Del Salado a las retenciones: los reclamos del campo bonaerense a municipios, Provincia y Nación
El recambio de autoridades en la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) abrió una nueva etapa con una definición de entrada: habrá continuidad en la conducción, pero también una ofensiva gremial sobre problemas que el sector considera postergados. Pablo Ginestet, productor de Henderson y licenciado en Economía y Administración Agraria, asumió la presidencia para el período 2026-2028 en reemplazo de Ignacio Kovarsky, quien pasó a la Secretaría.
Del acto participó el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez. Ginestet aseguró que CARBAP mantendrá el diálogo con el Ejecutivo provincial para tramitar los problemas cotidianos de los productores, aun cuando existan diferencias.
Sergio Melgarejo, ingeniero agrónomo de la Sociedad Rural de San Cayetano, quedó como vicepresidente primero. El dirigente, que ya integró CARBAP entre 2014 y 2018, representará a la Zona 6, compuesta por 16 rurales, y anticipó recorridas por el interior para llevar sus demandas al Consejo Directivo. La renovación generacional y el respaldo a los 17 ateneos juveniles aparecen como otra apuesta de la nueva mesa.
Caminos y obras ante el agua
El primer capítulo del pliego es territorial. Ginestet sostuvo que durante el último año y medio aumentaron las quejas por los caminos rurales y atribuyó el deterioro al servicio brindado por distintos municipios. Según explicó, el problema excede el traslado de granos y hacienda: también condiciona la llegada de docentes, estudiantes y ambulancias.
Las respuestas no son uniformes. Algunas asociaciones rurales recurrieron a la Justicia; en otros distritos se analizan consorcios administrados por productores o arreglos mediante los cuales estos financian reparaciones y luego descuentan el gasto de la tasa vial. “No hay una receta que sea para todos igual”, aclaró el flamante titular.
El diagnóstico coincide con el planteo del diputado bonaerense y productor Luciano Bugallo, de la Coalición Cívica, quien en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM sostuvo que parte de los recursos pagados mediante tasas y tributos vinculados con la actividad no volverían en servicios. También reclamó trabajos de dragado en canales y arroyos ante la posibilidad de un período de exceso hídrico.
Ginestet sumó la continuidad de las obras de la cuenca del río Salado y expresó preocupación por los pronósticos de lluvias superiores a lo habitual asociados a un eventual fenómeno de El Niño. En infraestructura, además, cuestionó el estado de rutas provinciales y nacionales, pidió autopistas y alternativas ferroviarias, y reclamó que la futura licitación de Terminal Quequén ofrezca previsibilidad e inversiones para el puerto y sus productores.
Impuestos y leyes demoradas
La agenda provincial incluye una revisión del Impuesto Inmobiliario Complementario Rural, al que Ginestet calificó como perjudicial especialmente para pequeños y medianos productores. También pidió modificar la Ley 13.010, que distribuye recursos del Inmobiliario Rural destinados a caminos.
El nuevo presidente cargó contra la actividad parlamentaria y reclamó que durante el segundo semestre se destraben expedientes productivos. “La Legislatura bonaerense casi no se reúne y es muy preocupante”, afirmó. Entre esas carpetas ubicó una nueva ley de fitosanitarios que termine con la dispersión de ordenanzas municipales.
La norma provincial vigente, la Ley 10.699, fue sancionada en 1988. Jorge Solmi, abogado, productor, exdirigente de Federación Agraria y exsecretario de Agricultura, contabilizó alrededor de 90 ordenanzas en los 105 municipios con actividad agropecuaria.
La diputada Silvina Vaccarezza, de UCR + Cambio Federal, estimó que 86 distritos poseen regulaciones propias y volvió a impulsar un proyecto con registros, identificación de zonas sensibles y pautas de aplicación. CARBAP, por su parte, resolvió brindar acompañamiento jurídico a los productores, según informó quien era su protesorero, Santo Rosati.
Retenciones, semillas y reclamos a Nación
En el plano nacional, la conducción reclama que la eliminación de los derechos de exportación quede fijada por ley. Ginestet consideró que el cronograma anunciado por Javier Milei es lento y señaló que concluiría en diciembre de 2028 con una alícuota del 15% para la soja, por lo que exigió establecer el recorrido posterior hasta llegar a cero.
La lista incluye una ley de Semillas —con rechazo a una adhesión a UPOV 91—, definiciones del Senasa sobre la estrategia de vacunación y mayor aporte nacional para financiar el Salado. Antes del recambio, Ginestet, Kovarsky y el tesorero Carlos Bilbao llevaron parte de estas inquietudes a una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Aunque Ginestet destacó inversiones en riego en el sudeste y sudoeste bonaerense y mejoras ganaderas, advirtió que los bajos precios y la suba de combustibles, fletes, fertilizantes y herbicidas estrechan la ecuación agrícola. También cuestionó el desempeño de la representación nacional del agro: “La Mesa de Enlace podría hacer mucho más, por lo menos en algunos temas”.