La propuesta que sacude la Legislatura: cobrar por salud y universidad a extranjeros
Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados propone modificar el esquema de acceso gratuito a hospitales públicos y universidades estatales para extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país. El proyecto plantea un régimen de arancelamiento para determinadas prestaciones sanitarias y estudios de grado, con el argumento de que los recursos provinciales son limitados y deben priorizar a quienes viven y tributan en Buenos Aires.
La propuesta ingresó en la Legislatura en medio de un debate nacional sobre el financiamiento de los servicios públicos y rápidamente abrió una discusión política alrededor del rol del Estado provincial, la atención sanitaria y el sistema universitario.
El texto fue impulsado por diputados de La Libertad Avanza y el PRO, entre ellos el presidente del bloque libertario Agustín Romo y el titular de la bancada amarilla Alejandro Rabinovich. También lleva las firmas de Nahuel Sotelo, Juan Osaba, María Fernanda Coitinho, Pablo Morillo, Mariela Vitale, Geraldine Calvella, Francisco Adorni, Oriana Colugnatti, Gastón Abonjo, Analía Corvino, Luis Ontiveros, Sofía Pomponio, Ramón Vera Chávez, Carla Pannelli, Héctor Gay, Maximiliano Bondarenko y Florencia Retamoso.
La iniciativa establece que las personas extranjeras que no acrediten residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones sanitarias que reciban en establecimientos públicos provinciales.
El esquema contempla que el pago pueda realizarse de distintas maneras: mediante recursos propios, un seguro de salud o a través de un tercero responsable. Para las atenciones programadas o aquellas que no sean consideradas urgencias, se exigiría la acreditación de cobertura o el pago correspondiente.
El proyecto toma como referencia las categorías migratorias previstas en la Ley Nacional 25.871, que diferencia entre residentes permanentes, temporarios, transitorios y personas con residencia precaria.
Según la iniciativa, el objetivo es que el sistema sanitario provincial pueda recuperar parte de los costos vinculados a la atención de personas que no tienen residencia permanente en Argentina.
"La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente", sostiene el texto presentado en la Legislatura.
El proyecto aclara que el arancelamiento no podría impedir la atención médica en situaciones críticas. De acuerdo con la propuesta, ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada cuando exista una emergencia que implique riesgo para la vida. En esos casos, cualquier mecanismo de recupero económico recién podría activarse una vez que el paciente haya sido estabilizado.
Además, quedarían excluidas del cobro las víctimas de trata de personas y aquellas acciones vinculadas a prevención, vacunación y tratamiento de enfermedades transmisibles o de notificación obligatoria.
Los impulsores de la iniciativa proponen utilizar el Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.) como herramienta para administrar los cobros, ya que cuenta con mecanismos de facturación y nomencladores propios.
El dinero recaudado ingresaría al Fondo Provincial de Salud del organismo y tendría como destino la compra de medicamentos, insumos, equipamiento, obras de infraestructura y mejoras en hospitales públicos.
El capítulo universitario: aranceles para estudiantes sin residencia permanente
El proyecto también alcanza a las universidades provinciales de gestión estatal y propone que establezcan una retribución económica para estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente y cursen carreras de grado.
La iniciativa deja en manos de cada institución educativa la definición de los montos, las modalidades de pago y los mecanismos de actualización, dentro del marco general establecido por la ley.
"La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar", argumentan los autores.
Además, el texto incorpora una obligación de transparencia: las universidades y el Ministerio de Salud deberían informar anualmente la cantidad de personas alcanzadas por el esquema, los montos facturados y cobrados, las exenciones otorgadas y el destino de los fondos, aunque sin divulgar datos personales.
El capítulo universitario: aranceles para estudiantes sin residencia permanente.
La discusión política detrás de la iniciativa
El proyecto llegó a la Legislatura en un escenario marcado por una fuerte discusión sobre el financiamiento del Estado y el destino de los recursos públicos.
Uno de sus principales impulsores, Agustín Romo, defendió la propuesta a través de sus redes sociales y cuestionó que personas sin residencia permanente puedan acceder sin costo a servicios financiados por los contribuyentes bonaerenses.
"¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires", publicó el legislador.
Por su parte, el diputado Juan Osaba sostuvo que la iniciativa busca "ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos" y afirmó que los servicios estatales "deben priorizar a quienes contribuyen día a día" en la Provincia.
"No le negamos la atención médica de urgencia a nadie porque la vida es lo primero, pero es momento de terminar con la gratuidad para extranjeros no residentes en servicios programados o carreras de grado", expresó.