Tras dejar afuera a Aubasa, el Gobierno nacional enfrenta un reclamo que cuestiona todo el proceso licitatorio
La decisión del gobierno de Axel Kicillof de avanzar con la impugnación formal contra la exclusión de Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) de la licitación nacional de rutas marca un punto de inflexión en un conflicto que ya no se limita al plano discursivo.
El expediente administrativo de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, parte de la “Red Federal de Concesiones - Etapa II”, quedó atravesado por una controversia que combina objeciones técnicas, denuncias políticas y un trasfondo económico de alto impacto.
El rechazo a la oferta de la empresa provincial se basó, según la Secretaría de Transporte de la Nación, en incumplimientos técnicos y financieros. Entre ellos, la falta de acreditación de experiencia en ejecución directa de obras viales y un nivel de endeudamiento que superaría el límite permitido, con un ratio de 3,75 frente al tope de 1,50. Desde el Gobierno nacional sostienen que Aubasa “únicamente respaldó tareas de operación” y no presentó la documentación necesaria para demostrar capacidad constructiva con recursos propios.
Sin embargo, la respuesta bonaerense fue inmediata. El presidente de Aubasa, José Arteaga, denunció que “el gobierno nacional decidió cambiar las reglas de juego en mitad del partido para dejar afuera a Aubasa, utilizando argumentos falaces, arbitrarios y sin sustento técnico”.
La impugnación, de más de cuarenta páginas, cuestiona directamente el criterio de la Comisión Evaluadora Ad-Hoc y sostiene que la exigencia de ejecución directa contradice el espíritu de una concesión integral, donde la contratación de terceros especializados es una práctica habitual.
Cambios en los pliegos y cuestionamientos de fondo
El núcleo de la disputa se ubica en la modificación de los pliegos. Según la Provincia, el Ministerio de Economía nacional introdujo cambios en 33 artículos apenas siete días antes del cierre de ofertas. Para el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, se trata de una “desviación de poder” que altera la previsibilidad del proceso.
En esa línea, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, había anticipado el escenario: “La veíamos venir”. Y reforzó la crítica con una frase que sintetiza la postura provincial: “Dicen que una empresa de concesiones viales no puede presentarse a una concesión vial. No nos vamos a quedar callados. Es una decisión política para impedir que la Provincia gestione sus propias rutas”.
La impugnación presentada por el apoderado de Aubasa, Luis Pablo Ceriani, también apunta a lo que define como un “error conceptual grave” en la evaluación técnica.
El documento sostiene que los certificados emitidos por la Dirección de Vialidad bonaerense fueron descartados bajo una interpretación que no se ajusta al Artículo 5.º del pliego, que exige únicamente acreditar experiencia mediante certificaciones de autoridad competente, sin requerir ejecución directa.
A esto se suma un señalamiento sobre el trato desigual en la evaluación de ofertas. Mientras a la empresa estatal se le habrían exigido aclaraciones exhaustivas, otros oferentes privados habrían contado con plazos más amplios para subsanar inconsistencias. Este punto se apoya en el principio de igualdad previsto en el Decreto N° 1030/2016, uno de los ejes jurídicos del reclamo.
Modelo de gestión y disputa política
El conflicto excede lo administrativo y se proyecta como una disputa por el modelo de gestión de la infraestructura vial. Aubasa, que desde 2014 opera el Sistema Vial Integrado del Atlántico y la Autopista Buenos Aires-La Plata, presentó ofertas para gestionar más de 1.800 kilómetros de rutas estratégicas, incluyendo los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa.
Desde la Provincia sostienen que la exclusión responde a una decisión política orientada a favorecer al sector privado. Katopodis fue categórico: “No vamos a permitir un negociado”. Y agregó: “AUBASA cumplió con todo y la excluyen en un proceso lleno de irregularidades. ¿Nunca van a tomar decisiones para el beneficio de la Argentina? No hacen obras públicas, pero igual quieren entregarle negocios a sus diez amigos”.
En paralelo, la administración bonaerense vincula la discusión con el estado de las rutas nacionales. Katopodis denunció que el Gobierno nacional desvió 6,1 billones de pesos del impuesto al combustible —fondos con asignación específica para mantenimiento vial— para sostener el superávit fiscal, mientras las trazas “se caen a pedazos”.
Arteaga reforzó ese planteo al afirmar que Aubasa representa “una empresa eficiente, que sí mantiene su traza, las opera con tarifas accesibles y reinvierte cada peso en obra”. Y fue más allá: “No es una cuestión de requisitos. Es una decisión ideológica disfrazada de tecnicismo”.
Del lado nacional, la defensa del proceso se apoya en la idea de un sistema sin subsidios, donde la inversión privada asuma el riesgo operativo bajo contratos de largo plazo. La licitación, que abarca más de 9.000 kilómetros en todo el país, fue supervisada por organismos como la SIGEN, la Oficina Nacional de Contrataciones y una comisión evaluadora independiente, según informaron desde Transporte.
Un expediente abierto y posible judicialización
Con la impugnación ya presentada ante la Comisión Evaluadora y la Secretaría de Transporte, se abre una etapa administrativa que podría escalar a la Justicia federal si el Gobierno nacional ratifica la exclusión. La Provincia ya anticipó que no descarta esa vía.
El caso pone en discusión no solo la transparencia del proceso licitatorio, sino también el equilibrio de competencias entre Nación y Provincia en un área estratégica. La disputa por Aubasa, en ese sentido, funciona como un emergente de una confrontación más amplia sobre el rol del Estado, el destino de los recursos y el control de la infraestructura.
En el escrito presentado, la empresa provincial advierte: “La exclusión de Aubasa se basa en criterios que no coinciden con las condiciones establecidas originalmente en los pliegos”.