Corredores escolares en la Provincia: tres proyectos, una misma disputa y ningún avance
La seguridad de estudiantes y docentes volvió a quedar atrapada en una discusión política que lleva distintos nombres, acumula proyectos y todavía no consiguió atravesar el recinto de la Legislatura bonaerense.
El presidente del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados provincial, Diego Garciarena, presentó nuevamente una iniciativa para crear los “Corredores Educativos Seguros”. El régimen busca organizar una respuesta común frente a los delitos, los riesgos viales, la falta de iluminación y las dificultades de acceso que rodean a establecimientos estatales y privados.
El proyecto, acompañado por el diputado radical Matías Civale, se suma a propuestas impulsadas por legisladores del PRO y La Libertad Avanza. Los expedientes comparten un eje: establecer trayectos protegidos de ingreso y salida de las escuelas mediante la coordinación entre la Provincia, los municipios, las autoridades educativas, las fuerzas de seguridad y la comunidad.
Sin embargo, ninguna de las iniciativas logró reunir hasta ahora el respaldo político necesario para avanzar. Desde la oposición apuntan a la falta de acompañamiento de Fuerza Patria, mientras que dirigentes del peronismo reclaman precisiones sobre los recursos, la implementación y la distribución de competencias entre el Gobierno bonaerense y los 135 municipios.
Un régimen para ordenar un mapa desigual
La propuesta de Garciarena apunta a “fortalecer las condiciones de seguridad, accesibilidad, prevención y trayectos de ingreso y egreso” vinculados con los establecimientos educativos. El universo alcanzado incluye a estudiantes, docentes, auxiliares y trabajadores no docentes.
La aplicación no sería idéntica en toda la provincia. El texto establece que deberán priorizarse los entornos que concentren mayores factores de riesgo, entre ellos las zonas con alta siniestralidad vial, antecedentes delictivos, iluminación deficiente o accesos rurales complejos.
Esa diferenciación constituye uno de los ejes centrales del proyecto. La realidad de una escuela ubicada en el Conurbano, donde el problema puede concentrarse en robos, tránsito intenso o paradas de transporte sin vigilancia, no es equivalente a la de un establecimiento rural al que se llega por caminos de tierra, rutas o trayectos extensos con poca conectividad.
En los fundamentos, Garciarena sostiene que la cuestión debe ser abordada desde “una perspectiva integral” que conecte educación, seguridad ciudadana, tránsito, transporte, accesibilidad, infraestructura urbana, protección de derechos y participación comunitaria.
El planteo busca evitar que el corredor seguro quede reducido a la presencia de un patrullero durante los horarios de entrada y salida. La propuesta contempla una organización más amplia del entorno escolar, con intervenciones sobre iluminación, señalización, circulación vial, paradas de transporte, espacios públicos y mecanismos de alerta.
El problema de las soluciones aisladas
General Pueyrredón, Pinamar, Quilmes, Merlo y Almirante Brown aparecen entre los municipios que ya desarrollaron programas o aprobaron normas vinculadas con los senderos escolares protegidos. Las experiencias atraviesan administraciones de distinto signo político, un dato utilizado por Garciarena para sostener que el esquema podría convertirse en una política provincial.
En Almirante Brown, por ejemplo, fueron puestos en funcionamiento 143 corredores escolares que abarcan 681 cuadras alrededor de establecimientos educativos. El dispositivo combina monitoreo mediante cámaras, alarmas comunitarias, paradas seguras, tótems con botones antipánico, iluminación LED y patrullajes preventivos en los horarios de mayor circulación.
También participan comerciantes ubicados dentro de los recorridos, cuyos locales pueden funcionar como puntos de resguardo y comunicación ante una emergencia. Ese modelo muestra que un corredor supone una red territorial y no solamente una calle identificada con cartelería.
El problema, según el radicalismo, es que esas experiencias dependen actualmente de la capacidad económica, tecnológica y operativa de cada municipio. Los distritos que cuentan con centros de monitoreo, cámaras, móviles y personal pueden desplegar dispositivos más amplios, mientras que otros carecen de recursos para sostenerlos.
“La creación de un régimen provincial permitirá establecer criterios generales, promover la cooperación entre jurisdicciones y sistematizar las experiencias existentes”, argumentó Garciarena.
El diputado aclaró que la adhesión seguiría siendo municipal. Las medidas correspondientes a cada distrito deberían instrumentarse mediante convenios y mecanismos de coordinación, sin desplazar las atribuciones propias de los intendentes.
La seguridad escolar como parte de una crisis más amplia
La iniciativa llega en medio de reclamos opositores que no se limitan a los delitos en las puertas de las escuelas. Transporte, infraestructura, cobertura de cargos y organización administrativa forman parte de una discusión más extensa sobre las condiciones en las que funciona el sistema educativo bonaerense.
Como informó GrupoLaProvincia.com, legisladores radicales llevaron a la Provincia una agenda de reclamos que incluyó demoras en el transporte escolar rural, obras pendientes y cuestionamientos a la cobertura de jefaturas educativas.
El transporte guarda una relación directa con los corredores planteados por Garciarena. En localidades del interior, la seguridad del trayecto no depende únicamente del patrullaje: también está condicionada por el estado de los caminos, la continuidad del servicio, las distancias y la posibilidad de que los alumnos lleguen a clase sin quedar expuestos durante largos recorridos.
Para Garciarena, dejar toda la política en manos municipales puede profundizar esas brechas. Su iniciativa propone que la Provincia establezca parámetros comunes y contribuya a coordinar áreas que actualmente funcionan con diferentes niveles de desarrollo.
Tres proyectos y un mismo bloqueo político
El radicalismo no es el único espacio que busca instalar el tema. La Libertad Avanza impulsó en Diputados una propuesta para crear “Trayectos Escolares Seguros”, destinada a articular con los municipios acciones preventivas alrededor de las instituciones.
El proyecto libertario fue presentado por la diputada María Laura Ontiveros y propone conformar recorridos especialmente identificados, con presencia preventiva, señalización e intervención coordinada de las autoridades locales y provinciales.
En el Senado permanece en estudio otra iniciativa: la creación del Sistema Provincial de Senderos Escolares Seguros. El expediente fue presentado en marzo de 2025 por la entonces senadora del PRO Aldana Ahumada y fue enviado a las comisiones de Seguridad; Educación, Cultura, Ciencia y Técnica; y Legislación General.
La Comisión de Seguridad volvió a analizarlo durante agosto de 2026, pero decidió mantenerlo en estudio. El presidente del cuerpo, el senador de Fuerza Patria Sergio Berni, consideró que al texto le faltaban contexto, definiciones y una cuantificación concreta de los recursos necesarios.
El también senador peronista Adrián Santarelli planteó que la implementación debía quedar principalmente en manos de los municipios, debido al conocimiento que cada gobierno local tiene sobre sus barrios, escuelas y zonas de riesgo.