¿Autonomía o parche? El decreto que reordena el poder en el Astillero Río Santiago
A nueve meses de la salida de Pedro Wasiejko, el gobierno de Axel Kicillof decidió avanzar sobre el funcionamiento del Astillero Río Santiago (ARS). A través del Decreto 357/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, la administración provincial amplió las facultades operativas del ente y habilitó a sus autoridades a firmar contratos, cerrar acuerdos comerciales y actuar en instancias judiciales y arbitrales, incluso en el plano internacional.
La medida llega en un contexto particular: el Astillero continúa sin presidente ni vicepresidente designados, por lo que la conducción efectiva sigue en manos del gerente general, Gonzalo Ibendahl. Para evitar que esa vacancia paralice decisiones, el decreto establece que, ante la ausencia de autoridades formales, esas atribuciones podrán ser ejercidas por la estructura administrativa vigente.
Uno de los ejes centrales de la norma es la posibilidad de suscribir y aprobar contratos vinculados a la comercialización de bienes y servicios dentro de la industria naval y metalúrgica. Esto incluye desde acuerdos productivos hasta convenios con organismos públicos y privados, tanto locales como internacionales.
En los fundamentos, el Ejecutivo plantea que el objetivo es “brindar una mayor agilidad de gestión” en un esquema históricamente condicionado por trámites burocráticos y autorizaciones cruzadas. En los hechos, se trata de una descentralización de decisiones clave que, hasta ahora, requerían instancias administrativas más extensas.
El decreto también habilita al Astillero a actuar con mayor autonomía en el plano legal. Las autoridades podrán dar intervención a la Fiscalía de Estado para impulsar procesos judiciales o arbitrales, incluyendo medidas como allanamientos, conciliaciones, transacciones o desistimientos.
Este punto apunta a resolver conflictos contractuales o comerciales con mayor rapidez, en un sector donde las demoras suelen impactar directamente en la ejecución de obras y en la relación con proveedores.
Otro aspecto relevante es la autorización para gestionar y disponer de bienes abandonados, rezagos o materiales que representen riesgos ambientales o de seguridad. La medida busca ordenar activos ociosos dentro del complejo industrial y evitar que afecten el normal funcionamiento de las operaciones.
En paralelo, se habilita la firma de todos los actos jurídicos necesarios para regularizar este tipo de situaciones, lo que amplía el margen de maniobra interna en términos administrativos y patrimoniales.
Acefalía y continuidad administrativa
El dato político que atraviesa la medida es la falta de conducción formal del Astillero. Desde la renuncia de Wasiejko en agosto de 2025, el cargo no fue cubierto, lo que abrió interrogantes sobre el rumbo del complejo naval.
El decreto introduce un mecanismo de continuidad que evita la parálisis: si no hay presidente ni vicepresidente, las facultades recaen en el gerente general. Así, el Gobierno busca garantizar la operatoria diaria mientras posterga una definición política de fondo.
En este escenario, cobran relevancia las declaraciones que realizó meses atrás el ex presidente del ARS. “No veo en la Provincia una decisión política de gestionar Astillero Río Santiago”, advirtió en referencia a la falta de una estrategia integral para el desarrollo del complejo.
Wasiejko vinculó su salida a una interna sindical que escaló con fuerza en Ensenada y que terminó condicionando la continuidad de su gestión. En ese marco, apuntó al rol del intendente Mario Secco, a quien ubicó como un actor con peso determinante en la dinámica del Astillero y en la relación con los gremios.
Según relató, decisiones estratégicas —como el perfil de inversiones o el tipo de obras a encarar— quedaron atravesadas por esa lógica política y sindical. Incluso mencionó el impulso a proyectos de menor escala, promovidos por el gremio y el propio Secco, con el objetivo de sostener la actividad y el empleo, en detrimento de iniciativas de mayor envergadura que, a su entender, podían mejorar la competitividad del Astillero.
En ese contexto, describió un esquema en el que las discusiones clave no siempre pasaban por la presidencia del ente, sino que se resolvían en ámbitos paralelos, con fuerte incidencia territorial y sindical. Esa dinámica, sostuvo, terminó debilitando la posibilidad de consolidar un modelo de gestión enfocado en productividad y desarrollo a largo plazo.
Así las cosas, el nuevo decreto provincial aparece como un intento de ordenar la operatoria sin resolver, por ahora, la discusión de fondo sobre el modelo de gestión.