Rutas privatizadas y menos empleo: cómo avanza la motosierra de Milei sobre los corredores bonaerenses

La privatización de los corredores viales impulsada por el gobierno de Javier Milei comenzó a mostrar uno de sus efectos más sensibles: la reducción de puestos de trabajo en distintas estaciones de peaje y servicios asociados. Mientras la Casa Rosada presenta el proceso como parte de una transformación destinada a atraer inversiones privadas y modernizar la infraestructura, en el centro de la provincia de Buenos Aires crece la preocupación por las consecuencias laborales que acompañan el cambio de modelo.

La situación se volvió especialmente visible en la estación de peaje de Hinojo, sobre la Ruta Nacional 226, donde alrededor de 70 trabajadores dejarán de prestar servicios a partir del 30 de junio. El escenario se replica en otras localidades de la región y forma parte de una reestructuración más amplia que acompaña el traspaso de corredores administrados por el Estado hacia operadores privados.

La delegada del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) en Azul, Verónica Colman, confirmó que unas 120 familias vinculadas a la actividad vial en la región se verán afectadas por el proceso. 

La dirigente señaló a LU10 Radio Azul que la reorganización alcanza no solo a quienes cumplen funciones en las cabinas de peaje, sino también a trabajadores vinculados a la asistencia vial, balanzas de control de cargas, grúas, mantenimiento y otras áreas operativas que históricamente dependieron de la empresa estatal.

En el caso de Hinojo, los empleados afectados incluyen operadores viales, cajeros, supervisores, técnicos de soporte, personal de maestranza y trabajadores de balanza. Muchos de ellos residen en Olavarría, Hinojo y Colonia Hinojo, localidades donde el impacto económico trasciende la pérdida de los puestos de trabajo y alcanza a las economías familiares y comerciales de la zona.

Menos personal y más tecnología

Detrás de los despidos aparece una transformación más profunda vinculada al funcionamiento futuro de las concesiones.

Los nuevos pliegos licitatorios contemplan una expansión de los sistemas automatizados de cobro mediante TelePASE y otras herramientas tecnológicas que reducen la necesidad de operadores en cabina. Se trata de un esquema que apunta a disminuir costos operativos y agilizar la circulación vehicular, pero que también modifica la estructura laboral que sostuvo durante años la prestación del servicio.

Trabajadores consultados por medios regionales reconocen que la principal incertidumbre gira en torno a la cantidad de personal que demandarán las nuevas concesionarias.

“Ahora hay que ver qué va a pasar después con la empresa nueva”, señalaron desde el sector. La preocupación crece porque la automatización aparece como uno de los pilares centrales del nuevo sistema.

La transformación no se limita al cobro de peajes. Según advirtió Colman, el proceso también podría modificar servicios estratégicos que actualmente presta Corredores Viales, como la asistencia en ruta, el traslado de vehículos averiados mediante grúas y los controles de peso para el transporte de cargas.

La cuestión adquiere especial relevancia en una región atravesada por la actividad minera y cementera, donde circula diariamente una importante cantidad de transporte pesado.

Las nuevas concesiones prevén además la incorporación de dispositivos tecnológicos para el monitoreo del tránsito y el control de velocidades, una herramienta que podría absorber parte de las tareas actuales, aunque con una dotación de personal considerablemente menor.

El avance del plan privatizador de Milei

La reestructuración laboral se inscribe dentro de una política más amplia impulsada por la administración libertaria. El proceso comenzó formalmente con el Decreto 97/2025, que autorizó la privatización total de Corredores Viales S.A. mediante el sistema de concesión de obra pública por peaje. Posteriormente, el Ministerio de Economía avanzó con distintas etapas de licitación que abarcan miles de kilómetros de rutas nacionales.

En mayo, la cartera que conduce Luis Caputo adjudicó por 20 años el Corredor Atlántico a un consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco. El tramo incluye sectores estratégicos de la Ruta Nacional 226 entre Mar del Plata y Bolívar.

Meses después, el Gobierno profundizó la iniciativa mediante nuevas licitaciones para otros corredores distribuidos en distintas regiones del país. La estrategia se apoya en uno de los ejes centrales de la gestión de Milei: reducir la participación directa del Estado en actividades consideradas susceptibles de ser administradas por el sector privado.

Mientras avanzan las nuevas adjudicaciones, la situación de Hinojo aparece como una muestra anticipada de los efectos que podría generar el proceso en otros puntos del país.

Los trabajadores ya recibieron sus indemnizaciones y aguardan el final de junio sin certezas sobre una eventual reincorporación. Al mismo tiempo, las empresas que asumirán el control de los corredores preparan estructuras operativas apoyadas en una mayor automatización y en esquemas laborales más reducidos.

La discusión ya no pasa únicamente por quién administra las rutas nacionales. El interrogante que empieza a emerger es cuánto empleo demandará el nuevo sistema y cuál será el costo social de una transformación que el Gobierno presenta como sinónimo de eficiencia, pero que en distintas localidades comienza a traducirse en despidos, incertidumbre y preocupación por el futuro laboral.