Emergencia judicial en la Provincia: el giro de Kicillof que fortalece el rol operativo de la Suprema Corte
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, avanzó con una decisión que reconfigura el esquema de intervención sobre la infraestructura judicial en Mar del Plata. A través del Decreto 700/2026, publicado en el Boletín Oficial, se autorizó al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a delegar en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el estudio, la ejecución y la fiscalización de obras en edificios del Departamento Judicial marplatense.
El movimiento administrativo, refrendado por los ministros Gabriel Katopodis y Carlos Bianco, se inscribe en un contexto de emergencia edilicia vigente desde la Ley 13.795 y sus prórrogas, que declara en crisis la infraestructura del Poder Judicial bonaerense.
Según los fundamentos oficiales, la medida responde al estado de deterioro de diversos inmuebles judiciales, muchos de ellos con valor patrimonial y arquitectónico. El Ejecutivo provincial remarcó que las condiciones actuales de esos edificios vuelven “urgente” una intervención para garantizar su funcionamiento.
En ese marco, se destacó que la Suprema Corte había adquirido años atrás propiedades en Mar del Plata para atender necesidades operativas del sistema de Justicia, pero que el estado de conservación y las limitaciones contractuales vigentes impedían avanzar con obras de mayor escala sin una reformulación del esquema de ejecución.
La decisión apunta justamente a destrabar ese cuello de botella administrativo, habilitando al máximo tribunal a asumir tareas que, hasta ahora, dependían de la órbita del Ministerio de Infraestructura.
La Corte bonaerense gana margen operativo
El punto más relevante del decreto es el refuerzo del rol operativo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que pasa a tener mayores facultades para conducir proyectos de infraestructura propios.
La medida se apoya en la normativa que regula la emergencia edilicia y en antecedentes previos de delegación de funciones, como el Decreto 1798 de 2015, que había habilitado mecanismos similares ante situaciones críticas en el sistema judicial.
Desde el Ejecutivo provincial sostienen que la complejidad técnica y contractual de las obras en Mar del Plata excede las capacidades de contratación directa del tribunal, lo que justifica la intervención del Ministerio para transferir funciones específicas.
El antecedente inmediato del conflicto actual remite a un proceso de adquisición de inmuebles por parte de la Corte en distintos departamentos judiciales. En Mar del Plata, en 2023, se concretó la compra de dos propiedades patrimoniales —Villa Devoto y Villa de Bary— ubicadas en cercanías de Tribunales, con una inversión cercana a los dos millones de dólares, además de la incorporación de otro inmueble en Entre Ríos 2262.
A pesar de esas operaciones, la situación edilicia continúa siendo crítica. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) viene alertando sobre el deterioro generalizado de edificios judiciales en la provincia, con advertencias sobre condiciones de trabajo que, en algunos casos, comprometen la salud de los trabajadores.
Un esquema que se proyecta al futuro
El decreto también se interpreta como parte de un esquema más amplio de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, en un contexto donde la Provincia busca acelerar la ejecución de obras consideradas prioritarias para el funcionamiento del sistema de Justicia.
La medida se suma a otras iniciativas recientes de la Suprema Corte, como la elaboración de un reglamento para el uso de inteligencia artificial en los tribunales bonaerenses, donde el máximo tribunal reafirmó que la función jurisdiccional es indelegable e insustituible, marcando un criterio de control humano sobre el avance tecnológico en el sistema judicial.
En ese marco, la decisión sobre infraestructura refuerza la tendencia a ampliar el margen de gestión interna del Poder Judicial, en paralelo a la necesidad del Ejecutivo provincial de ordenar la ejecución de obras en un contexto de restricciones presupuestarias y alta demanda de intervención edilicia.