Kicillof acelera la discusión por las policías municipales y la oposición ya juega su propia carta

La discusión por la creación de policías municipales en la provincia de Buenos Aires dejó de ser un reclamo aislado de intendentes y empezó a tomar forma de debate legislativo de alto impacto. Mientras el gobierno de Axel Kicillof trabaja en una reforma integral de la Ley 12.154 de Seguridad Pública, sancionada hace casi tres décadas, la oposición presentó su primer proyecto para institucionalizar fuerzas locales bajo control de los municipios.

La iniciativa fue impulsada por Juan Esper, titular del monobloque Derecha Popular y dirigente oriundo de San Miguel. Su propuesta plantea que cada distrito pueda adherir al régimen mediante un convenio firmado por el intendente y ratificado por el Concejo Deliberante. Una vez cumplido ese paso, la Policía Municipal quedaría bajo dependencia directa del jefe comunal, con control funcional, administrativo, financiero y operativo.

“Es necesario dotar a los municipios de facultades y poderes para la preservación de la tranquilidad y seguridad pública. Para eso el intendente debe tener el control operacional de su propia fuerza policial”, defendió Esper al presentar el proyecto.

Una reforma que Kicillof ya puso sobre la mesa

El movimiento opositor aparece en pleno proceso de negociación entre el Ejecutivo bonaerense y los intendentes. Kicillof anunció en marzo, durante la Asamblea Legislativa, una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública y habilitó al ministro Javier Alonso a abrir una ronda de conversaciones con jefes comunales de distintos espacios políticos.

La Casa de Gobierno busca ordenar una realidad que ya existe en numerosos distritos: patrullas municipales, centros de monitoreo, mapas del delito, acceso a información criminal, programas de prevención, asistencia a víctimas y coordinación cotidiana con la Policía Bonaerense. La diferencia es que muchas de esas herramientas funcionan hoy por convenios, decretos o decisiones locales, sin un marco legal uniforme.

En esa línea, Alonso encabezó el mes pasado una reunión en Escobar con intendentes del conurbano y otros distritos que vienen empujando el tema. Según se planteó en ese encuentro, el objetivo oficial es construir un esquema que formalice lo ya descentralizado, defina competencias, ordene la formación de los agentes, establezca mecanismos de control y abra una discusión sensible: el financiamiento.

El reclamo de los intendentes y el debate por las armas

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, sostuvo que hace falta “un marco normativo superior” que ordene a todos, otorgue facultades, financiamiento y mejores presupuestos, con la garantía de convertir la seguridad municipal en política de Estado. En Avellaneda, Jorge Ferraresi destacó que el gobierno bonaerense se comprometió a llevar a la Legislatura un proyecto para modernizar la seguridad local y formalizar policías municipales.

Desde la oposición también hay presión. El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, volvió a reclamar una Policía Municipal propia, con unidad de mando bajo autoridad directa del intendente, autonomía funcional, facultades disciplinarias y estatuto policial. Además, planteó que los oficiales puedan portar armas de fuego.

"Toda la inversión y el equipamiento que venimos dando a nuestras fuerzas es porque queremos ser responsables de la Policía Municipal. Hace tiempo impulsamos una ley que habilite a los municipios grandes a contar con una policía local con verdadera autonomía, para disponer de herramientas reales y responder con eficacia a los vecinos", expresó.

Ese punto es uno de los más delicados en la negociación. En el Ejecutivo advierten que no cualquier estructura local puede tener poder de fuego sin estándares estrictos de formación y control. En la mesa se analiza la posibilidad de un esquema mixto, con armas de baja letalidad para algunas tareas y cuerpos especializados con mayor preparación para funciones más complejas.

El proyecto de Esper se ubica en ese terreno, aunque con límites definidos. Propone una fuerza de perfil preventivo, orientada a patrullaje, vigilancia, prevención primaria, análisis de mapas del delito, intervención en conflictos vecinales, colaboración en tránsito, campañas comunitarias y asistencia ante emergencias o catástrofes. A la vez, prohíbe que la Policía Municipal custodie personas o edificios ajenos al ámbito comunal, aloje detenidos, realice notificaciones judiciales o cumpla tareas administrativas ajenas a su misión.

Del interior al conurbano, el pedido se expande

La discusión también llegó al interior bonaerense. En Mar Chiquita, el Ministerio de Seguridad provincial encabezó un encuentro con intendentes de la Quinta Sección Electoral para debatir la modernización de la Ley 12.154. El anfitrión, Walter Wischnivetzky, recibió a los jefes comunales en el Espacio Joven de Coronel Vidal y remarcó que la seguridad es una prioridad para su distrito y para la Provincia.

La reforma busca reconocer el rol de los 135 municipios en la prevención del delito, la gestión de centros de monitoreo, las patrullas locales, las mesas de coordinación y los planes de seguridad. También aparecen antecedentes legislativos: Leonardo Moreno impulsa una Policía Municipal de Proximidad basada en la experiencia de Escobar; el massista Carlos Puglelli propone policías comunales para distritos de menos de 70 mil habitantes; y años atrás Joaquín de la Torre defendió un modelo inspirado en San Miguel.

Esper retomó ese diagnóstico y cuestionó la capacidad de un esquema centralizado para responder con precisión a las demandas de toda la Provincia. “Se trata aquí de revestir a los municipios de los recursos necesarios para que cada intendente pueda diseñar la política de seguridad que mejor se ajuste a la realidad de su distrito, con una fuerza acorde que le responda. Con este proyecto, estamos haciendo realidad un proceso que, como hemos visto, viene cristalizándose hace muchos años”, concluyó el parlamentario.