación defendieron la iniciativa como un paso hacia la profesionalización, también generó reacciones gremiales, con pedidos de pase a planta permanente para quienes aprobaron.
En la Provincia, el debate adquiere otra dimensión por el volumen y la composición del empleo público. La estructura combina grandes planteles permanentes —especialmente en Seguridad y Justicia— con un uso extendido de figuras temporarias en Educación y Salud, donde las negociaciones paritarias incluyen discusiones sobre regularización laboral.
En ese marco, la iniciativa introduce un elemento disruptivo: desplazar el eje desde la administración política de los ingresos hacia un sistema basado en evaluaciones estandarizadas. La discusión, lejos de saldarse en términos técnicos, vuelve a exponer una disputa de fondo sobre el rol del Estado, los mecanismos de acceso y el peso de la política en la gestión del empleo público.