Obras rápidas, riesgo caro: la discusión que se abre por los caminos rurales
El debate por los caminos rurales bonaerenses sumó un nuevo capítulo. Mientras varios municipios buscan mecanismos más ágiles para mejorar la transitabilidad y permitir que productores o vecinos financien intervenciones de manera directa, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires salió a marcar una advertencia de fondo: si esas obras se ejecutan sin profesionales matriculados, el remedio puede terminar multiplicando el problema.
La discusión aparece en un contexto sensible para el interior productivo. En distintos distritos, las lluvias, el deterioro vial, la falta de mantenimiento y los reclamos por la tasa vial empujaron a municipios y productores a buscar salidas rápidas.
Algunos municipios ya aprobaron o tienen en estudio ordenanzas locales vinculadas con la antigua pero vigente Ordenanza General 165/73, que regula obras públicas municipales y contempla la posibilidad de contratos directos entre vecinos y empresas constructoras.
El punto que preocupa a los ingenieros no es la participación de los propietarios ni la búsqueda de financiamiento alternativo. Desde la entidad que preside Jorge Castellano celebran que se generen herramientas para ejecutar obras impulsadas por productores y vecinos.
Pero advierten que algunas normas locales dejarían abierta la posibilidad de realizar trabajos técnicamente complejos sin exigir de manera expresa la intervención de ingenieros civiles, viales o hidráulicos con incumbencia específica y matrícula habilitante.
El riesgo de hacer barato lo que después sale caro
El Colegio sostiene que las mejoras sobre caminos rurales no pueden resolverse sólo con maquinaria y buena voluntad. En muchos casos, una intervención mal diseñada puede alterar escurrimientos, empeorar anegamientos, acelerar el deterioro del camino o afectar campos linderos y terceros. Por eso reclama estudios topográficos, hidráulicos y estructurales antes de avanzar con obras sobre la red pública.
La advertencia apunta especialmente a aquellas ordenanzas que delegan en áreas administrativas municipales la decisión de determinar, según la “complejidad” de cada obra, cuándo sería necesaria la intervención de profesionales.
Para la institución, ese criterio es insuficiente desde lo formal y también desde lo práctico: sin respaldo técnico, la inversión de vecinos y productores puede perder durabilidad, eficiencia y control legal.
“Si no se quiere gastar dinero sin sentido se debe comprender que estas obras no consisten en alquilar una motoniveladora y volver a conformar el suelo para tener el mismo problema luego de un par de lluvias”, señalaron desde el Colegio.
En la misma línea, remarcaron que los caminos deben proyectarse para brindar acceso “en todo clima”, por lo que la presencia de profesionales matriculados “no es un requerimiento burocrático, sino que es una necesidad porque es el profesional quien brinda la garantía técnica y legal para todas las partes involucradas”.
La Ordenanza General 165/73, sancionada en 1973 y vigente para todos los partidos bonaerenses, establece mecanismos para obras públicas municipales, incluidos contratos directos entre vecinos y empresas constructoras, siempre bajo intervención y aprobación municipal.
También exige proyectos, memoria descriptiva, planos, presupuesto, especificaciones técnicas, plan de trabajos, recepción provisoria y definitiva, garantías y responsabilidad de la empresa ejecutante.
Además, en el caso de obras de pavimentación, la norma contempla requisitos como análisis de suelos, determinación de rasantes, cotas de cunetas, perfiles longitudinales, delimitación de cuenca y desagües pluviales. Ese punto se vuelve central para el debate actual: los caminos rurales no son apenas una traza de tierra, sino parte de un sistema donde el agua, la carga, el tránsito y la producción se cruzan todos los días.
La presión del interior productivo
La preocupación técnica se suma a una agenda más amplia. Días atrás, el Colegio de Ingenieros ya había reclamado reactivar obras de hidráulica y energía, y había advertido que no puede haber sectores del campo que, “en vísperas de una cosecha récord”, no puedan sacar su producción “en cualquier clima y en todo momento”. Según la entidad, en la provincia hay más de 100 mil kilómetros de caminos y casi 80 mil son municipales.
El debate también llegó a la Legislatura bonaerense con el proyecto de la diputada provincial Silvina Vaccarezza, del bloque UCR-Cambio Federal, para crear el Índice de Transitabilidad de Caminos Rurales. La iniciativa busca medir con parámetros técnicos el estado de la red vial rural, transparentar la asignación de recursos y publicar datos cada 180 días.
En paralelo, la Provincia puso en marcha el Plan Director de Caminos Rurales, impulsado por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, para ordenar una red de más de 120 mil kilómetros, de los cuales cerca del 90% son de tierra.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Claudio Velazco, ingeniero hidráulico y civil, advirtió que incluso las mejoras en caminos rurales requieren planificación técnica para evitar el mal uso de los fondos disponibles: “Una forma de optimizar esos recursos que vayan con buena voluntad y disposición, querer invertir desde el municipio, debe pasar por el análisis, la revisión de un profesional idóneo”.