Política Por: Pamela Orellana08 de junio de 2026

El gobierno de Kicillof espera el IPC y abre otra ronda salarial con docentes y estatales

Con la inflación de mayo como referencia, la negociación bonaerense vuelve a moverse entre la presión de los gremios por recuperar ingresos y el margen fiscal de una gestión golpeada por el recorte de fondos nacionales.
Sala de Paritarias

La negociación salarial bonaerense entra en una semana de definiciones para el gobierno de Axel Kicillof. La Provincia convocó a los gremios docentes y a los sindicatos estatales para este jueves 11 de junio, el mismo día en que el INDEC difundirá el Índice de Precios al Consumidor de mayo, dato que el Ejecutivo esperaba antes de poner sobre la mesa una nueva propuesta de recomposición.

La convocatoria docente fue confirmada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que informó que la reunión se realizará a las 14. Dos horas más tarde, a las 16, será el turno de los estatales de la Ley 10.430, con la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). También fueron citados los sindicatos del Frente Gremial Docente.

El IPC marca el ritmo

La decisión de reunir a docentes y estatales el mismo día de la publicación del IPC no es casual. En la administración bonaerense habían anticipado que no reabrirían la discusión antes de conocer el índice de mayo.

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Ese dato servirá para calibrar una oferta que deberá moverse entre dos necesidades: sostener los ingresos de los trabajadores y administrar una caja provincial afectada por la caída de recursos y el recorte de transferencias nacionales.

La última reunión entre funcionarios y representantes gremiales tuvo un perfil básicamente informativo. Según pudo reconstruir este medio, los equipos económicos explicaron la situación financiera de la Provincia y los motivos por los cuales durante mayo no se otorgaron nuevos incrementos. Ahora, la expectativa está puesta en si el Ejecutivo consigue acercar una propuesta que permita empezar a achicar la diferencia acumulada frente a los precios.

Hasta el momento, los estatales bonaerenses acumulan una recomposición salarial del 9% durante 2026, mientras que la inflación acumulada ya supera ese porcentaje y ronda el 12%, según los datos que atraviesan la negociación. Ese desfasaje es el argumento central de los gremios para pedir una actualización que no se limite a empatar el mes, sino que empiece a recuperar lo perdido.

Reclamos salariales y laborales

En el caso de ATE bonaerense, la agenda llegará cargada. Claudio Arévalo, titular del gremio en la Provincia, sostuvo en una entrevista reciente que la postura será “recuperar el poder adquisitivo en los salarios que venimos perdiendo debido a la inflación” y reclamar un “aumento de emergencia” para los trabajadores que menos cobran.

El dirigente también anticipó planteos por pases a planta permanente, condiciones laborales y el fin de becas y contratos precarizados. “Es importante seguir discutiendo esta nueva etapa de estabilidad laboral, con los pases a planta que ya está dando la Provincia”, señaló Arévalo.

El Gobierno, por su parte, analiza una propuesta de mayor duración que las últimas rondas. En La Plata trabajan con la idea de un entendimiento de entre tres y cuatro meses, para evitar reaperturas mensuales y darle previsibilidad a la administración provincial. La discusión, sin embargo, no será sencilla: los gremios insisten en que cualquier esquema debe incluir una mejora capaz de compensar la pérdida acumulada.

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Otro punto que aparece prácticamente definido en el Ejecutivo es el formato de la oferta. Aunque algunos sectores vienen pidiendo incrementos más altos para las categorías de menores ingresos, la Provincia se inclinaría por mantener un criterio uniforme para toda la administración pública, con cláusula de revisión si la inflación queda por encima de lo previsto.

La pelea con Nación pesa

La paritaria se dará, además, en medio de la disputa judicial que la Provincia mantiene con el gobierno de Javier Milei por fondos que, según sostiene la administración bonaerense, fueron retenidos de manera indebida.

Uno de los expedientes tendrá movimiento el 10 de junio, cuando la Nación deba presentar ante la Corte Suprema una propuesta por la deuda previsional vinculada a las transferencias del sistema jubilatorio administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS).

El reclamo previsional supera los $2,3 billones y forma parte de un paquete de demandas que, según afirmó Kicillof, acumulan más de $15 billones. Tras la audiencia de abril ante el máximo tribunal, el gobernador sostuvo que la Nación y la ANSES asumieron el compromiso de presentar una propuesta concreta de pago.

En paralelo, los tiempos administrativos apuran la discusión: la Provincia suele comenzar la liquidación de haberes a mediados de cada mes, por lo que un acuerdo para impactar en junio debería cerrarse rápido después de conocerse el IPC.

Todavía no está definido si la oferta incluirá un aumento para el sueldo de junio que también mejore el medio aguinaldo; desde ATE esperan una propuesta que permita “combatir la pulverización del salario por las políticas de ajuste del gobierno nacional, la quita de coparticipación y demás” y “llevarle tranquilidad a la familia estatal”.

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