Política Por: Pamela Orellana18 de junio de 2026

Francisco Adorni, de las rectificaciones patrimoniales al pedido de indagatoria federal

La investigación sobre el diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un giro fuerte: la fiscalía apunta a presuntas falsedades y omisiones en sus bienes declarados. El expediente revisa más de diez correcciones, cuentas no informadas y movimientos patrimoniales entre 2024 y 2026.
Francisco y Manuel Adorni.

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la declaración indagatoria de Francisco Adorni, diputado provincial de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas.

El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, y apunta especialmente a las presuntas irregularidades en la documentación patrimonial presentada por el legislador entre 2024 y 2026.

Según surge del expediente, la fiscalía considera reunido el grado de sospecha necesario para avanzar sobre el delito previsto en el artículo 268 inciso 3 del Código Penal, que sanciona a los funcionarios públicos que omiten o falsean datos en sus declaraciones juradas.

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En el planteo, Marijuan sostuvo que “el funcionario omitió y falseó datos relevantes en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período en que se desempeñó en el Ministerio de Defensa, ocultando sumas de dinero y cuentas bancarias y falseando montos sobre los que debía declarar con veracidad”.

Las rectificaciones que encendieron la causa

La investigación revisa los movimientos patrimoniales de Francisco Adorni desde su paso como Titular de la Unidad de Auditoría Interna, luego como Auditor Interno Titular de Defensa y finalmente como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, organismo dependiente del Ministerio de Defensa. Después, Adorni asumió como diputado bonaerense por La Libertad Avanza.

El expediente señala que el legislador presentó tres declaraciones juradas oficiales durante su paso por Defensa y el IAF, entre febrero de 2024 y enero de 2026. Según la fiscalía, esas presentaciones tuvieron una cantidad inusual de rectificaciones posteriores, con nuevos datos, cambios de valores e incorporación de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, dinero en efectivo y otros bienes que no habían sido informados originalmente ante la Oficina Anticorrupción.

Uno de los puntos más sensibles apareció después del inicio de la causa judicial. Tal como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, Adorni rectificó su declaración jurada e incorporó $21 millones que atribuyó a una herencia.

En una presentación posterior, consignó dinero en efectivo por $24.500.000, de los cuales esos $21 millones correspondían, según su propia explicación, a la venta de un bien heredado de su padre.

La fiscalía detectó más de diez correcciones realizadas en distintos momentos, todas posteriores al comienzo de la auditoría patrimonial. En la última presentación rectificativa, fechada el 8 de junio de 2026, Adorni declaró varias cuentas y tarjetas adicionales, algunas propias y otras de su cónyuge, que no figuraban en la documentación original.

La casa de City Bell, el crédito y los cambios de números

Los formularios incorporados al expediente muestran variaciones patrimoniales que Marijuan pidió investigar. En 2024, Adorni declaró bienes por $43.790.000 y deudas por $130.000.000. Al cierre de ese mismo año, los bienes informados subieron a $71.000.000 y las deudas bajaron a $60.000.000. Para la fiscalía, esa reducción del pasivo y el incremento patrimonial en un año forman parte de los puntos que deben ser explicados.

Antes de los bitcoins de Manuel, Francisco Adorni volvió a acomodar los papeles.

La deuda hipotecaria con el Banco Provincia fue uno de los focos iniciales del expediente. En una primera declaración, el legislador había consignado una baja de $130 millones a $60 millones en menos de doce meses.

Luego, en rectificaciones posteriores, informó que al comienzo del período adeudaba cerca de $45 millones y que al 31 de diciembre el saldo ascendía a unos $57 millones. En las observaciones, sostuvo que “el saldo del crédito UVA se calcula en función de las cuotas pagas y la amortización”.

También hubo modificaciones en la valuación de la vivienda de City Bell. Según la información incorporada al caso, la participación de Adorni sobre ese inmueble fue declarada con valores distintos en sucesivas presentaciones: primero $77.580.000, luego $130 millones y más tarde $105 millones. En otra rectificación, el 50% de la propiedad pasó de $67.500.000 a $52.600.000.

Antes de los bitcoins de Manuel, Francisco Adorni volvió a acomodar los papeles.

El antecedente administrativo y el frente político

Uno de los argumentos de la fiscalía apunta a la experiencia previa de Adorni en áreas vinculadas con declaraciones juradas. Durante su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense, trabajó en un sector relacionado con ese tipo de documentación.

Por eso, Marijuan planteó que “de modo alguno podría haber desconocido o errado en la confección de sus declaraciones juradas patrimoniales al asumir y desempeñar los cargos jerárquicos, como auditor interno incluso, para los que fue designado en el ámbito del Ministerio de Defensa”.

La causa se había iniciado tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y derivó en pedidos de informes a más de 30 organismos y entidades, entre ellos ARCA, ARBA, AGIP y la Dirección Nacional de Migraciones, con requerimientos sobre declaraciones juradas, impuestos, bienes, movimientos patrimoniales y viajes.

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El expediente también tuvo impacto en el esquema libertario bonaerense. Hasta hace pocos meses, Francisco Adorni aparecía dentro del armado de Karina Milei como posible candidato para disputar la intendencia de La Plata.

Ese escenario quedó atravesado por el avance judicial y por el cruce público con Pagano, quien apuntó contra los hermanos Adorni por presuntas irregularidades vinculadas al IOSFA. El caso, además, quedó cruzado por la situación judicial de Manuel Adorni, cuyo patrimonio también es investigado en los tribunales federales.

El abogado Marcelo Peña, representante legal del diputado, había buscado bajarle el tono a las inconsistencias detectadas. “No fue un error, fue una omisión que ya fue subsanada. Es algo que le pasa a cualquier ciudadano”, dijo en una entrevista reciente. También afirmó que “la cuestión administrativa ya fue subsanada”. Desde el entorno de Francisco Adorni señalaron que “están a disposición de la Justicia desde el primer día” y que “no fueron notificados aún”.

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