“Destrucción irreversible”: el radicalismo bonaerense expone el costo del ajuste de Milei en el CONICET

El vencimiento de casi 400 becas posdoctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas abrió un nuevo frente contra el Gobierno de Javier Milei. El bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados bonaerense se sumó al rechazo de la comunidad científica y advirtió que la interrupción de esos ingresos profundiza una pérdida de capacidades que ya alcanza a investigadores, técnicos, becarios y personal administrativo.

Las becas finalizaron el 31 de julio sin una prórroga general que garantizara la continuidad de los estipendios, la cobertura de salud, el vínculo institucional y las líneas de trabajo. Desde el 1° de agosto, las personas afectadas quedaron fuera del esquema mientras esperan la resolución de sus postulaciones a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC).

La diputada bonaerense Priscila Minnaard, integrante del bloque UCR-Unión Cívica Radical y representante de la Sexta sección electoral, llevó la discusión a la Legislatura provincial. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de sus compañeros de bancada Valentín Miranda y María Alejandra Lordén y pone el foco en las consecuencias que el ajuste nacional provoca sobre los institutos radicados en territorio bonaerense.

Minnaard sostuvo que la decisión no puede presentarse como un simple ordenamiento administrativo. En su planteo, la falta de continuidad constituye “una vulneración explícita del capital intelectual de la Nación” y se integra a un proceso de reducción del sistema científico iniciado con la llegada de Milei a la Casa Rosada.

“Con estas desvinculaciones, el sistema científico nacional ya acumula la pérdida de aproximadamente 2.800 puestos de trabajo desde el inicio de la actual gestión”, advirtió la legisladora. La estimación proviene de referentes gremiales del organismo y comprende distintas categorías, no solamente las becas que vencieron en julio.

De acuerdo con ese cálculo, el CONICET perdió cerca del 11,5% de una dotación estimada en 26.000 personas. La planta de referencia reúne a más de 11.800 investigadores, alrededor de 10.300 becarios, más de 2.800 técnicos y profesionales de apoyo y unos 1.400 administrativos.

“Esto equivale a la destrucción de casi el 12% de la planta total del CONICET, comprometiendo de manera irreversible el funcionamiento de los institutos de investigación”, afirmó Minnaard. También vinculó el retroceso operativo con una caída del poder adquisitivo de los salarios cercana al 40%.

El dato salarial coincide con los análisis presupuestarios del Grupo EPC, perteneciente al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. A marzo de 2026, ese relevamiento estimó una pérdida real del 39,5% para investigadores, personal de apoyo y becarios del CONICET respecto de noviembre de 2023.

La preocupación no se limita al fin del estipendio. El calendario oficial no ofrece una salida inmediata para quienes perdieron la beca. Una convocatoria posdoctoral del organismo prevé postulaciones entre el 18 de febrero y el 5 de marzo de 2027, mientras los resultados de los concursos pendientes para el ingreso a la Carrera del Investigador también podrían conocerse durante ese año.

Esa demora abre la posibilidad de que científicos con formación doctoral permanezcan durante meses sin ingresos, cobertura médica ni una vinculación institucional que les permita sostener sus tareas. Los afectados reclaman una extensión hasta la publicación de los resultados de la convocatoria CIC 2025 y, para quienes resulten seleccionados, hasta el alta efectiva en la carrera.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación propone prorrogar desde el 1° de agosto de 2026 las becas de las 379 personas que se postularon a la CIC y esperan una definición. La iniciativa fue firmada por Néstor Pitrola, Romina Del Plá, Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

El texto busca restituir los estipendios y la cobertura de salud de manera retroactiva, mantener el acceso a laboratorios, equipos, bibliotecas y sistemas, y reconocer el período como una continuidad ininterrumpida de la trayectoria científica. También exige que la solución no se financie mediante recortes sobre otras becas, salarios, proyectos o gastos operativos.

Referentes gremiales calcularon que sostener las casi 400 líneas de investigación hasta la resolución de la convocatoria demandaría una partida adicional de entre $2.000 millones y $3.000 millones. Según esa estimación, la autorización depende de una ampliación presupuestaria del Poder Ejecutivo.

El ajuste golpea los centros bonaerenses

La presentación radical dedica un capítulo central al impacto territorial. Buena parte de la investigación desarrollada en la provincia de Buenos Aires funciona mediante institutos de doble dependencia, asociados al CONICET y a universidades nacionales u otras entidades públicas.

“La asfixia presupuestaria golpea de lleno en las estructuras regionales del organismo, los denominados Centros Científicos Tecnológicos”, señaló Minnaard en los fundamentos de su iniciativa.

La diputada mencionó los nodos de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Tandil, además del Centro Científico Tecnológico del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, con presencia relevante en Pergamino y Junín. Según indicó, esas estructuras no solo pierden investigadores: también afrontan la salida de técnicos y administrativos contratados bajo modalidades precarias que no son renovadas.

La Plata concentra institutos vinculados con la Universidad Nacional de La Plata y trabajos en física, química, ciencias biológicas, ambiente, ciencias sociales e ingeniería. Mar del Plata articula investigaciones marinas, ambientales, productivas y sanitarias. Bahía Blanca posee capacidades ligadas a ingeniería, oceanografía, química y tecnología. Tandil y el noroeste provincial cumplen un papel central en actividades agropecuarias, veterinarias, informáticas y de transferencia al sector productivo.

La pérdida de personal en esos centros no queda encerrada dentro de los laboratorios. La Provincia depende de desarrollos locales aplicados al agro, la biotecnología, la salud, el control epidemiológico y ambiental y la incorporación de tecnología en pequeñas y medianas empresas.

“La no incorporación de nuevos becarios y el cese de financiamiento para proyectos en curso no solo empuja a los profesionales más jóvenes a un inexorable éxodo científico, sino que desmantela el nexo entre la ciencia y la matriz socioproductiva bonaerense”, alertó Minnaard.

La legisladora remarcó que el conocimiento producido en esos institutos alimenta áreas críticas para Buenos Aires, desde el sector agroindustrial hasta la biotecnología aplicada a la producción, la sanidad y la vigilancia epidemiológica y ambiental.

La Izquierda también llevó el rechazo a la Legislatura

El cuestionamiento a la política científica de Milei atravesó distintos bloques opositores. El diputado bonaerense Christian “Chipi” Castillo, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, presentó otro proyecto de preocupación y rechazo por las desvinculaciones.

“La situación resulta especialmente grave porque no existe una instancia inmediata que permita garantizar su continuidad”, advirtió Castillo. Para el legislador, el problema excede la pérdida del sustento de las personas afectadas y sus familias: compromete centenares de investigaciones que ya están en marcha.

El dirigente del FIT-U reclamó una prórroga que preserve los ingresos y las tareas hasta que se resuelvan las instancias de evaluación. También pidió una recomposición presupuestaria para el conjunto del sistema científico nacional.

“La formación doctoral y posdoctoral demanda muchos años de estudio, investigación y especialización, por lo que cada investigadora o investigador que abandona el sistema representa una pérdida humana, económica y estratégica para nuestro país”, sostuvo.

Castillo vinculó las bajas del CONICET con los recortes y conflictos registrados en la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En su evaluación, el ajuste pone en riesgo conocimientos acumulados durante décadas y capacidades necesarias para la salud pública, la producción de medicamentos, la prevención de enfermedades, el ambiente y las actividades agropecuarias e industriales.

Más de 6.300 puestos menos en todo el sistema

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la reducción excede al CONICET. Relevamientos difundidos por la comunidad científica estimaron que la dotación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación pasó de 75.057 a 68.730 trabajadores desde diciembre de 2023.

La diferencia supera los 6.300 empleos y equivale a unas 7,7 bajas diarias. Incluye a investigadores, becarios, técnicos, profesionales de apoyo, administrativos y contratados de organismos como la CNEA, el INTI, el INTA y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación.

Veinticuatro personas distinguidas con el Premio Nobel se sumaron a un pronunciamiento internacional que advirtió sobre el deterioro del sistema argentino. El documento alertó que la falta de previsibilidad amenaza investigaciones, mantenimiento de equipos, formación de nuevos científicos y compromisos de cooperación con instituciones extranjeras.

La advertencia tuvo un componente estratégico: un laboratorio o un grupo consolidado puede desarticularse en pocos meses, pero reconstruirlo requiere años. Cuando un investigador emigra o abandona la actividad, el país no pierde solamente un puesto laboral. También pierde experiencia, redes de cooperación, capacidad de formar nuevos recursos y conocimiento sobre problemas locales.