Kicillof mete a AUBASA en la pelea por las rutas que Milei quiere privatizar

La disputa por el modelo de gestión de la infraestructura vial sumó un nuevo capítulo. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, decidió anotar a la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) en la licitación que impulsa el presidente Javier Milei para concesionar casi 1.900 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia.

La jugada no pasó inadvertida. En un proceso concebido por la Nación bajo el paraguas de la privatización de corredores hoy administrados por Corredores Viales S.A., la presencia de una firma pública provincial introduce un fuerte condimento político. En La Plata lo definen como una “decisión política” frente al deterioro de las trazas y la paralización de la obra pública nacional.

AUBASA —que actualmente gestiona la Autopista Buenos Aires–La Plata, la Autovía 2 y otras rutas provinciales— se presentó como una de las empresas que compiten por los tramos Sur-Atlántico-Acceso Sur y Pampa, en el marco de la Red Federal de Concesiones (Etapa II), oficializada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 174/2026.

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La Riccheri, la Ruta 3 y peajes más caros

El tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur comprende 1.325 kilómetros e incluye la autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas y sectores de las rutas nacionales 3, 205 y 226. Allí compiten once firmas, entre ellas AUBASA y constructoras vinculadas a grupos empresarios de peso como los de Cristóbal López y Marcelo Mindlin.

En paralelo, el corredor Pampa abarca 546 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa, donde también figura la empresa bonaerense como oferente.

El esquema de adjudicación replica el sistema de doble sobre: primero se evalúan antecedentes técnicos y financieros; luego, sólo las firmas calificadas acceden a la apertura del Sobre 2 con las propuestas tarifarias.

Los pliegos fijan valores tope que podrían impactar de lleno en el bolsillo. En el Acceso Sur —50 kilómetros de la autopista Riccheri–Ezeiza— el peaje máximo para autos fue establecido en $2000 por cabina, frente a los $1500 actuales. En el subtramo Sur —870 kilómetros de las RN 3 y 205— el tope llegará a $4000 por pasada, más del doble del valor vigente.

En el tramo Atlántico de la RN 226 también se fijó un máximo de $4000 y se prevé una nueva cabina en Vallimanca. En el corredor Pampa de la RN 5, el peaje podría trepar hasta $4100, cuando hoy ronda los $1500. Además, se sumarán diez nuevas estaciones y las cabinas deberán reconvertirse en “vías mixtas” con pago manual y automático. Para quienes no utilicen TelePase, la tarifa será el doble.

Si las ofertas quedan por debajo del tope, la concesión será por 20 años y se adjudicará a la tarifa más baja. Si todas cotizan el máximo permitido, se impondrá la empresa que solicite el menor plazo, con un límite de hasta 30 años.

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La respuesta bonaerense y la advertencia judicial

Desde la Provincia sostienen que la presentación de AUBASA responde al “arduo kilometraje” que implican los corredores dentro del territorio bonaerense y al deterioro acumulado tras la paralización de la obra pública nacional.

El presidente de la compañía, José Arteaga, fue claro al explicar el sentido de la movida: “Fundamentalmente es una decisión política de la provincia de Buenos Aires. Tenemos una empresa pública de concesiones de mantenimiento vial, que es AUBASA, con más de 11 años de experiencia”.

En una entrevista radial, añadió: “Han paralizado la obra pública y hay consecuencias terribles en la seguridad vial. Nuestro compromiso es mantener y mejorar, y también construir nuevas conectividades sobre todo en la Ruta 3 que es la que más nos preocupa por su extensión".

La empresa asegura tener en marcha un plan estratégico de más de 24 obras en dos años, con 18 ya en ejecución. Entre los proyectos pendientes figuran la terminación de la Ruta 2 hacia Mar del Plata en 2027 y la ampliación con cuarto carril en la Autopista Buenos Aires-La Plata entre CABA y Hudson, además del distribuidor de City Bell.

En La Plata advierten que una eventual exclusión por cuestiones formales podría interpretarse como una represalia política. En ese escenario, no descartan recurrir a la Justicia mediante una medida cautelar que podría trabar el proceso licitatorio.

El trasfondo excede lo técnico. Si AUBASA supera el filtro administrativo y accede a la apertura del Sobre 2, podría ofertar peajes por debajo de los privados y tensionar la narrativa oficial sobre la superioridad excluyente del modelo privado. Para la Provincia, significaría ampliar su presencia en corredores estratégicos y disputar la gestión en el terreno. Para la Casa Rosada, implicaría convalidar que una empresa pública compita bajo las reglas del mercado que impulsa el propio Gobierno nacional.