Punta Mogotes: la tregua judicial que enfría la pelea entre Provincia y Mar del Plata
Lo que durante años fue una de las disputas institucionales más tensas entre la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de General Pueyrredon comenzó a mostrar un cambio de rumbo. La audiencia convocada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata dejó una imagen poco habitual: funcionarios de ambas administraciones coincidieron en la necesidad de avanzar por la vía del diálogo para intentar resolver el conflicto por el dominio y la administración del Complejo Punta Mogotes.
El encuentro, encabezado por el juez Simón Isaach, estuvo lejos del clima de confrontación que había marcado la relación entre ambas jurisdicciones durante los últimos años. Por el contrario, el intercambio evidenció coincidencias en temas centrales y derivó en la decisión de continuar las negociaciones en una nueva audiencia prevista para el próximo 4 de agosto, una vez concluida la feria judicial.
El cambio de tono no fue casual. Según trascendió tras el encuentro, en los días previos ya habían existido conversaciones reservadas entre representantes de ambas partes que permitieron llegar a Tribunales con una base de entendimiento sobre algunos de los puntos más urgentes.
Un cambio de clima que sorprendió en Tribunales
Fuentes presentes durante la audiencia describieron un encuentro breve, con escasas diferencias expuestas ante el magistrado y una marcada predisposición para encontrar puntos de acuerdo. Esa actitud llevó incluso a que fueran los propios representantes del Municipio y de la Provincia quienes solicitaran un cuarto intermedio para seguir negociando.
El juez aceptó el planteo y fijó una nueva audiencia para el 4 de agosto, lo que además implicó suspender momentáneamente los plazos judiciales vinculados tanto a la demanda principal como a la medida cautelar impulsada por la comuna.
La representación bonaerense estuvo integrada por el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; la subsecretaria de Turismo, María Soledad Martínez; la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Producción, Noelia Fernández; el jefe de Gabinete de la Asesoría General de Gobierno, Francisco Zannini, además de los representantes provinciales en la Administración de Punta Mogotes, Fernando Maraude y Gonzalo Raventos.
Por el Municipio participaron el secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli, junto con la letrada Matilde Casado.
Las concesiones, el primer punto de coincidencia
Uno de los aspectos donde apareció un principio de consenso fue la situación de las concesiones de los balnearios. A partir de junio comenzaron a vencer los contratos de los actuales operadores, muchos de los cuales administraron esos espacios durante los últimos veinte años.
En ese contexto, las partes coincidieron en avanzar con una solución transitoria que permita garantizar el funcionamiento del complejo durante la próxima temporada de verano mientras se termina de definir un esquema definitivo.
La alternativa que ganó terreno contempla la renovación precaria de las concesiones por un período limitado y, paralelamente, el avance en la elaboración de un nuevo pliego licitatorio que permita convocar a futuros interesados para administrar los balnearios.
La Provincia también mantiene vigente la idea de impulsar previamente un plan integral de obras para modernizar Punta Mogotes antes de concretar un eventual traspaso del complejo. Incluso ya se desarrolló un concurso de ideas del que surgió un proyecto ganador destinado a la reconversión urbanística del sector.
La audiencia representa un punto de inflexión en una disputa que se profundizó en los últimos años a partir del reclamo del Municipio para recuperar el dominio pleno del complejo.
La administración de General Pueyrredon sostiene que canceló la deuda histórica originada durante la última dictadura militar, vinculada a la construcción de Punta Mogotes, mediante un depósito que considera suficiente para extinguir esa obligación. Sobre esa base reclama la restitución definitiva del predio.
Actualmente, la administración del complejo permanece bajo un esquema compartido en el que la Provincia posee el 70% de participación y el Municipio el 30%.
La tensión había escalado semanas atrás cuando el gobierno bonaerense decidió prorrogar hasta el 30 de abril de 2027 las concesiones vigentes de los balnearios para asegurar la continuidad del servicio mientras se preparan los nuevos pliegos licitatorios. Esa decisión fue cuestionada por el gobierno local, que interpretó la medida como un intento de consolidar la posición provincial antes de que avanzara el proceso judicial.
Agosto aparece como la fecha que puede definir el futuro
Aunque las diferencias de fondo siguen vigentes, el cambio de estrategia de ambas administraciones modificó el escenario político y judicial.
Por primera vez en mucho tiempo, Provincia y Municipio optaron por explorar una salida consensuada antes que esperar un fallo que incline definitivamente la balanza hacia una de las partes.
La audiencia prevista para el 4 de agosto será el próximo paso de una negociación que podría definir no sólo el futuro administrativo de Punta Mogotes, sino también el esquema bajo el cual se organizarán las futuras concesiones y el desarrollo del principal complejo de balnearios de Mar del Plata.