Catastro frenado, mercado en pausa: el conflicto en ARBA escala y expone un cuello de botella estructural
Desde fines de febrero, la Dirección Provincial de Catastro Territorial de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) arrastra un conflicto que, lejos de encauzarse, empieza a mostrar efectos acumulativos en cadena.
La retención de tareas impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), con asambleas prolongadas y medidas parciales, mantiene “virtualmente paralizado un organismo vital para el desarrollo económico y profesional de la provincia”, según advirtieron desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA).
El señalamiento no es menor: la dependencia es clave para validar mensuras, registrar estados parcelarios y habilitar la trazabilidad legal de las operaciones inmobiliarias. Sin ese circuito activo, el engranaje se detiene.
“Las tareas de mensura, base fundamental de cualquier ordenamiento territorial y seguridad jurídica al ciudadano, se encuentran en un estado de detención burocrática”, remarcaron desde la entidad profesional.
En ese marco, el CIPBA elevó el tono y apuntó a la conducción política por la falta de resolución del conflicto, al tiempo que cuestionó la modalidad gremial.
“La legitimidad de los reclamos no puede ser moneda de cambio para el cese total de un servicio público esencial”, plantearon, en un mensaje que también incluyó críticas a lo que consideran una pérdida de eficiencia en un área sensible para la recaudación.
Efecto dominó sobre el mercado inmobiliario
El impacto concreto ya se mide en operaciones que no avanzan. La falta de aprobación de planos y de registración de estados parcelarios bloquea la posibilidad de cerrar trámites, afectando de manera directa a ingenieros, agrimensores, escribanos y contribuyentes.
“Sin la aprobación de planos ni registración de estados parcelarios, el profesional queda imposibilitado de concluir su labor, afectando directamente sus ingresos y su prestigio frente a los comitentes”, describieron desde el Colegio.
La consecuencia inmediata es una “onda expansiva” que se traslada al mercado inmobiliario. Desde el sector aseguran que hay una cantidad creciente de escrituras frenadas por la ausencia de informes catastrales actualizados. “Los agrimensores no podemos obtener los estados parcelarios; por lo tanto, los escribanos no pueden escriturar”, explicaron profesionales durante una reciente jornada de protesta en La Plata.
Ese cuadro también impacta en el acceso al crédito. Según detallaron fuentes del sector, hay operaciones financiadas que quedaron en suspenso porque no se puede completar el circuito legal requerido para escriturar. “Hay créditos que están totalmente frenados”, señalaron, en un contexto donde cada compraventa exige la validación catastral como paso previo obligatorio.
A esto se suma una cuestión operativa: el ritmo de aprobación de trámites cayó a niveles mínimos. “Deben estar aprobando solo 18 estados parcelarios por día para toda la provincia”, indicaron, una cifra que expone la magnitud del retraso frente a la demanda habitual.
Un cuello de botella que tensiona al sistema
La dinámica del conflicto suma complejidad por la modalidad elegida: no se trata de un paro total, sino de retenciones de tareas que ralentizan los procesos sin detenerlos completamente. En la práctica, eso deriva en demoras que se extienden mucho más allá de los plazos normales. “Un trámite que debería demorar como máximo 15 días hábiles lleva casi dos meses”, graficaron desde el sector afectado.
En paralelo, los reclamos salariales de los trabajadores de Catastro continúan sin resolución. Durante las últimas semanas, se realizaron asambleas y “ruidazos” en la sede central del organismo en La Plata, con advertencias de nuevas jornadas de retención total. “Los sueldos antes eran bastante más significativos; ahora están pagando muy poco”, explicaron fuentes vinculadas al conflicto.
El CIPBA, por su parte, sumó una lectura más amplia sobre el impacto institucional. “Resulta paradójico que un organismo diseñado para la eficiencia recaudatoria sea hoy el principal obstáculo para la circulación de capitales en la provincia”, señalaron.
En la misma línea, advirtieron sobre el perjuicio directo a los contribuyentes: “El que necesita regularizar su propiedad o subdividir para construir no puede ejercer sus derechos constitucionales al encontrarse atrapado en un conflicto ajeno que el Estado provincial aún no ha podido resolver”.
El trasfondo deja expuesto un punto sensible para la administración bonaerense: la necesidad de sostener el funcionamiento de áreas críticas en medio de demandas sectoriales. Mientras tanto, el bloqueo operativo en Catastro sigue acumulando expedientes, frenando operaciones y tensionando a una cadena productiva que depende de cada firma y cada plano aprobado para seguir en movimiento.
“Los ingenieros del CIPBA y la sociedad bonaerense no pueden seguir pagando el costo de la ineficiencia de funcionarios y sindicalistas que desatienden los intereses de la sociedad para seguir una agenda propia electoral”, advirtieron.