El massismo se mete en el debate por las armas no letales y mueve el tablero de la seguridad bonaerense
El debate por la seguridad bonaerense sumó un giro: un diputado del oficialismo provincial y referente del Frente Renovador presentó un proyecto para habilitar el uso de armas no letales en la Policía bonaerense, una discusión que hasta ahora venía siendo empujada con mayor fuerza por la oposición.
La iniciativa lleva la firma de Carlos Puglelli, legislador de Fuerza Patria, presidente de la comisión de Seguridad y dirigente del massismo. El texto propone modificar la Ley 13.482, que regula la composición, funciones, organización, dirección y coordinación de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
El proyecto suma dos artículos. El primero habilita la utilización de armas incapacitantes para cumplir con los objetivos previstos en la norma vigente. El segundo define como “armas no letales” a aquellas diseñadas para producir efectos temporales sobre el organismo humano, sin causar lesiones permanentes, sean electrónicas o no.
De izquierda a derecha: dispositivo CED tipo Taser, dispositivo eléctrico de contacto directo y lanzador no letal de tipo neumático.
El oficialismo toma una agenda ajena
En los fundamentos, Puglelli sostiene que la Provincia necesita un marco normativo específico para el empleo de estos dispositivos, con capacitación, control y reglamentación. La propuesta retoma proyectos anteriores del propio legislador y fue actualizada con aportes técnicos del “Informe sobre dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea y su incorporación al uso policial en la Argentina”, elaborado en marzo de 2026 por la investigadora Natasa Loizou.
El escrito advierte que hablar solo de “armas electrónicas” deja afuera otros dispositivos no letales, como los de naturaleza neumática, que pueden cumplir funciones de disuasión, inmovilización o neutralización de agresores y que no están regulados expresamente.
Puglelli también remarca que la iniciativa no modifica el régimen nacional de armas ni invade competencias federales. Según plantea, el Decreto Ley N.° 20.429 y su reglamentación ya contempla armas electrónicas no letales de uso permitido, mientras que las provincias conservan la facultad de definir qué medios utilizarán sus fuerzas de seguridad.
El proyecto diferencia los dispositivos electrónicos de contacto directo, cuyo efecto principal es la generación de dolor, de los dispositivos conductores de energía por proyectil, conocidos como CED, diseñados para provocar una incapacitación neuromuscular temporal a distancia.
Taser, intendentes y reforma policial
La jugada del massismo llega cuando la Legislatura ya tiene varios expedientes vinculados a armas no letales. En marzo de 2026, la senadora de La Libertad Avanza María Florencia Arietto volvió a presentar un proyecto para autorizar su uso en fuerzas policiales y de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad bonaerense. El planteo libertario, impulsado desde 2022, perdió estado parlamentario en distintas oportunidades.
Arietto sostuvo que las pistolas Taser podrían reducir personas que cometan delitos con menor riesgo de causar lesiones graves y disminuir la posibilidad de que los agentes enfrenten procesos judiciales por su accionar. También citó el programa “Estaciones Seguras”, promovido por Patricia Bullrich, que habilitó el uso de estos dispositivos por parte de la Policía Federal.
En agosto de 2025, Marcelo Leguizamón, senador de Hechos – UCR Identidad, renovó su reclamo para tratar una iniciativa propia sobre Taser y cuestionó a Axel Kicillof por rechazar ese tipo de armamento. Su proyecto planteaba capacitación obligatoria, renovación anual de certificaciones y supuestos taxativos de uso, como legítima defensa, delitos flagrantes o agresores armados.
Antes, en junio de 2024, La Libertad Avanza y el extinto PRO Libertad habían presentado una propuesta conjunta, basada en una iniciativa de 2022 del entonces diputado Nahuel Sotelo, para habilitar pistolas Taser únicamente a efectivos especialmente capacitados.
El mapa que rodea a Kicillof
El avance de estos proyectos se cruza con la reforma integral de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, anunciada por Kicillof en la apertura de sesiones ordinarias. Como informamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, el ministro Javier Alonso ya abrió conversaciones con intendentes de distintos espacios para ordenar patrullas municipales, centros de monitoreo, mapas del delito, prevención comunitaria y asistencia a víctimas.
En paralelo, la comisión que preside Puglelli también puso sobre la mesa las policías municipales. El propio diputado impulsa Policías Comunales para distritos de menor escala, Leonardo Moreno propone una Policía Municipal de Proximidad y Juan Esper, titular de Derecha Popular, presentó un esquema de adhesión por convenio entre intendente y Concejo Deliberante, con control funcional, operativo, administrativo y financiero local.
Los jefes comunales también empujan. Ariel Sujarchuk (Escobar) pidió un “marco normativo superior”, Jorge Ferraresi (Avellaneda) destacó el compromiso provincial de llevar una propuesta a la Legislatura y Ramón Lanús (San Isidro) reclamó una Policía Municipal con unidad de mando, autonomía funcional, facultades disciplinarias y estatuto policial.
En ese mapa, Puglelli busca ubicar las armas no letales como un punto intermedio entre la persuasión verbal, el control físico y el arma de fuego, especialmente ante agresores con armas blancas o en zonas urbanas con alta circulación. Pero el texto aclara que no son herramientas inocuas y que deberían usarse ante amenazas reales, actuales e inminentes, con capacitación obligatoria, evaluación psicofísica, trazabilidad y control posterior.