Del acampe a la Legislatura: pagos, prestaciones y fondos en la disputa por IOMA
IOMA volvió a concentrar reclamos de afiliados, familias y prestadores. El episodio más reciente ocurre frente a su sede de La Plata, donde acompañantes terapéuticos y domiciliarios iniciaron un acampe por honorarios que, según denunciaron, acumulan más de tres meses de demora. Dos familias viajaron 374 kilómetros desde Mar del Plata para llevar el planteo al organismo que preside Homero Giles.
La protesta se enlaza con pedidos por coberturas, medicamentos y autorizaciones, mientras la Legislatura bonaerense acumula iniciativas para declarar la emergencia, modificar la conducción o exigir explicaciones. El Gobierno provincial rechaza las acusaciones de vaciamiento y defiende la gestión de IOMA, que brinda cobertura a más de dos millones de afiliados.
Familias en la vereda
El grupo llegó el jueves a las 10 a la sede de la calle 46, entre 12 y 13. Ángeles, una de las manifestantes, afirmó que ningún funcionario se acercó ni ofreció una fecha de pago. Cuatro personas pasaron la noche en la vereda; una mujer con discapacidad y su madre adulta mayor consiguieron alojamiento por gestiones ajenas al instituto. Marcela Vasallo anticipó que podrían permanecer hasta el lunes si no reciben una respuesta.
En Mar del Plata, al menos quince acompañantes se manifestaron frente a la delegación y cuestionaron la respuesta de su directora regional, Celeste Lazo. Los prestadores remarcaron que trabajan como monotributistas, afrontan sus aportes y carecen de respaldo ante las demoras.
El reclamo ya había llegado el 25 de julio a la Gobernación. Acompañantes de distintos distritos exigieron la sanción definitiva de la Ley de Acompañamiento Terapéutico, la regularización de pagos de IOMA e Incluir Salud, actualización de aranceles, capacitación gratuita y un marco profesional. Días antes, cuidadores y asistentes habían ubicado el inicio de algunas deudas en mayo, en contraste con la estimación de Giles de que las facturas se liquidan en unos 40 días.
Otra protesta en Mar del Plata reclamó investigar la muerte de Silvia Nancy González. Su hija atribuyó el desenlace a presuntas fallas en la atención, cuestionó al Sanatorio Avenida y mencionó a Ariel Gaggero Puig como su último contacto con el organismo. Son acusaciones familiares sin determinación administrativa o judicial.
Una Legislatura cargada de proyectos
La senadora radical Nerina Neumann presentó un pedido de informes y una declaración de emergencia. En Diputados, Diego Garciarena, jefe de UCR Cambio Federal, Silvina Vaccarezza y Matías Civale impulsaron la interpelación de Giles, con las firmas de Andrés De Leo, de la Coalición Cívica, y los legisladores del PRO Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello.
El jefe libertario en el Senado, Carlos Curestis, propuso intervenir el organismo y declarar la emergencia sanitaria, económica, financiera y operativa. Alejandra Lordén, Priscila Minnaard y Valentín Miranda, de la UCR, promovieron una comisión bicameral de seguimiento y normalización. Los diputados del Frente de Izquierda Mónica Schlotthauer y Christian “Chipi” Castillo plantearon una emergencia por 180 días y un directorio de 24 integrantes elegidos por los afiliados.
Ese último texto ordenaría transferir los aportes directamente a IOMA antes del día 15 de cada mes, garantizar la continuidad de tratamientos, impedir cobros indebidos y priorizar deudas con acompañantes, transportistas, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos y pequeños prestadores.
La sesión especial del 8 de junio reunió quórum opositor, pero las iniciativas, sin dictamen previo, requerían dos tercios y no fueron aprobadas. El pedido había sido acompañado por 47 diputados, entre ellos Rabinovich, Garciarena, Lordén, Agustín Romo, Martín Rozas y De Leo.
El malestar por los pagos provinciales también derivó en un pedido del senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, jefe del bloque Hechos, sobre deudas con proveedores y una eventual cancelación mediante títulos. Guillermo Siro, presidente de CEPBA, afirmó que algunas empresas evitan venderle a la Provincia por las condiciones de cobro.
La discusión por los fondos
Mónica Amábile, secretaria de Salud y Servicios Sociales de SUTEBA La Matanza, denunció demoras en medicamentos y prácticas, en especial oncológicas, y cuestionó que los aportes pasen por el Ministerio de Economía antes de llegar al instituto. Además, reclamó abrir los libros y dar participación directa a trabajadores y usuarios.
En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el diputado provincial de la Coalición Cívica Luciano Bugallo sostuvo que IOMA aparece de manera constante en los reclamos que recibe. Acusó al Ejecutivo de destinar fondos a gastos corrientes y afirmó: “IOMA es una caja sin fondo”. El senador nacional y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, responsabilizó a Axel Kicillof por el funcionamiento de la obra social.
Desde el oficialismo, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, rechazó las denuncias, pidió responsabilidad a la oposición y defendió la gestión del instituto. Giles sostuvo que el plazo estimado de liquidación es de 40 días. Frente a la sede central, Vasallo resumió el reclamo de quienes esperan una definición: “El destrato es desmedido”.