La VTV abre un nuevo frente de batalla: el PRO presiona y la Provincia planta bandera
La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con una profunda reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) abrió un nuevo foco de tensión política en la provincia de Buenos Aires. Lo que en la Casa Rosada presentan como una medida destinada a ampliar la competencia, reducir costos y facilitar trámites, en el gobierno de Axel Kicillof es interpretado como una flexibilización que puede afectar los estándares de seguridad vial.
La disputa ya desembarcó en la Legislatura bonaerense. Senadores del PRO salieron a reclamar que la Provincia adhiera a las modificaciones impulsadas por Nación, mientras que desde el Ejecutivo provincial dejaron en claro que el nuevo esquema no será aplicado en territorio bonaerense.
Entre otros cambios, la normativa nacional establece que los usuarios podrán acordar libremente el precio de las inspecciones con cada taller habilitado, eliminando referencias a tarifas reguladas por el Estado nacional.
Sin embargo, la medida tiene una limitación clave: las provincias conservan sus facultades para regular y fiscalizar el tránsito dentro de sus jurisdicciones. Por eso, la implementación efectiva del nuevo modelo dependerá de la adhesión de cada distrito.
La ofensiva del PRO en la Legislatura
Apenas se conoció la reglamentación nacional, el senador bonaerense Guillermo Montenegro presentó un proyecto para que la provincia adhiera al nuevo régimen. En los fundamentos de la iniciativa, sostuvo que la reforma representa "una actualización tan necesaria como postergada" y cuestionó el funcionamiento del sistema vigente.
Montenegro argumentó que el esquema actual se sostiene sobre un número limitado de plantas concesionadas por largos períodos de tiempo, mientras el parque automotor bonaerense creció de manera sostenida durante las últimas décadas.
Actualmente, la provincia cuenta con 54 plantas fijas y 11 móviles para atender la demanda de los 135 municipios bonaerenses, una situación que, según la oposición, genera dificultades para conseguir turnos y obliga a miles de conductores a recorrer largas distancias para cumplir con el trámite obligatorio.
La misma postura expresó el presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, quien volvió a impulsar un proyecto de su autoría para modificar el sistema.
"Lo que hoy está haciendo Nación confirma algo que venimos planteando hace tiempo: la VTV necesita modernizarse. Hace falta más competencia, más talleres habilitados, menos burocracia y un sistema que le facilite la vida a los vecinos en lugar de complicársela", sostuvo el legislador.
Desde el PRO consideran que la apertura del mercado permitiría mejorar la cobertura territorial, reducir tiempos de espera y generar
La respuesta de Kicillof
La reacción del gobierno bonaerense fue inmediata. El ministro de Transporte, Martín Marinucci, descartó cualquier posibilidad de adhesión y defendió la continuidad del esquema actual. "En la Provincia, la reforma de la VTV que plantea el Gobierno no se va a aplicar", afirmó el funcionario.
La posición oficial se apoya en dos argumentos centrales. Por un lado, la autonomía provincial para establecer las condiciones de control vehicular. Por otro, la convicción de que la revisión técnica constituye una herramienta esencial para prevenir siniestros viales.
"Es una irresponsabilidad flexibilizar controles", sostuvo Marinucci, quien remarcó que la inspección periódica permite detectar fallas mecánicas que pueden derivar en accidentes graves.
El ministro también vinculó la discusión con la situación de la infraestructura vial nacional. "No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos", cuestionó.
En el Ejecutivo bonaerense aseguran que los controles técnicos realizados bajo el nuevo esquema nacional no tendrían validez automática dentro de la provincia mientras no exista una adecuación normativa local. Incluso advierten que un vehículo radicado en Buenos Aires que realice la revisión en un taller habilitado exclusivamente por Nación podría enfrentar observaciones durante controles de tránsito provinciales.
Detrás del debate técnico aparece una discusión política e ideológica más profunda. Para el gobierno nacional y la oposición bonaerense, el sistema vigente refleja un modelo excesivamente regulado, con pocos actores habilitados y dificultades para responder a la demanda creciente de usuarios.
Para la administración de Kicillof, en cambio, la prioridad pasa por garantizar controles homogéneos y evitar que la lógica de mercado termine debilitando los mecanismos de fiscalización.
La controversia también reabre viejos cuestionamientos sobre el régimen de concesiones vigente en la provincia. Mientras sectores opositores denuncian falta de competencia, dentro del peronismo existen voces que incluso plantean avanzar hacia una mayor intervención estatal en la prestación del servicio.