Deudas familiares: Diputados avanzó con cuatro proyectos y expuso diferencias en el peronismo
La Cámara de Diputados bonaerense llegó al plenario de este viernes con nueve proyectos para atender el endeudamiento familiar y salió con cuatro textos que buscan llegar al recinto el martes 29 de septiembre. La negociación permitió agrupar iniciativas sobre créditos, cobranzas y reestructuración de deudas, aunque dejó pendiente el programa del Banco Provincia. También expuso diferencias dentro del peronismo sobre quién debe intervenir cuando una familia ya no puede pagar.
La discusión había empezado con un objetivo más amplio: reunir en una sola ley las propuestas que distintos legisladores presentaron frente al aumento de la morosidad. En toda la Legislatura se contabilizaban alrededor de veinte iniciativas entre Diputados y el Senado.
El orden del día de la reunión conjunta de Legislación General y Derechos del Usuario y el Consumidor incluyó nueve expedientes: ocho de legisladores peronistas y uno de la diputada Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal.
El resultado fue un paquete de cuatro proyectos. Uno crea un régimen de tratamiento del sobreendeudamiento con intervención de la Defensoría del Pueblo; otro apunta a prevenir problemas desde la contratación del crédito; un tercero regula las prácticas de cobranza; y el último abre una vía judicial para reestructurar obligaciones de consumo. Todavía deben completar su recorrido por otras comisiones antes de quedar en condiciones de ser votados.
La Defensoría, en el centro de la discusión oficialista
El proyecto que concentró los mayores reparos fue el del presidente del bloque peronista, Facundo Tignanelli, elaborado con el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino. Propone que las personas sobreendeudadas puedan reunir a sus acreedores en una instancia gratuita para renegociar sus obligaciones según su capacidad de pago. Su texto original establece que las cuotas resultantes no superen el 30% del ingreso mensual neto y prevé un Registro Provincial de Prestamistas.
La iniciativa obtuvo despacho, pero no reunió a todo el oficialismo. La diputada Ana Luz Balor se abstuvo porque plantea que la protección al consumidor debe articularse a través de las oficinas municipales de información al consumidor y la Dirección provincial de Defensa del Consumidor. José Galván, vinculado a la vicegobernadora Verónica Magario, también se abstuvo y advirtió sobre una posible controversia respecto de las atribuciones constitucionales de la Defensoría.
A esas abstenciones se sumaron las de Gustavo Cuervo y Viviana Romano, de Nuevos Aires, y la del diputado del Frente de Izquierda Cristian Castillo. Este último pidió que la negociación sea obligatoria para los acreedores, pero optativa para el consumidor, para que la persona endeudada pueda acudir directamente a la Justicia si así lo decide. Los legisladores que objetaron el texto acordaron reunirse el lunes con Tignanelli para intentar incorporar cambios antes de la sesión.
La discusión tiene una consecuencia concreta: otro de los proyectos despachados habilita precisamente una vía judicial sin trámite administrativo previo. Cuervo señaló la diferencia entre ese mecanismo y la instancia ante la Defensoría prevista en el proyecto de Tignanelli.
Créditos, publicidad y cobranzas abusivas
Un segundo texto reunió propuestas de Ariel Archanco, Juan Martín Malpeli, Noelia Saavedra y Balor para modificar la Ley 13.133 de defensa de los consumidores bonaerenses. Busca que quienes ofrecen financiación informen con claridad las condiciones del crédito y regula su publicidad y promoción. También incorpora herramientas de educación financiera y la posibilidad de revisar las condiciones de pago cuando se deteriora la situación económica del deudor.
Saavedra había presentado, además, una iniciativa que aborda los préstamos digitales y las cobranzas abusivas. Su expediente original contempla un registro de proveedores de crédito digital y un programa de alivio para hogares endeudados por consumos esenciales. En el plenario, la diputada defendió la necesidad de que las personas conozcan las condiciones de financiación antes de contratar y puedan reconocer una publicidad engañosa.
El tercer proyecto surgió de la combinación de las iniciativas de Balor y Vaccarezza. Apunta a impedir el hostigamiento durante los reclamos extrajudiciales de deuda y a reforzar la protección de consumidores en situación de mayor vulnerabilidad. Entre las prácticas descriptas durante la reunión aparecieron las llamadas a lugares de trabajo, clubes o escuelas de los hijos para presionar a quienes deben dinero.
La propuesta exige que quien reclame el pago se identifique con nombre, razón social, CUIT y domicilio. Balor también planteó la entrega de un libre deuda en menos de 24 horas cuando la obligación ya fue cancelada. A pedido de Castillo, aceptó incorporar límites a la cantidad de llamadas y responsabilidad para los acreedores por las prácticas de las empresas de cobranza que contraten.
El cuarto texto unificó proyectos de Leonardo Moreno y Malpeli para crear un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo. La propuesta permite acudir a los juzgados de Familia y de Paz sin agotar primero una instancia administrativa. Allí se convocaría a los acreedores para ordenar las obligaciones y buscar un esquema de pago acorde con la situación económica de la persona endeudada.
La salida del Banco Provincia quedó en espera
La iniciativa que no avanzó fue la de Ricardo Lissalde. Su programa proponía que el Banco Provincia otorgara préstamos para cancelar deudas contraídas con otras entidades en condiciones menos gravosas. El expediente original fijaba un monto inicial máximo de tres millones de pesos por beneficiario y un techo para la nueva cuota del 30% del ingreso neto.
El presidente de Legislación General, Rubén Eslaiman, explicó que el banco planteó una diferencia respecto de un artículo sobre intereses y pidió participar de una próxima reunión. Por eso, la alternativa bancaria quedó fuera del paquete que se encamina al recinto.
La oposición tampoco acompañó de manera uniforme los cuatro despachos. La UCR y el PRO se abstuvieron y cuestionaron el tiempo disponible para analizar los textos. La Libertad Avanza votó en contra. El radical Diego Garciarena anticipó que su bloque llevará sus observaciones a la sesión del martes y pidió que el debate contemple también las dificultades de pymes y emprendedores endeudados.
El apuro legislativo coincide con los datos que reunió la Defensoría del Pueblo en una encuesta de 1.408 respuestas de 97 municipios: el 56,6% de los hogares consultados había pedido un préstamo durante el último año y, entre quienes lo hicieron, el 73,5% aún no lo había cancelado.
El 56,9% dijo haber recurrido al crédito para comprar alimentos. Antes de la votación prevista para el martes, la reunión del lunes deberá resolver si el oficialismo llega con un acuerdo sobre el papel de la Defensoría y el acceso directo a la Justicia.