Ley de Tierras: el peronismo bonaerense desafía la reforma de Milei con proyectos propios

Este jueves el Senado de la Nación volverá a poner bajo la lupa uno de los proyectos más controvertidos del paquete impulsado por el gobierno de Javier Milei: la modificación del régimen de tierras rurales incluido en la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En la antesala del debate, la discusión ya trascendió el Congreso y se convirtió en un nuevo foco de confrontación política con fuerte impacto en la provincia de Buenos Aires, donde funcionarios, legisladores, intendentes y distintos sectores del oficialismo provincial comenzaron a coordinar una estrategia común para resistir los cambios.

Mientras la Casa Rosada sostiene que la iniciativa apunta a generar mayor seguridad jurídica, atraer inversiones y devolver facultades regulatorias a las provincias, desde Buenos Aires advierten que la reforma reducirá controles sobre la adquisición de grandes extensiones de tierras por parte de capitales extranjeros y pondrá en riesgo recursos considerados estratégicos.

La respuesta bonaerense toma forma en la Legislatura

En ese escenario, la senadora bonaerense de Fuerza Patria y referente del Frente Renovador, Malena Galmarini, presentó un proyecto para establecer en la provincia un régimen propio que mantenga el límite del 15% de titularidad extranjera sobre las tierras rurales, porcentaje que hoy fija la Ley Nacional 26.737 y que el Gobierno pretende elevar al 25%.

La iniciativa provincial dispone que ese tope se aplique tanto sobre la superficie rural bonaerense como sobre cada municipio donde se encuentren los inmuebles. Además, extiende la restricción a empresas con más del 51% de capital extranjero e incorpora mecanismos para impedir maniobras societarias destinadas a ocultar la verdadera titularidad de los predios.

En los fundamentos del proyecto, Galmarini cuestionó el sentido de la reforma impulsada por la administración libertaria al advertir que "flexibiliza restricciones sobre áreas sensibles y desarma el marco legal que durante años permitió preservar el control nacional sobre una parte sustancial del territorio".

La senadora también sostuvo que el territorio constituye uno de los pilares del Estado y defendió la necesidad de mantener herramientas que permitan al Estado conocer quién controla grandes extensiones rurales y bajo qué condiciones.

Qué cambia con la propuesta que debatirá el Senado

La discusión gira sobre uno de los capítulos de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que modifica la Ley de Tierras Rurales.

La normativa vigente establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y también departamental o municipal. Asimismo, fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo para un mismo titular extranjero, restringe la concentración por nacionalidad y prohíbe la adquisición de inmuebles ribereños de cuerpos de agua permanentes.

Tras las negociaciones parlamentarias, el oficialismo aceptó introducir cambios para reunir apoyos. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el nuevo texto mantendría un tope del 25% para cada provincia, aunque eliminaría las restricciones por municipio o departamento y modificaría otros límites que hoy contempla la legislación.

Desde el Gobierno nacional argumentan que las modificaciones permitirán incentivar inversiones sin afectar la soberanía territorial. Sin embargo, los cuestionamientos no dejaron de crecer en las últimas horas.

Un rechazo que reúne a distintos sectores políticos

El debate encontró un punto de coincidencia poco habitual dentro del peronismo bonaerense, atravesado por fuertes diferencias internas. El ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, sostuvo que la reforma "va contra la soberanía nacional" y acusó al Ejecutivo nacional de promover un proceso de extranjerización de los recursos estratégicos.

En la misma línea se expresó la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, quien rechazó la modificación negociada por La Libertad Avanza. "Nos quieren vender que cedieron. Es una trampa", afirmó al cuestionar la eliminación de los límites municipales.

Según explicó la funcionaria, los recursos naturales no están distribuidos de manera uniforme y un porcentaje calculado únicamente sobre la superficie provincial permitiría concentrar tierras en zonas con agua, alta productividad, litio u otros recursos estratégicos sin superar el nuevo límite legal.

Vilar también advirtió sobre la eliminación del tope de 1.000 hectáreas por titular, las restricciones por nacionalidad y las protecciones específicas para lagos, ríos y otros cuerpos de agua permanentes.

Por su parte, el presidente del bloque oficialista del Senado bonaerense, Sergio Berni, consideró que la iniciativa nacional impulsa una "desnacionalización del territorio" y sostuvo que debilitar el vínculo entre población, territorio y gobierno implica afectar uno de los pilares del Estado.

La controversia ya excede los despachos legislativos. El gobernador Axel Kicillof, el Movimiento Derecho al Futuro y el Partido Justicialista bonaerense convocaron a movilizarse este jueves frente al Congreso durante el tratamiento del proyecto.

En La Plata, el intendente Julio Alak organizó para este miércoles una clase pública destinada a analizar la Ley de Tierras y el concepto de soberanía territorial. La actividad contará con la participación de Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales y una de las impulsoras de la legislación vigente.

El debate también alcanzó a la Unión Cívica Radical. Un grupo de exlegisladores bonaerenses pidió al presidente del comité provincial, Emiliano Balbín, que instruya al senador nacional Maximiliano Abad y a los diputados radicales para rechazar el proyecto del Ejecutivo.

Más proyectos para sostener el límite del 15%

La propuesta de Galmarini no es la única que busca preservar el esquema actual. Los diputados bonaerenses Facundo Tignanelli, Noelia Saavedra y Cintia Romero impulsan otra iniciativa que mantiene el límite del 15% tanto para la provincia como para cada municipio y crea un Registro Provincial de Tierras Rurales con controles específicos para operaciones sobre humedales, cuencas hídricas, islas, reservas naturales, costas y territorios destinados a la agricultura familiar.

Según los fundamentos del proyecto, actualmente existen 834.421 hectáreas rurales bonaerenses en manos extranjeras, equivalentes al 2,89% del total provincial. No obstante, los autores advierten fuertes concentraciones en algunos distritos, como Campana, donde alcanzan el 50,2%, y Zárate, con el 24,8%.

A ese planteo se sumó el diputado Ariel Archanco, quien difundió datos sobre el partido de La Plata y cuestionó también los cambios previstos en materia de expropiaciones y desalojos.

En paralelo, el senador bonaerense Fernando Coronel remarcó que la legislación vigente no impide que extranjeros adquieran tierras en la Argentina, sino que establece límites y mecanismos de control sobre un recurso que considera estratégico.

Con ese escenario político como telón de fondo, el Senado nacional retomará este jueves el tratamiento de una reforma que promete convertirse en uno de los debates más intensos del año y que, aun antes de llegar a la Cámara de Diputados, ya generó una fuerte reacción desde la provincia de Buenos Aires.