Bullrich cedió ante la oposición, pero mantiene el eje central de la reforma de tierras
El Gobierno presentó un nuevo dictamen sobre la reforma de la Ley de Tierras con el objetivo de reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. La principal modificación propone establecer en un 25% el límite para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El cambio fue anunciado por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, luego de que el oficialismo enfrentara resistencias dentro de los bloques dialoguistas y debiera postergar en varias oportunidades el tratamiento de la iniciativa.
La ley vigente fija un máximo del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental. La propuesta original del Poder Ejecutivo eliminaba ese límite, mientras que el nuevo texto lo eleva diez puntos porcentuales.
La modificación busca evitar una nueva derrota en la sesión prevista para el jueves 6 de agosto, después de que el Gobierno no lograra reunir los apoyos necesarios en el intento anterior.
Un límite del 25% para las tierras en manos extranjeras
El nuevo dictamen establece que las personas humanas o jurídicas extranjeras podrán adquirir hasta el 25% de la superficie rural productiva del país, de cada provincia y de cada departamento o división territorial equivalente.
Toda operación deberá ser inscripta en el registro inmobiliario correspondiente, con un asiento especial que identifique los datos y la nacionalidad del comprador.
Bullrich afirmó que el nuevo articulado incorpora restricciones que no figuraban en la versión inicial y aseguró que los Estados extranjeros no podrán comprar tierras rurales en la Argentina.
La prohibición alcanzará también a empresas, uniones transitorias, agrupaciones de colaboración y otras estructuras asociativas que cuenten con participación estatal extranjera directa o indirecta. En determinados casos, esas operaciones requerirán la aprobación conjunta del Estado nacional y de la provincia donde se encuentre el terreno.
El oficialismo sostiene que estos cambios permiten conservar controles sobre la presencia de otros Estados y, al mismo tiempo, flexibilizar el ingreso de inversiones privadas extranjeras.
El punto central de la reforma se mantiene
Pese a las modificaciones, la iniciativa conserva el objetivo de ampliar el porcentaje de tierras que pueden quedar en manos extranjeras. El límite vigente pasaría del 15% al 25%, por lo que el nuevo dictamen no representa una continuidad del régimen actual.
Este capítulo fue el principal obstáculo para que el oficialismo consiguiera los votos en el Senado. Legisladores radicales, representantes de fuerzas provinciales y sectores del PRO manifestaron reparos vinculados con la soberanía territorial, el control de los recursos naturales y la concentración de superficies productivas.
El proyecto también recibió cuestionamientos de organizaciones sindicales, movimientos sociales, entidades religiosas y agrupaciones vinculadas con la defensa del territorio y el ambiente.
Además, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó públicamente su desacuerdo con la reforma, aunque no estará a cargo de la sesión debido al viaje del presidente Javier Milei al exterior.
Cambios en el régimen de expropiaciones
El nuevo dictamen incluye además una modificación en la Ley de Expropiaciones. La propuesta establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva e identificar en forma específica y concreta el objetivo perseguido.
También dispone que la expropiación de un bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzar ese fin.
El Gobierno busca limitar de esta manera el margen del Estado para disponer expropiaciones y reforzar las garantías de los propietarios frente a este tipo de procedimientos.
La iniciativa mantiene otros cambios vinculados con los desalojos por falta de pago, ocupaciones o usurpaciones, así como modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego.
La negociación por los votos en el Senado
El nuevo texto fue presentado después de que el oficialismo perdiera apoyos entre los bloques que habían acompañado el dictamen original. La resistencia al capítulo sobre tierras extranjeras obligó a Bullrich a renegociar el articulado.
En la presentación participaron también el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, y la presidenta de la Comisión de Legislación General, Nadia Márquez.
El oficialismo estima que las modificaciones podrían permitirle alcanzar entre 38 y 40 votos, una cifra suficiente para conseguir la media sanción. Sin embargo, el resultado dependerá de la posición final de los senadores dialoguistas y provinciales que todavía mantienen objeciones.
La sesión será el tercer intento del Gobierno por avanzar con el proyecto. En julio, el debate debió pasar a un cuarto intermedio ante la falta de respaldo para aprobar el capítulo referido a la compra de tierras rurales por extranjeros.
La discusión estará acompañada por una movilización frente al Congreso, mientras el oficialismo buscará presentar el nuevo límite del 25% como una alternativa intermedia entre la legislación vigente y la eliminación total de las restricciones planteada originalmente.