Reforma política en marcha: la UCR va por el desdoblamiento y busca limitar la discrecionalidad electoral

La ofensiva opositora en la Legislatura bonaerense sumó volumen concreto en las últimas horas. El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Matías Civale, presentó dos proyectos que apuntan a rediseñar el sistema electoral provincial, con el desdoblamiento de los comicios como eje central y la creación de nuevas instancias institucionales para ordenar el proceso.

La iniciativa se inscribe en una estrategia que la UCR + Cambio Federal viene desplegando desde comienzos de año: instalar una agenda propia de reformas políticas, anticiparse al calendario electoral y forzar definiciones del oficialismo en el distrito más determinante del país. En ese esquema, el desdoblamiento aparece como una herramienta para modificar la lógica de competencia.

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“El objetivo es que la provincia pueda discutir su propio proyecto político sin quedar subordinada a la dinámica nacional”, planteó Civale al fundamentar el proyecto, que propone separar las elecciones bonaerenses de las nacionales y establecer un cronograma fijo.

El texto fija que los comicios provinciales deberán realizarse dentro de los 150 días posteriores al inicio del período de sesiones ordinarias —que comienza el primer día hábil de marzo—, lo que llevaría a votar antes de fines de julio. Según el legislador, esto “otorga tiempo y previsibilidad a la transición de gobierno” y elimina la discrecionalidad en la convocatoria.

La iniciativa también establece la exclusividad del acto electoral para cargos provinciales y municipales, con el objetivo de evitar que la discusión pública quede absorbida por la agenda nacional, un punto que viene siendo señalado por el oficialismo provincial y por distintos sectores opositores como uno de los principales condicionantes del sistema actual.

Tribunal electoral y disputa por las reglas de juego

El paquete impulsado por Civale incluye además la creación de un Tribunal Electoral de alzada, pensado para revisar las decisiones de la Junta Electoral bonaerense con criterios técnicos y plazos abreviados.

Según explicó el diputado radical, la propuesta busca “evitar la judicialización dispersa de los procesos electorales y dar mayor seguridad jurídica al sistema”. En esa línea, sostuvo que se trata de “herramientas que fortalecen la institucionalidad y garantizan reglas claras”.

La movida no aparece aislada. Forma parte de un armado más amplio que tuvo su antesala en la convocatoria a jornadas de debate legislativo impulsadas por la oposición, donde confluyen temas como la Boleta Única de Papel, las PASO, el financiamiento político y el acceso a la información pública.

En ese ámbito, el senador nacional Maximiliano Abad viene empujando con fuerza la implementación de la BUP, a la que definió como una herramienta “imperiosa” para terminar con prácticas “obsoletas”.

A su vez, desde la Coalición Cívica, Andrés De Leo planteó la necesidad de revisar el esquema de primarias: “La iniciativa no implica la supresión del sistema de elecciones primarias sino su adecuación a criterios de razonabilidad y eficiencia institucional”, señaló.

Las diferencias internas en la oposición conviven con un diagnóstico común: el sistema político bonaerense requiere cambios estructurales. “No resiste modificaciones aisladas”, advirtió De Leo, al tiempo que Romina Braga anticipó “un año de grandes reformas políticas o, al menos, discusiones de reformas políticas”.

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Autonomía municipal, el otro eje que empuja el radicalismo

En paralelo al debate electoral, el radicalismo volvió a poner sobre la mesa la autonomía municipal, con proyectos presentados tanto en el Senado como en Diputados.

La senadora Nerina Neumann impulsó una enmienda constitucional que modifica el régimen municipal y reconoce a los distritos “autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional”. En los fundamentos, remarcó que el reclamo “se mantiene vigente desde el retorno de la democracia en 1983” y cobró nueva centralidad tras el rol de los intendentes durante la pandemia.

La propuesta incluye la posibilidad de dictar cartas orgánicas municipales, regular conflictos de poderes y redefinir competencias y recursos. En tanto, en la Cámara baja, Diego Garciarena retomó un proyecto que plantea convocar a una Convención Reformadora para definir los alcances de esa autonomía.

El texto original, impulsado por Abad, sostiene que “los tiempos actuales exigen mayor poder de decisión de los gobiernos municipales” y plantea fortalecer los mecanismos de control desde el territorio, en contraposición a un esquema centralizado.

Civale, en ese marco, vinculó sus iniciativas con una visión más amplia del sistema político bonaerense: “Defender la autonomía de la provincia de Buenos Aires y de los municipios es clave para construir un modelo que represente verdaderamente a los ciudadanos”.