De las hipotecas a los cortes de servicios: la agenda legislativa del peronismo frente a la crisis
La crisis económica empieza a tener una traducción cada vez más concreta en la agenda de la Legislatura bonaerense. El deterioro de los ingresos, el aumento de las tarifas y las dificultades para afrontar deudas aparecen detrás de una serie de proyectos impulsados por dirigentes del peronismo que buscan establecer distintas herramientas de protección para los hogares frente al riesgo de perder la vivienda, ser desalojados o quedarse sin servicios esenciales.
El último movimiento fue de la senadora provincial Laura Clark, referenciada en Nuevo Encuentro, quien presentó una iniciativa para evitar los cortes de luz, gas natural, agua potable y servicios cloacales a usuarios domiciliarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o económica. El proyecto establece mecanismos para sostener el acceso a las prestaciones mientras las familias regularizan las deudas acumuladas.
Como viene informando GRUPOLAPROVINCIA.COM, la propuesta se suma a otras iniciativas que ya ingresaron a la Legislatura bonaerense en las últimas semanas. Entre ellas aparece el proyecto de la senadora Mónica Macha, de Fuerza Patria, para suspender durante un año las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas únicas y de ocupación efectiva, y el de la diputada Cintia Romero, también de Fuerza Patria, que plantea suspender durante diez años los desalojos en villas y asentamientos populares registrados en la provincia.
Son proyectos diferentes, con destinatarios y mecanismos distintos. Pero comparten un diagnóstico: hay una franja cada vez más amplia de hogares que enfrenta dificultades para sostener obligaciones básicas y que puede quedar expuesta a consecuencias difíciles de revertir.
La iniciativa de Clark apunta a impedir que la falta de pago derive en la interrupción de servicios públicos esenciales para determinados sectores de la población.
El texto contempla a personas y familias en situación de vulnerabilidad económica, a jubilados y pensionados cuyos ingresos se encuentren por debajo de la canasta básica y a hogares que tengan a su cargo personas con discapacidad. Además, la protección alcanzaría a quienes habiten una vivienda única familiar, independientemente de que sean propietarios, inquilinos, comodatarios u ocupantes efectivos del inmueble.
El proyecto no plantea condonar las deudas. Por el contrario, establece que las empresas prestatarias deberán ofrecer planes de pago en cuotas mensuales para que los usuarios puedan regularizar los montos pendientes sin que eso implique perder el suministro.
La iniciativa también contempla una situación particularmente sensible: qué ocurre cuando el corte ya se produjo. En ese caso, una vez acordado el plan de pagos, la empresa debería restablecer el servicio dentro de las 48 horas y no podría cobrar cargos por reconexión.
El planteo parte de una premisa que atraviesa buena parte de los proyectos presentados por el peronismo en la Legislatura: la imposibilidad de afrontar una factura no debería convertirse automáticamente en la pérdida de un servicio indispensable.
De las tarifas a las hipotecas
El proyecto de Clark llega después de que Macha impulsara una iniciativa para suspender durante doce meses las ejecuciones hipotecarias judiciales y extrajudiciales sobre viviendas únicas y de ocupación efectiva.
En ese caso, el objetivo es evitar que una familia que atraviesa dificultades económicas termine perdiendo su hogar como consecuencia de una deuda hipotecaria. La propuesta tampoco contempla la eliminación de las obligaciones financieras. Se trata de establecer una pausa sobre los procesos de ejecución para dar margen a los hogares afectados por el deterioro de sus ingresos y el aumento de la morosidad.
El proyecto puso en primer plano, además, la situación de quienes tomaron créditos hipotecarios ajustados por UVA y quedaron expuestos a una evolución de las cuotas y del capital adeudado que, según los fundamentos de la iniciativa, no siempre fue acompañada por los ingresos familiares.
La discusión sobre las hipotecas forma parte así de un problema más amplio: para una parte de los hogares, la deuda dejó de estar vinculada exclusivamente con la compra de bienes o inversiones y pasó a funcionar como una herramienta para sostener gastos cotidianos. En ese escenario, la vivienda aparece como uno de los principales puntos de tensión.
El otro frente: los desalojos en barrios populares
En paralelo, la diputada bonaerense Cintia Romero presentó un proyecto para suspender durante diez años las medidas judiciales o administrativas que impliquen desalojos en villas y asentamientos populares incluidos en el registro provincial correspondiente.
La propuesta busca reinstalar una herramienta de protección vinculada con el artículo 70 de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, cuyo esquema de suspensión de desalojos perdió vigencia en la provincia.
El plazo de diez años no es un dato menor. Romero plantea que una protección de mayor duración permitiría acompañar los tiempos que requieren los procesos de integración socio-urbana y evitar que las familias queden nuevamente expuestas cuando vence una prórroga legislativa de corto plazo.
La iniciativa contempla excepciones para situaciones en las que exista un riesgo real e inminente para la integridad de las personas, en línea con las previsiones de la legislación provincial sobre casos de peligro socio-sanitario, ambiental o estructural.
El eje vuelve a ser la vivienda, pero desde otra dimensión: no se trata de una deuda hipotecaria sino de la permanencia de familias que habitan barrios populares mientras avanzan —o no— los procesos de urbanización y regularización.
Tres proyectos, un mismo escenario
Aunque las iniciativas no forman parte de un único paquete legislativo, el conjunto permite observar una agenda que empieza a tomar forma dentro del peronismo bonaerense. El denominador común es el hogar y, más específicamente, la capacidad de las familias para sostener las condiciones materiales que permiten permanecer en él.
La discusión parlamentaria se desarrolla, además, en un escenario nacional en el que el Gobierno de Javier Milei sostiene una orientación diferente respecto de la intervención estatal sobre las relaciones económicas y patrimoniales.
La semana pasada, el Senado dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Ejecutivo nacional, una iniciativa que establece, entre otros cambios, modificaciones en los procedimientos de desalojo y mayores restricciones para las expropiaciones estatales.