¿Autonomía o parche? El decreto que reordena el poder en el Astillero Río Santiago
Mientras siguen vacantes los cargos de conducción, la Provincia amplió facultades para firmar contratos, intervenir en litigios y administrar activos, atribuciones que, en la práctica, quedan en manos del gerente general Gonzalo Ibendahl para sostener la operatoria diaria.
Mariana Portilla
A nueve meses de la salida de Pedro Wasiejko, el gobierno de Axel Kicillof decidió avanzar sobre el funcionamiento del Astillero Río Santiago (ARS). A través del Decreto 357/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, la administración provincial amplió las facultades operativas del ente y habilitó a sus autoridades a firmar contratos, cerrar acuerdos comerciales y actuar en instancias judiciales y arbitrales, incluso en el plano internacional.
La medida llega en un contexto particular: el Astillero continúa sin presidente ni vicepresidente designados, por lo que la conducción efectiva sigue en manos del gerente general, Gonzalo Ibendahl. Para evitar que esa vacancia paralice decisiones, el decreto establece que, ante la ausencia de autoridades formales, esas atribuciones podrán ser ejercidas por la estructura administrativa vigente.
Uno de los ejes centrales de la norma es la posibilidad de suscribir y aprobar contratos vinculados a la comercialización de bienes y servicios dentro de la industria naval y metalúrgica. Esto incluye desde acuerdos productivos hasta convenios con organismos públicos y privados, tanto locales como internacionales.
En los fundamentos, el Ejecutivo plantea que el objetivo es “brindar una mayor agilidad de gestión” en un esquema históricamente condicionado por trámites burocráticos y autorizaciones cruzadas. En los hechos, se trata de una descentralización de decisiones clave que, hasta ahora, requerían instancias administrativas más extensas.
El decreto también habilita al Astillero a actuar con mayor autonomía en el plano legal. Las autoridades podrán dar intervención a la Fiscalía de Estado para impulsar procesos judiciales o arbitrales, incluyendo medidas como allanamientos, conciliaciones, transacciones o desistimientos.
Wasiejko vinculó su salida a una interna sindical que escaló con fuerza en Ensenada y que terminó condicionando la continuidad de su gestión. En ese marco, apuntó al rol del intendente Mario Secco, a quien ubicó como un actor con peso determinante en la dinámica del Astillero y en la relación con los gremios.
Según relató, decisiones estratégicas —como el perfil de inversiones o el tipo de obras a encarar— quedaron atravesadas por esa lógica política y sindical. Incluso mencionó el impulso a proyectos de menor escala, promovidos por el gremio y el propio Secco, con el objetivo de sostener la actividad y el empleo, en detrimento de iniciativas de mayor envergadura que, a su entender, podían mejorar la competitividad del Astillero.
En ese contexto, describió un esquema en el que las discusiones clave no siempre pasaban por la presidencia del ente, sino que se resolvían en ámbitos paralelos, con fuerte incidencia territorial y sindical. Esa dinámica, sostuvo, terminó debilitando la posibilidad de consolidar un modelo de gestión enfocado en productividad y desarrollo a largo plazo.
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