Radiografía de las escuelas bonaerenses: el informe que volvió a poner bajo la lupa las condiciones edilicias
La infraestructura escolar volvió a instalarse en el centro de la discusión política en la provincia de Buenos Aires. Un relevamiento impulsado por el PRO bonaerense sobre más de 1.200 establecimientos educativos detectó que 677 presentan al menos una falla grave de seguridad, un diagnóstico que el espacio opositor utiliza para cuestionar la gestión del gobernador Axel Kicillof y reforzar su estrategia de fiscalización territorial.
El trabajo fue elaborado mediante Radar PBA, una plataforma digital colaborativa desarrollada por el macrismo con el objetivo de relevar el estado de las escuelas en los 135 municipios de la provincia. La herramienta recopila información aportada por docentes, consejeros escolares, familias y vecinos, que luego es sistematizada mediante inteligencia artificial para elaborar un mapa de las principales deficiencias edilicias.
A un mes de su lanzamiento, desde el espacio opositor informaron que ya fueron relevadas más de 1.200 escuelas, todas georreferenciadas e incorporadas a una base de datos que identifica las principales urgencias de cada establecimiento. La convocatoria permanece abierta para que la comunidad educativa continúe aportando información.
Según los datos difundidos por el PRO, 677 escuelas quedaron clasificadas "en rojo", una categoría que agrupa a aquellos edificios donde se detectó al menos una falla considerada crítica para la seguridad.
El diagnóstico elaborado por la plataforma identifica una serie de deficiencias que, según el relevamiento, se repiten en distintos puntos de la provincia.
Entre las situaciones más frecuentes aparecen las salidas de emergencia bloqueadas, presentes en aproximadamente la mitad de las escuelas catalogadas en rojo, una condición que dificultaría una evacuación rápida frente a incendios o pérdidas de gas.
El informe también sostiene que uno de cada cuatro establecimientos presenta techos deteriorados, mientras que uno de cada seis registra riesgos eléctricos derivados de cables expuestos o filtraciones de humedad. A ello se suman cerca de un centenar de escuelas con estufas a gas instaladas dentro de las aulas sin salida reglamentaria al exterior.
Los casos considerados más delicados corresponden a 81 establecimientos donde se detectaron cuatro o más fallas críticas simultáneamente. Además, en otras 43 escuelas el relevamiento indicó la coexistencia de olor a gas con salidas de emergencia bloqueadas, una combinación que el PRO calificó como especialmente preocupante.
La publicación del informe coincidió con una decisión del Consejo Escolar de La Matanza que generó un inmediato rechazo de la oposición.
El organismo, presidido por Alejandro Fabio Sosa, comunicó a los equipos directivos que cualquier solicitud de información, relevamiento o documentación relacionada con las escuelas del distrito deberá canalizarse exclusivamente por las vías institucionales correspondientes.
En el mismo documento también se recomendó extremar los recaudos antes de entregar datos o documentación institucional a personas que no acrediten representación y autorización formal.
La medida fue interpretada por dirigentes del PRO como una respuesta al crecimiento de Radar PBA y al relevamiento que el partido viene desarrollando en distintos municipios bonaerenses.
La oposición pidió "más transparencia"
Uno de los primeros en reaccionar fue el senador provincial Juan Manuel Rico Zini, quien cuestionó públicamente la resolución del Consejo Escolar matancero y defendió la continuidad del relevamiento impulsado por su espacio político.
A través de sus redes sociales sostuvo que "la educación bonaerense necesita más transparencia y más control ciudadano, no más burocracia ni menos información".
El legislador también planteó que, si existen problemas edilicios en los establecimientos educativos, el esfuerzo de la administración provincial debería concentrarse en resolverlos antes que en limitar el acceso a la información. En esa línea, afirmó que los vecinos tienen derecho a conocer la situación de cada escuela y reclamar respuestas a las autoridades.
Desde el PRO bonaerense fueron aún más duros al interpretar que la centralización de la información dificulta los relevamientos independientes realizados por la comunidad educativa. Según expresaron desde el partido, la decisión implica que el control quede exclusivamente en manos del mismo organismo responsable de administrar el sistema, lo que —afirman— obstaculiza el acceso público a datos sobre el estado de las escuelas.