Torres mueve fichas en la Corte y abre la pelea por la autarquía en plena tensión salarial
El arranque de la gestión de Sergio Torres al frente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense fue político. En su primera aparición pública como presidente del máximo tribunal, eligió instalar un tema que atraviesa hace décadas al sistema judicial provincial pero que ahora vuelve con fuerza inusitada: la disputa por la autarquía financiera y el control de los recursos.
Desde Morón, donde encabezó su primera actividad institucional, dejó en claro que la Corte no se limitará a administrar la escasez. El planteo es más ambicioso: busca modificar la arquitectura de poder dentro del Estado provincial, reclamando capacidad propia para decidir cómo se asigna y ejecuta el presupuesto judicial.
Torres puso el foco en dos ejes que, en rigor, están profundamente conectados: la falta de autonomía presupuestaria y el déficit de cobertura de cargos en la Justicia. Según explicó, el Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado bonaerense que no tiene control pleno sobre sus recursos ni logra sostener una estructura completa de funcionarios.
El diagnóstico es claro: aunque en el último año se avanzó con la cobertura de 412 vacantes y hay expectativas de superar las 250 designaciones en 2026, el sistema sigue funcionando con una “manta corta”. La rotación constante por jubilaciones o renuncias impide consolidar una planta estable, lo que impacta directamente en la calidad del servicio de justicia.
A eso se suma un dato estructural que condiciona cualquier margen de acción: cerca del 92% del presupuesto judicial se destina al pago de salarios. En ese escenario, la inversión en infraestructura, tecnología o modernización queda relegada, profundizando el atraso del sistema.
El presidente de la Corte planteó que esta situación no es solo un problema interno del Poder Judicial, sino una “deuda institucional” de la Provincia con la ciudadanía. La falta de recursos y de estructura, advirtió, termina afectando el acceso a la justicia y la eficiencia del sistema.
En paralelo al planteo de la Corte, otro actor salió a disputar protagonismo en el escenario judicial: el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, encabezado por Matías Rappazzo. La entidad formalizó un pedido para participar en la mesa paritaria donde se definen los aumentos salariales del sector.
El movimiento no es menor. Hasta ahora las negociaciones se dan entre el gobierno de Axel Kicillof y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que representa principalmente a trabajadores y funcionarios de menor jerarquía. Los jueces, fiscales y defensores quedan fuera de esa discusión, aunque sus salarios dependen de esos acuerdos.
El reclamo del Colegio se apoya en un deterioro sostenido de los ingresos. Según explicó Rappazzo, un empleado ingresante del Poder Judicial provincial percibe actualmente alrededor de 700 mil pesos, una cifra que —según sostienen desde el Colegio— queda muy por debajo de los ingresos que se pagan en otras jurisdicciones judiciales del país.
“Cruzando la General Paz cobran más del doble”, afirmó. De acuerdo con el diagnóstico del Colegio de Magistrados, los salarios judiciales bonaerenses se ubican entre los más bajos del país, en los últimos lugares del ranking entre las 24 jurisdicciones argentinas.
Un debate estructural que vuelve al centro de la escena
Las distintas voces que emergen desde el sistema judicial coinciden en un punto: los problemas no se resuelven solo con aumentos salariales o designaciones puntuales. El diputado provincial de la UCR, Diego Garciarena, viene insistiendo en que la Justicia bonaerense arrastra dificultades estructurales que afectan tanto su funcionamiento como su legitimidad.
La falta de autonomía presupuestaria implica que los recursos del Poder Judicial dependen de las decisiones del Ejecutivo provincial y de la aprobación legislativa del presupuesto anual. Para el legislador, ese esquema obliga a pensar reformas más amplias que permitan mejorar el funcionamiento institucional del sistema.
“La discusión sobre la Justicia bonaerense no puede limitarse a la coyuntura. Hay que discutir cómo se organiza, cómo se financia y cómo se garantiza su funcionamiento”, planteó.
La discusión por la autarquía, en ese marco, aparece como el núcleo del problema. La decisión de Torres de instalar el tema desde el inicio de su gestión no es casual. En un escenario atravesado por la crisis económica, la presión sindical y la puja por recursos, la Corte busca posicionarse como un actor central en la discusión política e institucional de la Provincia.