Tierras, soberanía y poder: el nuevo frente de disputa entre Milei y Kicillof
A pocos días de que el Senado de la Nación retome el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la reforma impulsada por Javier Milei ya encontró una fuerte resistencia en la provincia de Buenos Aires. Mientras el oficialismo nacional busca flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, el bloque de Unión por la Patria en la Legislatura bonaerense y el Gobierno de Axel Kicillof salieron a defender el esquema vigente.
En ese marco, la bancada oficialista presentó un proyecto para establecer un régimen provincial que limite la titularidad extranjera sobre tierras rurales y preserve los topes que el Gobierno nacional pretende eliminar. En paralelo, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, cuestionó los fundamentos de la reforma, rechazó que favorezca la llegada de inversiones y advirtió que "la soberanía no se negocia ni se entrega".
Rodríguez sostuvo que la reforma impulsada por el Gobierno nacional no responde a una demanda del sector agropecuario y rechazó uno de los principales fundamentos esgrimidos por la administración libertaria: que eliminar restricciones a la compra de tierras por parte de extranjeros permitirá atraer inversiones.
"Este proyecto que el Gobierno llama de inviolabilidad de la propiedad privada es parte de la agenda de debate nacional, pero quiero decir que no es parte de la agenda del sector productivo. Hoy el sector productivo no está viendo el tema de las tierras como una preocupación ni entiende que haya una necesidad como la que el Gobierno quiere señalar", afirmó.
El funcionario también cuestionó la situación económica como marco para sostener ese argumento. "El Gobierno nacional quiere plantear que esta modificación favorecerá las inversiones, pero una vez más elude lo que ocurre en la realidad. La inversión extranjera directa y la inversión productiva están por el piso producto de la caída del consumo, de la demanda y del actual esquema macroeconómico", sostuvo.
Para Rodríguez, flexibilizar el régimen de compra de tierras no implica necesariamente un mayor desarrollo productivo. "Cuando se habla de modificar las condiciones de compra por parte de extranjeros no hay una vinculación con lo productivo ni con la inversión. Conocemos muchas compras de tierras por parte de extranjeros que no tienen un fin productivo", remarcó.
En esa línea, consideró que el oficialismo construye "una falacia" para justificar una reforma que, según su visión, no resolverá los problemas que hoy enfrenta el sector agropecuario.
El proyecto bonaerense que busca blindar las tierras rurales
Las declaraciones del ministro se produjeron en paralelo con la ofensiva legislativa presentada por el bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense.
El proyecto, firmado por Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero, propone establecer un límite del 15% para la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales tanto en el territorio bonaerense como en cada uno de los municipios, retomando el criterio fijado por la Ley Nacional 26.737.
Uno de los ejes centrales es la creación del Registro Provincial de Tierras Rurales, que tendrá la misión de relevar la titularidad de los inmuebles, controlar las operaciones inmobiliarias y garantizar la identificación de los beneficiarios finales en cada transacción.
Además, el proyecto establece que cualquier adquisición, transferencia, cesión de derechos posesorios o cambio de control societario que implique la participación de personas o empresas extranjeras deberá ajustarse a las nuevas reglas provinciales.
La propuesta también apunta a evitar maniobras para eludir la norma mediante la utilización de ciudadanos argentinos o sociedades constituidas en el país como testaferros. En esos casos, la iniciativa considera que se trata de una simulación ilícita y fraudulenta, por lo que los actos jurídicos realizados en esas condiciones serían declarados nulos.
El texto contempla algunas excepciones para ciudadanos extranjeros que mantengan un fuerte vínculo con el país. Quedarían excluidos de las restricciones quienes acrediten diez años de residencia permanente en Argentina; quienes tengan hijos argentinos y demuestren cinco años de residencia continua; y quienes estén casados con ciudadanos argentinos desde hace al menos cinco años y acrediten igual período de residencia en el territorio nacional.
El proyecto toma como referencia la Ley Nacional 26.737, sancionada en 2011, que fijó un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales tanto a nivel nacional como en cada provincia y municipio.
Esa norma también establecía que una misma nacionalidad extranjera no podía superar el 30% del cupo permitido y fijaba límites de superficie para un mismo titular en las zonas de mayor productividad agropecuaria.
Sin embargo, ese esquema quedó en el centro de la discusión tras el DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno nacional dispuso la derogación de la ley. Si bien esa decisión quedó posteriormente suspendida por una medida cautelar que restituyó su vigencia, el Ejecutivo volvió a impulsar modificaciones a través del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El contrapunto con la reforma que impulsa Milei
La iniciativa del Gobierno nacional propone eliminar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, suprimiendo tanto el tope del 15% como las restricciones vinculadas a la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo propietario.
Desde la Casa Rosada sostienen que esos cambios apuntan a fortalecer la seguridad jurídica y mejorar las condiciones para atraer inversiones.
Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires entienden que la reforma implica un cambio de paradigma sobre el control de recursos estratégicos. En los fundamentos del proyecto presentado por Unión por la Patria se recuerda que, según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, existen 834.421 hectáreas en manos extranjeras en territorio bonaerense, equivalentes al 2,89% de la superficie rural provincial. No obstante, algunos distritos muestran porcentajes considerablemente superiores, como Campana, donde la titularidad extranjera alcanza el 50,2%, y Zárate, con el 24,8%.
Con ese diagnóstico, el oficialismo bonaerense sostiene que la Constitución Nacional reconoce a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales y que Buenos Aires posee facultades para establecer un régimen propio de control sobre la propiedad y posesión de tierras rurales.