Sin fondos y sin interlocutores: la Provincia endurece su estrategia frente al Gobierno nacional
El conflicto por los fondos alimentarios escaló un peldaño más en la disputa entre la Provincia y la Casa Rosada. Axel Kicillof se puso al frente del reclamo y, tras reunirse con intendentes bonaerenses en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), dejó una frase que sintetiza el clima político: “Si la Argentina hoy no está incendiada, es pura y exclusivamente por el inmenso trabajo de contención que realizan los intendentes”.
El encuentro se dio luego de la fallida movilización al Ministerio de Capital Humano, donde los jefes comunales no fueron recibidos por ningún funcionario nacional. El episodio, que incluyó la imposibilidad inicial de presentar un petitorio y la intervención policial, profundizó el malestar en el peronismo bonaerense, que ya venía definiendo una estrategia de presión en la calle.
Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, el ministro de Desarrollo de la Comunidad Andrés Larroque y el intendente de La Matanza y titular de la FAM Fernando Espinoza, el gobernador apuntó contra la gestión de Javier Milei y denunció una “lógica perversa” en el ajuste. Según planteó, la Nación no solo recorta recursos sino que traslada el impacto a provincias y municipios.
“El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: provoca una crisis económica muy profunda y al mismo tiempo recorta presupuestos en áreas muy sensibles”, sostuvo.
En esa línea, insistió en que el recorte en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) es uno de los puntos más críticos. “Han cortado absolutamente todo, pero uno de los puntos más graves es la asistencia a los comedores escolares”, advirtió, y remarcó que la Provincia está absorbiendo una demanda creciente con recursos propios.
La deuda millonaria y el rediseño forzado de la política social
El eje del reclamo es concreto: la Provincia asegura que la Nación mantiene una deuda superior a los 220 mil millones de pesos vinculada al financiamiento alimentario. Larroque fue el encargado de ponerle números al conflicto y describir el cuadro como “muy delicado”.
“Es una crisis económica y social que golpea particularmente a la provincia de Buenos Aires. No contamos con el acompañamiento de la Nación, que en lugar de estar presente, se retira”, señaló el ministro en diálogo con la prensa. Y agregó un dato que encendió alarmas: “El 90% de la asistencia de nuestro ministerio está destinada a la política alimentaria y lo que hoy transfiere Nación no llega a cubrir el 5%”.
El funcionario también contrastó la situación actual con la etapa anterior: “Coordinábamos siete programas con el Estado Nacional, hoy solo queda el SAE con un aporte que debería ser del 33% y es apenas superior al 10%”.
En paralelo, desde la administración bonaerense reconocen que el contexto obligó a reconfigurar la política social. Esta semana se oficializó la suspensión por 90 días del programa MESA, una herramienta complementaria creada en 2020. Según explicaron, la decisión apunta a concentrar recursos en el SAE, que alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes.
“El programa MESA ha probado ser eficaz, pero es accesorio. Dado el contexto económico, corresponde consolidar la inversión en el SAE”, indicaron desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Aun así, el esfuerzo provincial creció: la inversión aumentó un 30% y supera los 553 mil millones de pesos anuales. El problema, admiten en La Plata, es que sin el aporte nacional el esquema queda tensionado.
Intendentes en primera línea y sin interlocutor nacional
El malestar no se limita al plano institucional. Los intendentes vienen advirtiendo que el ajuste impacta de lleno en sus distritos, donde la demanda social no deja de crecer. “Hay una decisión política de desfinanciar a las comunas”, afirmó Julio Marini (Benito Juárez) en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, mientras que Ricardo Alessandro (Salto) aseguró que “no vamos a permitir que se desfinancien programas tan sensibles”.
Espinoza, por su parte, fue uno de los más duros: reclamó que el Gobierno nacional “cumpla inmediatamente con los comedores escolares y deje de jugar con la comida de los jóvenes”. Incluso comparó los recursos en disputa con beneficios fiscales otorgados a grandes empresas, en un mensaje con fuerte carga política.
La falta de respuesta oficial terminó de tensar el escenario. Larroque relató que durante la movilización “no pudimos hablar con nadie, ni un funcionario ni un empleado”, y calificó la situación como “algo sin precedentes”. También cuestionó el trato recibido: “Estábamos hablando de intendentes elegidos por el voto popular. Un poco de respeto”.
Kicillof retomó ese punto al cerrar su contacto con la prensa y elevó el tono contra Milei: “El Gobierno nacional insiste con descargar la responsabilidad y no afrontar la crisis que genera. Tiene la obligación de dar una respuesta, no a nosotros sino a las millones de personas que la están pasando mal”.
Y remató con una advertencia política que resume el posicionamiento provincial: “Milei tiene que hacerse cargo de la crisis que está generando en los hogares de los bonaerenses”.