Política Por: Juan Manuel Villarreal20 de agosto de 2026

Sindicatos y movimientos sociales marchan a Economía por la deuda de millones de familias

Las centrales obreras y organizaciones sociales movilizan este jueves al Ministerio de Economía. Advierten por el crecimiento de la morosidad, reclaman medidas al Gobierno y aseguran que millones de personas recurren al crédito para afrontar gastos básicos.

La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y organizaciones sociales marchan este jueves al Ministerio de Economía para reclamar respuestas del Gobierno nacional frente al crecimiento del endeudamiento familiar y la morosidad. La movilización reúne también a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y otros sectores sociales.

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El eje del reclamo está puesto en las dificultades que atraviesan millones de hogares para afrontar sus compromisos financieros. De acuerdo con los datos difundidos por las organizaciones convocantes, gran parte de los créditos ya no se destina a la compra de bienes o a inversiones, sino a cubrir gastos cotidianos como alimentos, servicios, alquileres y medicamentos.

Un informe citado por las organizaciones contabilizó 20,9 millones de deudores registrados en el sistema, de los cuales alrededor de 5,8 millones presentan atrasos en los pagos. Los sindicatos también advirtieron sobre el crecimiento de mecanismos de financiamiento con tasas elevadas y el recurso a billeteras virtuales ante las dificultades para acceder a otras alternativas de crédito.

Los datos difundidos en la previa de la protesta señalan además que la morosidad de los hogares pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026. Las organizaciones vinculan ese deterioro con la pérdida de poder adquisitivo, la caída del consumo y las dificultades de numerosas familias para cubrir sus necesidades básicas con los ingresos habituales.

Las centrales apuntan a la política económica

La movilización forma parte de las acciones conjuntas que vienen impulsando las centrales sindicales. Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, sostuvo que el endeudamiento para poder alimentarse dejó de ser únicamente un problema financiero y pasó a convertirse en una cuestión social y económica. Además, responsabilizó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por las políticas que, según planteó, afectan los salarios, el consumo y la actividad productiva.

Desde la CTA Autónoma, su secretario general Hugo Godoy cuestionó también el impacto de la política económica sobre el empleo y las empresas. En tanto, Roberto Baradel, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, planteó que el problema alcanza tanto a las familias y trabajadores como a sectores de la clase media y pequeñas y medianas empresas endeudadas con bancos o billeteras virtuales.

Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, rechazó que la situación pueda reducirse a una relación individual entre acreedores y deudores y puso el foco en las consecuencias sociales del endeudamiento. Las organizaciones reclaman que el Estado intervenga con medidas destinadas a aliviar la situación de los hogares con dificultades para cumplir sus pagos.

Entre los planteos formulados por el sector sindical aparece la creación de un programa estatal de desendeudamiento. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, reclamó una respuesta pública ante créditos que, según denunció, presentan condiciones que muchas familias no pueden afrontar.

Una protesta que se integra al plan de lucha

La marcha hacia el Ministerio de Economía se inscribe en un calendario de acciones gremiales que continuará durante los próximos meses. La CGT proyecta participar de nuevas convocatorias vinculadas con el Consejo del Salario Mínimo y tiene prevista una movilización para el 2 de septiembre, en el marco del Día de la Industria.

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La protesta de este jueves vuelve a reunir a la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UTEP y organizaciones sociales detrás de un reclamo común: que el Gobierno adopte medidas frente al crecimiento de las deudas y los atrasos de los hogares, en momentos en que las centrales buscan sostener una agenda conjunta de movilizaciones.

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