Paro judicial en la Provincia: las claves del choque con la Suprema Corte

La tensión dentro del Poder Judicial bonaerense sumó un nuevo capítulo y amenaza con profundizarse. En un escenario atravesado por la pérdida de poder adquisitivo y reclamos estructurales sin resolver, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) decidió avanzar con una medida de fuerza que impactará en los tribunales de toda la provincia. El paro con retiro desde las 12 del 15 de abril no solo expresa el malestar acumulado: también marca un cambio de tono en la disputa, ahora dirigida de manera directa hacia la Suprema Corte.

A diferencia de otros conflictos salariales en la provincia de Buenos Aires, esta vez el foco no está puesto en el Poder Ejecutivo sino en el máximo tribunal. La AJB exige que la Suprema Corte asuma decisiones que considera “de su exclusiva responsabilidad”, lo que deja al descubierto una tensión institucional menos habitual pero cada vez más visible.

El reclamo no es nuevo, pero sí se volvió más urgente. Tras la jornada de protesta del 8 de abril sin respuestas concretas, el gremio resolvió escalar el plan de lucha. En ese contexto, la falta de avances en las negociaciones expuso un problema de fondo: la dificultad del sistema judicial para dar respuestas ágiles a demandas internas que impactan directamente en su funcionamiento cotidiano.

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El deterioro del poder adquisitivo aparece como el principal motor del conflicto. Desde la AJB advierten que la caída salarial ya es “dramática” y que afecta con mayor fuerza a los sectores más bajos del escalafón.

Pero el problema no es solo la inflación. Dentro del propio Poder Judicial conviven realidades distintas: mientras algunos sectores cuentan con mecanismos más dinámicos de actualización, los trabajadores judiciales denuncian haber quedado rezagados. Esa brecha interna alimenta el malestar y potencia el reclamo por medidas que permitan recomponer ingresos sin depender exclusivamente de paritarias tradicionales.

Subcategorías y carrera judicial, el eje de la discusión

En ese marco, la implementación de subcategorías aparece como una de las principales demandas. El gremio plantea que este sistema permitiría generar escalones intermedios dentro de cada cargo, habilitando mejoras salariales sin necesidad de ascensos formales.

La propuesta incluye, entre otros puntos, la creación de la subcategoría E para trabajadores con menos de diez años de antigüedad y el reconocimiento de adicionales como la permanencia en el cargo. También se suma el reclamo por la aplicación de acuerdos vigentes —como el 4093— para jubilados y pensionados.

Más allá del impacto inmediato en los ingresos, la discusión remite a un problema estructural: la falta de actualización de la carrera judicial. Para la AJB, la ausencia de mecanismos de progreso interno genera estancamiento y desincentiva el desarrollo profesional dentro del sistema.

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El conflicto también incluye demandas vinculadas al funcionamiento general del Poder Judicial. El gremio reclama la institucionalización de una mesa técnica de carrera judicial para avanzar en reformas integrales, así como la creación de un espacio específico para abordar los problemas de infraestructura.

A esto se suman pedidos concretos como la cobertura de cargos vacantes, mejoras en las condiciones de seguridad en sedes judiciales y el respeto de la jornada laboral. Se trata de un conjunto de reclamos que exceden lo salarial y apuntan a las condiciones de trabajo en un sistema que arrastra déficits desde hace años.

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La medida del 15 de abril tendrá impacto en los 20 departamentos judiciales de la provincia, con demoras en la atención, suspensión de audiencias y ralentización de expedientes, especialmente durante el turno tarde.

Sin embargo, el paro aparece más como un punto de partida que de llegada. Desde la AJB ya anticiparon que, si no hay respuestas en el corto plazo, el conflicto podría endurecerse. La advertencia es clara: no habrá margen para dilaciones ni soluciones parciales.

En ese escenario, la disputa abre un interrogante más amplio sobre la gobernabilidad interna del Poder Judicial bonaerense y su capacidad para procesar demandas en un contexto económico cada vez más complejo. La resolución —o profundización— del conflicto no solo impactará en los trabajadores, sino también en el funcionamiento de un servicio clave para la ciudadanía.