Frente a la ola privatizadora, el peronismo avanza con el blindaje de las empresas públicas bonaerenses
La Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense dio despacho favorable a un proyecto de la legisladora de Fuerza Patria Maite Alvado, referente de La Cámpora, que propone exigir una mayoría de dos tercios para reducir la participación o propiedad de la provincia de Buenos Aires en una empresa. El régimen vigente requiere autorización legislativa, pero no establece esa mayoría agravada.
La iniciativa abrió una disputa que excede el futuro inmediato de ABSA, AUBASA, BAGSA y las demás compañías con presencia provincial. En el fondo, el debate define cuánto margen tendrá el gobierno que asuma en 2027 para desprenderse de acciones estatales, incorporar capital privado o modificar el control público sobre empresas vinculadas con servicios e infraestructura estratégica.
El expediente no impide una privatización ni declara intransferibles los activos. Levanta una barrera política mucho más alta: cualquier venta, cesión o reducción de la presencia estatal necesitaría un acuerdo amplio entre oficialismo y oposición. En una Legislatura fragmentada, alcanzar los dos tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara obligaría a construir consensos que ningún espacio puede garantizar por sí solo.
La votación en comisión anticipó un tablero menos lineal que la pelea tradicional entre peronismo y antiperonismo. Además de Fuerza Patria, acompañaron representantes de UCR–Unión Cívica Radical, Hechos, Nuevos Aires y Unión y Libertad. El PRO y La Libertad Avanza, en cambio, rechazaron la iniciativa y promovieron un dictamen de minoría.
La propuesta aparece cuando la administración de Axel Kicillof profundiza su defensa de las empresas públicas y el gobierno de Javier Milei acelera privatizaciones, concesiones y ventas de activos nacionales. Ese contraste le da al expediente una lectura electoral inevitable: el oficialismo bonaerense busca que un eventual cambio de signo político en 2027 no pueda reducir la participación estatal con una mayoría circunstancial.
El alcance sobre ABSA, AUBASA y BAGSA
El proyecto abarca la participación o propiedad provincial en empresas, un universo que incluye compañías centrales para el funcionamiento de servicios públicos. Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) presta agua potable y saneamiento; Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) administra corredores viales y peajes; y Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA) interviene en la distribución de gas por redes en distintas localidades.
La norma que hoy ofrece el antecedente más directo es la Ley 12.989, mediante la cual se constituyó ABSA. Esa legislación establece que la transferencia al sector privado de cualquier porcentaje de las acciones en poder de la Provincia debe contar previamente con autorización de la Legislatura, pero no exige una mayoría especial. La reforma de Alvado busca convertir los dos tercios en una condición general para reducir participación estatal.
No se trata solamente de quién figura como accionista. Un cambio en la composición del capital puede modificar el control de la empresa, sus prioridades de inversión, el criterio tarifario y la estrategia de expansión. Para el oficialismo, esos efectos justifican que una decisión de largo alcance no quede en manos de una mayoría simple. Para PRO y LLA, una exigencia tan elevada puede bloquear reestructuraciones incluso cuando exista respaldo electoral para realizarlas.
En los fundamentos, Alvado sostiene que el Estado debe garantizar el bienestar de la población y que la Provincia dispone de herramientas para invertir en sectores estratégicos del desarrollo económico. Su planteo es que esas inversiones suelen requerir plazos extensos y no deberían quedar expuestas a la orientación de una sola administración.
“Si como sociedad decidimos que el Estado invierta, es esencial que esa inversión no tenga un horizonte temporal, ya que los bonaerenses no verán los beneficios en el corto plazo. Necesitamos un desarrollo sustentable y duradero para que, cuando estas empresas sean económicamente rentables, no se mercantilicen en beneficios de unos pocos”, argumentó la diputada de la Sexta sección electoral.
La legisladora también recurrió a la experiencia de las privatizaciones para advertir sobre la reducción de costos, el deterioro de la calidad y las barreras de acceso que pueden producirse cuando la prestación responde únicamente a la rentabilidad. El riesgo, según señaló, aumenta en servicios con características monopólicas, donde el usuario no dispone de alternativas reales.
Alvado reivindicó además los esquemas mixtos, con participación pública y privada, y mencionó a YPF como referencia. Desde esa perspectiva, conservar una presencia estatal relevante permitiría controlar operaciones, sostener estándares y orientar inversiones sin excluir necesariamente la intervención de capitales privados.
Una respuesta bonaerense a la ola privatizadora nacional
El telón de fondo es la política aplicada por la Casa Rosada desde la aprobación de la Ley Bases. El Gobierno nacional habilitó procesos de privatización o concesión sobre empresas y activos públicos con el argumento de reducir el peso del Estado, atraer inversiones y mejorar la eficiencia.
Uno de los casos de mayor impacto directo en territorio bonaerense es AySA, que abastece de agua y saneamiento a la Ciudad y a 26 municipios del Conurbano. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó el avance para privatizar el 90% de la compañía, con la búsqueda de un operador privado y una operación que el Gobierno vinculó con la obtención de divisas.
También avanza el traspaso de la gestión vial. La Nación puso en marcha la privatización de Corredores Viales S.A., que administraba alrededor de 6.000 kilómetros de rutas. El esquema prevé concesionar los corredores y disolver la empresa pública, aun después de que la firma registrara superávit financiero durante el primer semestre de 2025.
La iniciativa de Alvado busca impedir que esa orientación pueda replicarse fácilmente en la Provincia. No bloquea la llegada de privados, pero obliga a que cualquier reducción del patrimonio público atraviese una mayoría que exceda al gobierno de turno.
AUBASA, el símbolo de dos modelos enfrentados
AUBASA resume con claridad la disputa. La empresa provincial gestiona la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Autovía 2 y otros corredores del sistema vial bonaerense. Durante la gestión de Kicillof fue utilizada como ejemplo de que una compañía estatal puede administrar rutas, ejecutar obras y competir por nuevas concesiones.
En 2026, la firma se presentó en la licitación nacional para operar tramos de rutas que atraviesan la Provincia. Kicillof incorporó a AUBASA en la pelea por los corredores que Milei busca entregar a operadores privados. La participación bonaerense buscaba disputar más de 1.800 kilómetros y contrastar en el terreno los modelos público y privado.
La Casa Rosada terminó rechazando el recurso administrativo de la empresa mediante el Decreto 411/2026. El Gobierno nacional sostuvo que la oferta no había acreditado requisitos técnicos y financieros, mientras la Provincia denunció cambios e irregularidades en el proceso. El conflicto dejó abierta la vía judicial y profundizó el choque entre Milei y Kicillof por el control de rutas estratégicas.
Una mayoría amplia y un rechazo con identidad política
El despacho fue aprobado en la comisión presidida por el diputado de Fuerza Patria Ariel Archanco. Junto con los representantes oficialistas, acompañaron legisladores de espacios que suelen votar de manera diferenciada: la radical Priscila Minnaard, Manuel Passaglia por Hechos, Fabián Luayza por Nuevos Aires y Sabrina Sabat por Unión y Libertad, según la integración y el resultado informados tras la reunión.
El respaldo transversal le permite al proyecto salir de la lógica de una iniciativa exclusivamente camporista. Sin embargo, todavía deberá superar nuevas instancias: fue girado a Legislación General y luego necesitará aprobación en Diputados y en el Senado. El acompañamiento obtenido en una comisión no garantiza que se mantenga cuando entre en juego la mayoría agravada que la propia norma pretende establecer.
PRO y LLA se opusieron desde el comienzo. Ambos espacios comparten una agenda orientada a reducir estructuras públicas y ampliar la participación privada, aunque no siempre coinciden en el alcance o la velocidad de las reformas. Para esos bloques, exigir dos tercios puede convertir una empresa estatal en una estructura prácticamente inmodificable, incluso si acumula déficit, deteriora su prestación o necesita capital que la Provincia no puede aportar.
La respuesta oficialista es que el proyecto no elimina la revisión ni cierra definitivamente una empresa: obliga a justificar la decisión y construir un consenso institucional proporcional al valor de los activos comprometidos.