Kicillof resiste el planteo de Milei y defiende el pase de trabajadores al IPS
El gobierno de Javier Milei abrió un nuevo capítulo judicial contra la provincia de Buenos Aires por el destino de los aportes previsionales de trabajadores vinculados a empresas estatales bonaerenses y establecimientos educativos privados.
La discusión gira alrededor del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, sancionada por la Legislatura bonaerense, que dispuso que ese universo laboral pase a aportar al Instituto de Previsión Social (IPS) y no a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Según estimaciones citadas en el expediente y en el debate político, la medida podría alcanzar a unos 20.000 trabajadores de empresas como ABSA, Aubasa, Centrales de la Costa, Ceamse, Bagsa y otras compañías de energía.
En el caso de ABSA, la firma presta servicio de agua y cloacas en 95 municipios y reúne alrededor de 2.200 empleados. Aubasa, concesionaria de la Autopista La Plata-Buenos Aires y de las rutas a la Costa, cuenta con cerca de 1.500 operarios.
El planteo de la Nación fue presentado por la Procuración del Tesoro, en representación del Ministerio de Capital Humano y de la ANSES, ante la Corte Suprema. Allí pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 59 de la ley provincial 15.557 y solicitó una medida cautelar para suspender su aplicación hasta que exista una sentencia definitiva.
El argumento nacional sostiene que la Provincia habría invadido competencias federales, afectaría recursos del sistema nacional y generaría un conflicto entre regímenes jubilatorios.
Bianco defendió el pase al IPS y apuntó a Nación
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió a responder el planteo judicial en conferencia de prensa. “Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y que, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la caja provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial”, afirmó.
Para el funcionario de Axel Kicillof, la presentación de Nación responde a una decisión política antes que previsional. Bianco sostuvo que el gobierno nacional “no se quiere quedar sin los fondos” y consideró que la demanda “busca dificultar la gestión en la provincia”.
En ese marco, vinculó el movimiento judicial con otros cortocircuitos entre ambas administraciones, como la demora en la firma de avales para acceder a créditos internacionales y la falta de diálogo con Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete nacional.
El ministro también cuestionó el cambio de criterio atribuido a la ANSES. “Va en contra de toda la doctrina que siempre mantuvo la ANSES”, dijo. Y añadió: “En general, cuando uno analiza otros casos similares, la ANSES se ha expedido positivamente respecto de que empresas estatales provinciales u organismos estatales provinciales hagan sus aportes a las cajas provinciales”.
La demanda nacional cita, entre otros antecedentes, el caso “Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés”, en el que la Corte declaró inconstitucional una norma bonaerense que pretendía incorporar al IPS a trabajadores de establecimientos educativos privados. Para la Casa Rosada, ese precedente debería pesar en la resolución del nuevo expediente.
Los colegios privados, entre dos sistemas
El frente judicial no se limita a las empresas estatales. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) también acudió a la Suprema Corte bonaerense para pedir la declaración de inconstitucionalidad del artículo 59 y frenar su aplicación. La entidad estima que el cambio podría alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores de colegios privados, entre docentes extraprogramáticos, personal administrativo, auxiliares y no docentes.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, planteó que el problema central es la falta de certeza jurídica. “El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES”, señaló.
Zurita también advirtió que las contribuciones patronales pasarían del 11% al 16%, en un sector que ya viene señalando caída de matrícula y aumento de la morosidad. Además, sostuvo: “Nosotros seguimos donde se pagó siempre, hasta que esto se resuelva”. Y agregó: “Esto está judicializado, el tema del aporte de los empleados es algo que está bajo reclamo”.
Del lado sindical, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), conducido por Adriana Donzelli, respaldó el pase al IPS y lo presentó como parte de una equiparación de derechos para la docencia extraprogramática, con impacto en salario, régimen previsional, licencias y estabilidad laboral.
La discusión se suma al reclamo bonaerense contra la ANSES por más de $2,3 billones correspondientes al financiamiento de la caja jubilatoria provincial. El 10 de junio, Kicillof dio por agotada la instancia de conciliación ante la Corte Suprema, después de que Nación no presentara una propuesta de pago, y anunció que avanzaría por la vía cautelar. “Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”.